Después de estar en el tintero por tres años, el Gobierno de Nuevo León y alcaldes revivieron la propuesta para elevar a ley la coordinación metropolitana y que tenga reglas, normas y no se interrumpa por pleitos políticos, además de integrar a la mesa a siete municipios; informa MILENIO.
Durante la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Coordinación Metropolitana, la cual se celebró a puerta cerrada, se presentó la propuesta de ley que regula la organización, operación y gobernanza de los municipios que forman la Zona Metropolitana de Monterrey y busca mejorar la planeación, servicios públicos y el desarrollo urbano en conjunto.
La iniciativa tiene tres objetivos: Garantizar el acceso equitativo a vivienda, servicios, infraestructura y un entorno sano; establecer reglas claras para crear la Zona Metropolitana; y definir funciones y responsabilidades de municipios y el Estado.
“Lo que pretendemos es pasar de solo tener problemas comunes a tener estrategias comunes y soluciones comunes. Establecer un sustento legal y operativo para que la coordinación entre municipios sea obligatoria, eficiente y sostenida”.
“Y así construyamos sobre bases sólidas, garantizar que las decisiones y acciones conjuntas estén orientadas a derrotar a los grandes enemigos de la Zona Metropolitana, que son la inseguridad, la falta de oportunidades, la movilidad y tráfico, la contaminación y la escasez de agua”, señaló Andrés Mijes, presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana.
La propuesta presentada incluye modificar el convenio de Zona Metropolitana para reconocer a Cadereyta, El Carmen, Ciénega de Flores, Zuazua, Pesquería, Salinas Victoria y Santiago como ayuntamientos de la metrópoli.
El proyecto de Ley de Coordinación Metropolitana terminará de afinarse y se presentará al Congreso local con el objetivo de que se apruebe, a más tardar, en diciembre de este año.
La iniciativa contempla la creación de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que estaría conformada por los 16 municipios y el gobernador, quienes tendrían voz y voto, además de dependencias estatales, cuatro universidades (UANL, UDEM, U-ERRE, TEC) y comisiones de trabajo, pero sin derecho a votar para la toma de decisiones.
Imagen portada: Archivo / MILENIO
