La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) convocó a sus 71 centros empresariales en todo el país para participar como observadores ciudadanos en el proceso electoral del Poder Judicial; publica MILENIO.
En un comunicado, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la agrupación, destacó que participar como observadores no es apoyar la reforma en materia de poder judicial, la cual siguen catalogando como un riesgo para el país.
“Lo que está en juego en una democracia son todas nuestras libertades. La libertad de emprender, de invertir, de decidir la libre expresión. Se actuará como observador electoral para documentar el proceso, no para promover el voto, porque observar no es apoyar, observar precisamente es analizar y poder a partir de la observación, documentar el proceso y poder recabar la información”, explicó.
¿Cuál es la postura de los funcionarios?
Susana Camacho, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, expuso que en este momento, como sociedad, en lo que deberíamos de poner el foco es en la importancia de los jueces y de su independencia, en los retos o los riesgos que enfrentamos.
Asimismo, llamó a fortalecer las instituciones judiciales desde su autonomía y con mecanismos que aseguren su integridad, en lugar de someterlas a lógicas de popularidad o presión política.
Carmen Quijano Decanini, vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, señaló: “no quitaré el dedo del renglón de arreglar esta reforma, es decir, de volver a reformar».
«Porque ante el fracaso que será evidente, debemos exigir que, si en verdad se insiste en una elección popular, al menos no se elija a tantos jueces, sino —como primer paso— a quienes conforman el órgano superior de la Suprema Corte”, señaló.
Además, recalcó que el acceso a la justicia requiere instituciones sólidas, no procesos contaminados por ideologías. En su visión, el sistema judicial necesita reformas, sí, pero construidas con consenso, técnica y responsabilidad.
Por su parte, José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, aseguró que, por virtud de la reforma judicial habrá un efecto “amedrentador” en la función jurisdiccional y, en consecuencia, en la inversión.
“¿Por qué? Porque los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, no tendrán la confianza de que sus expectativas de estabilidad regulatoria se mantendrán protegidas por la jurisdicción”, expuso.
Destacó que desde el ámbito empresarial se percibe con inquietud la posibilidad de que decisiones legales fundamentales se politicen, debilitando el marco normativo que da sustento a la economía y la inversión.
Imagen portada: Especial / MILENIO
