Por Martha Herrera
Vivimos un momento crucial para la humanidad. Las crisis económicas, sociales y ambientales profundizan desigualdades y ponen en riesgo el desarrollo sostenible. La polarización, la discriminación y la falta de acceso a oportunidades han dejado a millones de personas al margen de la sociedad.
La inclusión no es solo una cuestión de moral o ética, es una necesidad para el desarrollo. No se trata de sensibilizar, sino de garantizar que el progreso beneficie a todas las personas. El Banco Mundial estima que un tercio de la población global enfrenta riesgo de exclusión social, lo que representa una amenaza real para la estabilidad económica, social y política de los países.
Las desigualdades estructurales han dejado fuera del desarrollo a millones de personas. La exclusión no solo genera pobreza, sino que niega derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la salud y el empleo digno. Cuando sectores enteros son marginados se perpetúa el ciclo de rezago, afectando la seguridad y la gobernabilidad.
La inclusión no es asistencialismo, es una estrategia de desarrollo. Sociedades más equitativas son también más prósperas y resilientes. Cuando la inclusión es parte de la agenda, genera beneficios tangibles que impactan a todos los sectores de la sociedad:
En los centros de trabajo impulsa la productividad y la innovación. Las empresas con entornos inclusivos no solo tienen menores tasas de rotación, sino que también fomentan la creatividad y el crecimiento económico. Equipos diversos generan mejores soluciones, tienen mayor capacidad de adaptación y responden con mayor eficiencia a un mundo globalizado.
En las escuelas, fortalece el talento y el liderazgo. Cuando garantizamos acceso a la educación sin barreras, ampliamos el potencial de nuevas generaciones. Un sistema educativo inclusivo reduce desigualdades y forma ciudadanos con mayor capacidad de adaptación, pensamiento crítico y sentido de responsabilidad social.
En los espacios públicos, mejora la convivencia y la seguridad. La exclusión alimenta la fragmentación social y el conflicto. Ciudades con políticas de inclusión fortalecen el tejido social, reducen la discriminación y crean comunidades más cohesionadas. Cuando todas las personas pueden acceder y desenvolverse libremente en su entorno se promueve una ciudadanía más participativa y solidaria.
En Nuevo León, hemos trabajado para que la inclusión sea parte del desarrollo. Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, impulsamos estrategias para reducir brechas de desigualdad y garantizar oportunidades reales. Esto significa asegurar educación en comunidades marginadas, promover la autonomía económica de las mujeres, garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad y fortalecer la participación social en la toma de decisiones.
En un contexto donde la polarización y el discurso de odio ganan terreno, debemos recordar que la inclusión no es caridad, es un derecho humano y una visión estratégica. No podemos darnos el lujo de excluir a millones de personas por su género, condición socioeconómica, discapacidad o identidad. No se trata solo de abrir espacios, sino de generar cambios estructurales que permitan que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.
Es momento de ir más allá de la corrección política y trabajar por una transformación real. Pasemos del discurso a la acción, de la exclusión a la construcción de un futuro donde nadie quede fuera. Incluir no es solo lo correcto, es la única manera de avanzar como sociedad.
