Amenazados con deportaciones y aranceles, las izquierdas de América Latina enfrentan al titán con estrategias individuales. Los intentos de unidad han sido sólo discursivos.
Por Valeria Silva Guzmán
Es muy amplia la cantidad y densidad de información que se ha generado en América Latina luego de la asunción del magnate Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. A poco de cumplirse el primer mes del segundo gobierno de Trump, ya les ha tocado a los gobiernos del continente replantear una serie de postulados y hasta políticas sobre diferentes temas estructurales y sensibles; informó MILENIO.
Desde los gobiernos de derechas como el de Argentina, Ecuador o Perú, hay una disposición clara de brindar las condiciones mejores para la realización de la agenda republicana. Por supuesto el abordaje es mucho más complejo para los 11 gobiernos de izquierdas o progresistas de la región (México, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, Chile, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Uruguay) que vienen confrontando los postulados segregacionistas y antiderechos que hoy marcan la línea de acción del gobierno estadounidense.
¿Cumplirá Donald Trump lo que prometió en campaña? Esa era la pregunta después de las elecciones que le dieron el triunfo a Trump –con 49.9% de los votos para el Partido Republicano frente a 48.4% para el Partido Demócrata encabezado por Kamala Harris–. Las respuestas tempranas a estas preguntas probablemente determinaron los mensajes que han dado las y los presidentes en la región, como Claudia Sheinbaum o Gustavo Petro, para saludar el resultado electoral.
Aquel día, cada mandatario tuvo que hacer un cálculo para ver cómo se posicionaba públicamente ante este suceso. En DOMINGA encontramos necesario hacer un recuento de algunos hechos en las últimas semanas y que han determinado la agenda política en América Latina. Han sido las primeras crisis de las capitales latinoamericanas frente al giro de timón en Washington.
Estados Unidos y México: un mes de pausa en los aranceles
La promesa electoral más atemorizante que Donald Trump hizo respecto a México fue la de la imposición de aranceles del 25% de productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos. Inverosímil en octubre de 2024, cumplida en enero de 2025.
Al día siguiente de los comicios electorales de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en sus redes sociales un mensaje sobre estos resultados: “Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza”.
No ha cambiado la demanda de México, a pesar de la presión que significan las medidas asumidas por el vecino del norte, como la cancelación de la aplicación CBP One y las deportaciones masivas. Hoy, corriendo el mes de trabajo bilateral que consiguió Sheinbaum entre los gobiernos de México y Estados Unidos para poner en pausa los ya anunciados aranceles, se sigue escuchando a la presidenta plantear diálogo con respeto a las soberanías. Claro, disponiendo de diez mil uniformados en la frontera norte.
Al margen de este acuerdo, sin embargo, quedaron la importación de metales a Estados Unidos, con más afección sobre el aluminio y el acero. Aunque esta medida no es de corte bilateral ni regional y más bien es universal, es decir, se aplica a todos los países. Así, a pocos días de abrirse el plazo de un mes entre ambos gobiernos norteamericanos, específicamente el 10 de febrero, Trump impuso el 25% de aranceles a estos metales, medida que no ha sido revertida al día de hoy.
Al gobierno de México le toca la negociación más difícil del continente con el gobierno de Trump. La enorme frontera que comparten estos países no sólo es física. Estas economías se relacionan intensamente y, sin duda, son codependientes. Visto desde el sur, México es el último punto norte de Latinoamérica o, dicho de otro modo, es la última parada antes de tocar el sueño americano. Antes de llegar a esa frontera –delimitada por un enorme muro– se condensa una de las problemáticas más complejas de este siglo: la migración.
A lo anterior, que claramente no es poco, se suma la orientación político-ideológica del gobierno de la Cuarta Transformación. Como sus pares izquierdistas al sur debe organizar su relación con Estados Unidos cuidando la fidelidad con sus planteamientos antagónicos a los de Trump.
Colombia y Estados Unidos: la política trumpista de la deportación
“La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos”. Ésa fue una de las frases de Gustavo Petro cuando felicitó a Trump, luego de conocerse los resultados de los comicios del 6 de noviembre de 2024. El colombiano no imaginaba entonces que la primera bomba para América Latina en el ámbito migratorio estallaría en su país.
Efectivamente, el gobierno de Colombia protagonizó la primera crisis latinoamericana con Estados Unidos en la segunda era de Trump: Bogotá vs. Washington. Las primeras imágenes de las redadas migratorias violatorias de derechos humanos se vieron en redes sociales causando múltiples detractores, particularmente por las cadenas en pies y manos que fueron impuestas a los migrantes indocumentados que eran retornados.
Petro, un asiduo escritor de la red social X –propiedad de Elon Musk, ahora colaborador de Donald Trump– expresó ahí su crítica al mecanismo trumpista, incluso compartiendo la canción “Somos más americanos” de Los Tigres del Norte (en colaboración con Zack de la Rocha). Y brevemente le tocó instruir por esa vía que: “Los EEUU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”.
Ese domingo 26 de enero fue muy intenso para la cancillería colombiana. Las amenazas de ambos lados de imposición de aranceles no se dejaron esperar. Se cuenta que el mandatario colombiano se comunicó personalmente por vía telefónica con su par hondureña, Xiomara Castro, para pedirle que convoque con carácter de emergencia a una reunión de alto nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde pudiera abordarse el tema. La convocatoria se dio, pero Gustavo Petro fue el único presidente que confirmó públicamente su asistencia. Poco tardó Castro en retirar la convocatoria.
El lunes 27 se dio por cerrada la crisis con un acuerdo al que arribaron los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. En éste se incluía la aceptación de los deportados colombianos que volarían en condiciones de respeto a sus derechos humanos y no en aviones militares. Esta resolución tuvo, básicamente, dos líneas de interpretación: una aseguraba que Petro se había doblegado ante la presión de Estados Unidos; y otra, en sentido contrario, sostiene que Washington moduló su agresiva política de deportación tras la solidez del presidente colombiano.
Colombia hoy y desde 1999 –con la implementación del Plan Colombia– tiene amplios acuerdos bilaterales de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en materia de lucha contra el narcotráfico. Estos acuerdos en años anteriores incluían la existencia de importantes bases militares estadounidenses en su territorio. Hoy no hay tal cosa, pero sí existe presencia militar con facultades tales como el uso de instalaciones para sus operaciones.
Son tres las ‘cuasibases’ militares estadounidenses en Colombia. La Base de Tolemaida, a sólo dos horas de Bogotá por carretera, se conoce por ser un espacio de entrenamientos conjuntos para la lucha contra el narcotráfico. Considerada una de las más importantes del acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, está la Base aérea de Palanquero en la zona central del país. Y más hacia el sur está ubicada la Base de Larandia, en el departamento de Caquetá.
La relación del Gobierno de Colombia con Estados Unidos no ha sido para nada tersa. Una de las principales características de ésta es el contraste del vínculo de hoy respecto al del pasado. Colombia ha sido durante los gobiernos neoliberales una plaza de mucha comodidad y libertad de ejercicio para el país del norte.
Honduras: la fallida intención de construir posición de bloque
Los problemas son otros y no son insignificantes en otras latitudes. Xiomara Castro, primera presidenta de Honduras, ha asumido un rol importante entre los mandatarios tras asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, un organismo intergubernamental que “aspira a ser una voz única y decisiones políticas estructuradas de toma de decisiones en el ámbito político y la cooperación en apoyo de los programas de integración regional”, se define el organismo en su sitio.
La presidenta de Honduras felicitó a Trump luego de las elecciones. Su mensaje en redes sociales decía: “Le expresamos nuestros mejores deseos para que su administración fortalezca las relaciones con América Latina y el Caribe”. Honduras, al igual que otros países centroamericanos, registra un importante aporte de las remesas enviadas desde Estados Unidos para el PIB. Según datos del Banco Central de Honduras, en 2024 las remesas recibidas representaron el 25% del PIB, de las cuales llegan desde Estados Unidos más de 90%.
Lo anterior significa una presión social local muy extendida para la presidenta de Honduras. El silogismo que plantea la oposición hondureña se resume así: si Castro lleva mala relación con Trump se ven afectadas las familias hondureñas que se apoyan en la recepción de remesas. Esta versión está logrando muchos adeptos en el país centroamericano. Lo que no toma en cuenta este razonamiento es que la política de deportación masiva que plantea el gobierno estadounidense no va a modificarse en función al comportamiento de los mandatarios.
De cualquier modo, la hondureña sufrió un fuerte embate tras fracasar en la convocatoria que emitió ella misma para una reunión de emergencia de mandatarios, con la que pretendía que se abordara la cuestión migratoria. El contexto de esta convocatoria estuvo marcado por la pugna entre Petro y Trump a causa de las deportaciones de colombianos en condiciones que vulneran los derechos humanos. Aunque Petro confirmó su asistencia a dicho espacio, no alcanzó la operación política ni diplomática de ambos gobiernos para alcanzar el consenso con otros.
Pero Honduras tiene una moneda de cambio muy valiosa para su negociación con Estados Unidos: Palmerola.
Soto Cano, más conocida como Palmerola, es la base militar estadounidense más grande de América Central, a una hora de Tegucigalpa. Empezó a funcionar como tal en la década de los ochenta, según expertos, con el objetivo de combatir los impulsos comunistas de la región. Hoy es el centro de operaciones de la Fuerza Conjunta Bravo que es una de las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de Honduras. Al menos 500 militares estadounidenses laboran en esta institución bajo el paraguas del acuerdo de cooperación en el campo militar que sostienen Honduras y Estados Unidos.
En su discurso de Año Nuevo, la presidenta Xiomara Castro manifestó que esperaba que Trump no tome represalias innecesarias contra los migrantes. “Frente a una actitud hostil de expulsión masiva tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio que, en este caso, perderían toda la razón de existir en Honduras”.
Para demostrar cómo va hoy esta relación bilateral, la presidenta Castro comunicó a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo con la administración de Trump para continuar con el tratado de extradición entre ambos países.
¿Trump está cumpliendo sus promesas electorales con América Latina?
El magnate republicano no apuesta a una reelección, ya no le es posible volver a ser candidato. Una enmienda constitucional ratificada en 1951 limita a los ciudadanos estadounidenses a tener dos mandatos presidenciales. Probablemente sea la razón por la que no exista reparo en cumplir las promesas electorales de corte fascista que hizo durante su campaña.
Donald Trump va con todo, apuntando su mira contra los migrantes hispanos, aunque tampoco duda en llevar a cabo su agenda antiafroamericana, antimujeres y antipoblación LGBT+, incluso contra sus propios compatriotas. Para el gobierno de Estados Unidos el único norte es su país. Por fuera de sus fronteras, todos son igual de sureños. Y aunque esta identidad “de abajo” impulsa el deseo de muchos de alcanzar una posición colectiva de sus países, esto no parece que vaya a suceder.
Paralelamente, gobiernos de derechas como el de Daniel Noboa en Ecuador, o Nayib Bukele en El Salvador, hacen ejercicios para congraciarse con Estados Unidos, los cuales se convierten en motivo de múltiples bromas. Luego de que Ecuador decidiera imponer aranceles del 27% a los productos mexicanos, Claudia Sheinbaum no dudó en bromear acerca de la poca relevancia comercial que tiene ese país del sur para con México. “Ayer pregunté qué tanto importamos [de Ecuador], creo que es el 0.4 por ciento. Ya con eso respondo”, dijo luego de ser cuestionada sobre la medida de Noboa; ella continuó: “son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad”.
Hasta ahora las crisis con las capitales latinoamericanas tras las decisiones de Washington se han abordado en mesas bilaterales clásicas. La intención de emprender la problemática migratoria, por ejemplo, de manera conjunta de momento es sólo eso: una intención. Los abordajes son individuales, no hay posición de bloque y están marcados por la presión ejercida de parte de Trump sobre estas naciones. Estados Unidos evidentemente sí tiene una estrategia conjunta para América Latina y ésta no viene marcada por la integración ni la complementariedad; publicó MILENIO.
