Bajo una figura distinta a la “extradición”, México traslada a capos como Vicente Carrillo y ex líderes zetas; Trump analiza pena de muerte para seis.
En una operación inusitada, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 29 presos de distintos niveles acusados de narcotráfico, incluidos Rafael Caro Quintero, reclamado desde hace décadas por la justicia estadunidense, y dos ex líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, en medio de las negociaciones que sostienen ambos países por la amenaza arancelaria; informó MILENIO.
La lista incluye a Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, heredero del Cártel de Juárez; Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y José Ángel Canobbio, El Güerito, operador de Los Chapitos y encargado de planear las rutas de distribución de fentanilo a escala mundial.
El proceso implicó una acción coordinada para el traslado de los reos, que se encontraban en ocho penales federales diferentes, así como de Ciudad de México y Guerrero, vinculados a los cárteles de Sinaloa, CJNG, del Noreste (anteriormente Los Zetas), del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
“El gobierno de México realizó el traslado a EU de 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, por lo que se realizó su custodia, traslado y entrega formal ante las autoridades que las requieren en Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (Nueva York)”, informaron en una tarjeta la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad.
“(El traslado) se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de EU”, se abundó.
Esta es la entrega más grande de presos a la justicia estadunidense, superando a la del gobierno de Felipe Calderón, en 2007, cuando en un solo operativo se envió a 13 integrantes de diversos cárteles.
“Todo el peso de la ley”
Los entregados enfrentan cargos por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero, puntualizó el Departamento de Justicia de EU en un comunicado.
“Procesaremos a estos criminales con todo el peso de la ley”, advirtió en el documento la fiscal general Pamela Bondi.
La administración de Trump adelantó que buscará imponer penas de muerte o cadena perpetua a seis de los 29 criminales, entre ellos Caro Quintero, reclamado desde hace décadas por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena en 1985, y El Viceroy, hermano del difunto Señor de los Cielos.
Esta entrega masiva ocurre días después de que el gobierno del republicano designó a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
“Los fiscales federales evaluarán si los cargos adicionales de terrorismo y violencia son apropiados con base en la política establecida en la Orden Ejecutiva 14157 y si la pena capital está disponible con base en la número 14164, titulada “Restablecimiento de la Pena de Muerte y Protección de la Seguridad Pública”, así como en la guía del fiscal general del 5 de febrero sobre la pena de muerte”, se señaló.
El extenso comunicado del Departamento de Justicia, que no menciona al gobierno de México, asegura que “las acciones de hoy (ayer) son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza”.
El gobierno de Trump, además, identificó a los delincuentes que pueden alcanzar la pena capital; en esta relación están, además de Caro Quintero y Carrillo Fuentes, José Rodolfo Villarreal Hernández, Luis Gerardo Méndez Estevane, Alder Marín Sotelo y Andrew Clark.
El resto de los presos alcanzaría sentencias de cadena perpetua, por ejemplo los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, y Antonio Oseguera Cervantes.
Se saltan proceso
El gobierno mexicano operó la entrega más grande de miembros de organizaciones delictivas a EU con base en una interpretación novedosa de la Ley de Seguridad Nacional expedida en 2005, con que sorteó el proceso de extradición, acortando a un día casos que habían tardado años y hasta décadas litigándose.
El terreno jurídico en el que se llevó a cabo esta entrega dejó de lado los amparos que estos criminales llevaban en tribunales y la que era considerada la única vía legal para entregarlos a un Estado requirente: la extradición.
En las tarjetas informativas de la Secretaría de Seguridad y de la FGR, así como en el comunicado del Departamento de Justicia de EU, nunca se alude a dicha figura, por el contrario, en el caso mexicano se detalla que la entrega de los capos se realizó “en apego a la Ley de Seguridad Nacional”, la cual no suele ser invocada en este tipo de procedimientos.
Según un análisis jurídico al que MILENIO tuvo acceso, dicha ley contempla como amenazas a la seguridad nacional actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, así como el uso de violencia contra personas o bienes.
El operativo bajo que el grupo fue trasladado a suelo estadunidense se justifica también en los artículos 5, 12, 15 y 16 de dicha disposición, que aluden a la cooperación internacional en materia de seguridad nacional y de combate a la delincuencia organizada trasnacional.
Pese a que las autoridades mexicanas subrayaron que en la operación se respetaron los derechos fundamentales, un grupo de juristas alertó que la entrega fuera del tratado de extradición, cuyo fin es “salvaguardar el debido proceso”, se perfila para tener implicaciones que, en algunos casos, puede convertir a los presos en objetivo de condenas que no son legales en México, como la pena de muerte.
