La inteligencia política de Palacio Nacional detectó el proyecto de desestabilización de Norma Piña, el Cártel de la Toga y el PRIAN: dejar libres a destacados miembros del crimen organizado, blindar judicialmente a líderes del narco para que siguieran operando desde las cárceles y crear la narrativa de “narcogobierno” para confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La extradición de 29 prominentes miembros del crimen organizado fue el necesario golpe para atajar el golpe no tan blando del Poder Judicial en contra del Estado mexicano. La desestabilización fracasó, como lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Iban a liberar a varios de los extraditados a #EEUU
En la Mañanera del Pueblo del viernes 28 de febrero, la doctora Sheinbaum endureció su discurso: “Les puedo decir una cosa, la corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante, y ofensiva, qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial, eso es una bendición para México, lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”.
Los delincuentes de cuello blanco no quieren perder su impunidad para seguir mamando del erario y de las concesiones. El caso más destacado de desestabilización desde sus medios de comunicación es Ricardo Salinas Pliego, pero también desde su extensión política en el Senado a través de Lilly Téllez, que no es ninguna orate sino una reventadora. La prórroga para la concesión para TV Azteca le fue concedida para entrar en vigor el 1 de enero de 2022 y se vencerá hasta el 1 de enero del año 2042, con ello la televisora puede usar y explotar frecuencias del espectro radioeléctrico para fines comerciales. El problema es que las usa para fines políticos de desestabilidad y lo deseable es que se le despoje en este sexenio, ya con los cambios democráticos en el Poder Judicial.
Ismael el Mayo Zambada pasó notoriamente a segundo plano cuando el Gobierno de la República envió a 29 delincuentes a los Estados Unidos. Simbólicamente, por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pesa más, como afrenta, en el ánimo imperialista de Donald Trump. Por otro lado, la expulsión de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de los Zetas, desmantela buena parte de su operatividad en territorio mexicano que manejaban desde la cárcel.
La liberación de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien salió de prisión, tras una decisión de una jueza federal en Morelos, confirma a la magistrada Norma Piña y el Cártel de la Toga como colaboradores aberrantes y ofensivos de los criminales del narco. No basta decirlo, hay que repetirlo: el actual Poder Judicial trabaja para la delincuencia organizada y para la delincuencia de cuello blanco.
La decisión de la presidenta Sheinbaum y de la Fiscalía General de la República de enviar a 29 delincuentes a los Estados Unidos destruye la narrativa de un “narcogobierno” que se diseñó como justificación para atentar contra nuestra soberanía por parte de la derecha, el PRIAN, Claudio X. González, Salinas Pliego y sus empleados mediáticos como Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti y Anabel Hernández, por citar a los más activos. Los golpistas terminaron noqueados.
(José Jaime Ruiz: Escritor, poeta y periodista, es autor de los libros La cicatriz del naipe (Premio Nacional de Poesía “Ramón López Velarde”), Manual del imperfecto político, Caldo de buitre y El mensaje de los cuervos. Es director fundador de la revista cultural PD. y de Posdata Editores. Dirige el periódico digital www.lostubos.com.)
