En la primera mesa de trabajo para analizar la posible obligatoriedad del transporte escolar en Nuevo León, diputados locales, organizaciones civiles y autoridades estatales coincidieron en rechazar la imposición del programa, al considerarlo inviable en las condiciones actuales.
Durante la sesión, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y el secretario de Educación, Juan Paura, aclararon que el programa no contempla en ningún momento la obligatoriedad, y que la intención es trabajar en conjunto con las escuelas y los padres de familia para implementar planes adecuados según las necesidades de cada plantel.
«Si ustedes la pueden ver la iniciativa en ningún lado dice obligatorio, revísenla, en ninguna parte dice que es obligatorio. Ahí dice que las escuelas deben presentar un plan, pero también que las autoridades van a poner todo lo que se necesite de su parte para que se pueda elaborar ese plan, es decir, el plan se va a realizar en forma conjunta entre autoridades padres de familia y directivos de los planteles», explicó Villarreal.
Por su parte, Paura señaló que, debido a la crisis de movilidad que enfrenta el área metropolitana, actualmente se realiza un estudio para determinar qué escuelas podrían implementar un modelo de transporte escolar, como medida para reducir el tráfico en sus alrededores.
«De alguna manera (lo haríamos), tanto las autoridades municipales, como la Secretaría de Movilidad y la de Educación, como ya lo señalé, sociabilizaríamos con ellos, esto para hacerles ver esta área de oportunidad y que tendríamos que ser las que estaríamos atacando», dijo.
Condiciones insuficientes para implementarlo
La diputada Perla Villarreal Valdez, presidenta de la Comisión de Educación, aseguró que actualmente no existen las condiciones para implementar un sistema de transporte escolar.
«No existen ahorita las condiciones para poder tener un transporte escolar en el próximo ciclo escolar, eso fue en lo que los dos secretarios coincidieron», sostuvo.
«Vamos a seguir trabajando en el proyecto de dictamen que se está construyendo para la nueva Ley de Educación y ver de qué manera podríamos incluir algunos términos para el transporte, no como vienen en las iniciativas, tiene que haber modificaciones de acuerdo al estudio que ya se está haciendo,» enfatizó.
En la misma línea, la legisladora de Morena, Reyna Reyes Molina, calificó de imposible aplicar un programa de este tipo para el próximo ciclo escolar.
«El querer aplicar (el plan) a inicio de este ciclo escolar es imposible para los maestros y directivos, supervisores. No es como hablar cuando hablamos de educación, no nada más hablar del edificio, es hablar de todo un contexto muy amplio, que no terminas de hablar de esto que se quiere implementar de lo del transporte, también es algo que se tiene que analizar la experiencia, no debemos poner obligatorio», indicó.
Críticas desde la sociedad civil
Los representantes de organismos de padres de familia, directores de colegios particulares y cámaras empresariales cuestionaron quién asumiría el financiamiento del transporte escolar obligatorio, así como las medidas de seguridad que tendrían que implementarse alrededor de los planteles, además de la necesidad de establecer protocolos de tránsito adecuados.
July Mendoza, de la organización Unión Neolonesa, consideró un error intentar trasladar la responsabilidad del problema de movilidad a las comunidades escolares.
«Hay que replantear que las escuelas no son la causa del problema de movilidad en Monterrey, ni en la Zona Metropolitana. Pretender que las instituciones educativas o los padres carguen con una responsabilidad que corresponde al Estado es una equivocación. La movilidad es un tema de política pública, de infraestructura y de seguridad, no un asunto que debe resolver desde las comunidades escolares«, puntualizó.
Imagen portada: El Porvenir
