Por José Jaime Ruiz
¡Entrad cerdos!, gritó desesperado un pastor de marranos, que largo tiempo se habían resistido a enfilar para la zahurda. ¡Entrad como entran los jueces en el infierno! Y se precipitaron todos de tropel a la puerta, entrando hasta unos sobre otros. // Fray Servando citado por Alfonso Reyes
El modelo de negocio encabezado por Norma Piña y Genaro García Luna quebró. La estructura que definía cómo el Cártel de la Toga capturaba su valor tronó en la manera de ofertar sus productos y servicios. Dos eventos fulminaron sus herramientas de gestión: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció el conflicto de interés del ministro “de nombre compuesto” (Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) y tres grandes contribuyentes; la sentencia en contra de García Luna y su esposa por su participación en un esquema de contratación ilegal en el Gobierno mexicano durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La relación entre Norma Piña, el Cártel de la Toga y García Luna es estructural, orgánica, Sociedad Cooperativa Ilimitada con sus respectivos certificados de aportación. Norma Piña arribó en 2015 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyada por el entonces consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Humberto Castillejos Cervantes. Quien fuera consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, es hermano de Mirna Elizabeth Castillejos Cervantes y ella estuvo casada con Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna cuando éste y Felipe Calderón se entregaron al Cártel de Sinaloa y construyeron un narcogobierno. Castillejos Cervantes fue asesor en la Procuraduría General de la República, donde se relacionó con el entonces procurador Eduardo Medina Mora (procurador de Calderón), quien llegó a la Suprema Corte en 2015 (al igual que Norma Piña). ¿Dónde la “autonomía” del Poder Judicial?
En agosto de 2023 La Jornada publicó: “Norma Lucía Piña Hernández hizo un nuevo ajuste a la estructura orgánica del máximo tribunal para concentrar en una nueva coordinación las labores de administración, seguridad, logística y protocolo. Al frente del este órgano estará Ricardo Márquez Blas, quien colaboró en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública”. En mayo de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que Norma Piña contrató a Sonia Vargas Terrero: “Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna”. Vargas Terrero fue contratada como directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal de la República.
En Miami la jueza civil Lisa Walsh sentenció a García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de contratación ilegal en el gobierno mexicano durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto; dictó que la mano derecha de Felipe Calderón deberá pagar 748 millones 829 mil 626 dólares (unos 15 mil millones de pesos). Su esposa, Cristina Pereyra, debe pagar mil 740 millones de dólares (unos 33 mil millones de pesos) por haber participado, los dos, en recibir ganancias de los contratos de seguridad que se firmaron con el gobierno, supuestamente para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en el país. En cambio, por unanimidad, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ordenó en su momento a la Unidad de Inteligencia Financiera el desbloqueo de las cuentas bancarias de la esposa de García Luna. El Cártel de la Toga protegiendo a sus socios.
La doctora Sheinbaum fue contundente sobre Gutiérrez Ortiz Mena: “Está en la Corte el caso de tres grandes contribuyentes. No voy a dar los nombres, a menos de que sea necesario, pero no hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no debieron haber pagado… Pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses ese pago, cosa que es ilegal, ya hay antecedentes de que es irregular, es ilegal, no se puede regresar el recurso con intereses”. Abundó la presidenta: “Tiene un nombre compuesto. Cuando ese ministro era director del SAT se hicieron esos pagos y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses, o sea, conflicto de interés, para empezar, y segundo, ilegal”.
La importancia de ir a votar por un nuevo Poder Judicial es urgente, en el fondo nos enfrentamos en una lucha de emancipación. El Poder Judicial debe separarse del poder económico, de la delincuencia de cuello blanco, de la delincuencia organizada y de una clase política corrupta. Es cierto, ese poder debe responder a la justicia, no a los intereses de unos cuantos; un país de derechos, no de privilegios. El modelo de negocios del Cártel de la Toga reventó. A votar, votar, votar.
(José Jaime Ruiz: Escritor, poeta y periodista, es autor de los libros La cicatriz del naipe (Premio Nacional de Poesía “Ramón López Velarde”), Manual del imperfecto político, Caldo de buitre y El mensaje de los cuervos. Es director fundador de la revista cultural PD. y de Posdata Editores. Dirige el periódico digital www.lostubos.com.)
