Por Efrén Vázquez Esquivel
Jurídicamente es correcta la decisión de la Sala Superior de no analizar ni pronunciarse sobre los efectos de las suspensiones contra la reforma judicial. Sin duda, la resolución de la Corte que obligó al INE a solicitar su pronunciamiento es arbitraria; acatarla produciría un daño imposible de reparar por medio del derecho.
En la historia de la filosofía del derecho, que es donde se piensa el derecho, desde Aristóteles hasta John Rawls, abundan los criterios que consideran que las leyes y los fallos de los jueces que producen daño irreparable mediante el derecho no son derecho.
Es cierto que la facultad de revisión de suspensiones otorgadas por los jueces es de los colegiados, no de la Sala Superior. Sin embargo, esta última, consciente de que los “principios” también son derecho, recurrió a ellos para evitar un daño irreparable al Estado democrático de derecho.
He ahí por qué la Sala Superior determinó que la orden de los jueces de detener el proceso de elección de jueces, basada no en la ley, sino en la tradición de la gracia divina de los jueces, no es materia de análisis ni pronunciamiento alguno.
Los jueces, no todos, que no se cansaron de gritar por las calles: “¡Independencia judicial ya!”, deberían saber que el Estado es una totalidad orgánica. Lo que significa que el poder del Estado es uno solo para su ejercicio dividido en tres.
Y para el ejercicio de las funciones que le corresponde a cada uno, constitucionalmente se les dota de autonomía, no de independencia, ya que la relación que existe entre los Poderes es de supracoordinación, ninguno de los tres Poderes debe supeditarse a otro.
Así que siendo el Estado una totalidad orgánica y el Poder Legislativo representante de la voluntad general del pueblo, si en la elección de 2024 el pueblo expresó con su voto el apoyo al proyecto de Gobierno de los candidatos que impulsan la 4T, para lo cual se precisa de la reforma judicial, ésta tiene prioridad sobre las objeciones de los jueces. No se olvide que en una democracia, la voluntad general del pueblo, expresada a través del voto, es la base de la legitimidad del Estado y sus instituciones.
