El Tribunal Federal de Apelaciones del 11° Circuito de EE. UU., bloqueó la orden judicial emitida por una jueza de distrito en Miami, que ordenaba al gobierno estatal de Florida y al federal a desmantelar en 60 días el polémico centro de detención migratoria conocido como la “Alcatraz de los caimanes”; publicó SPR.
Ubicado en los humedales de los Everglades, sobre la pista aérea de Dade Collier, a 60 kilómetros al oeste de Miami, este centro de retención improvisado funciona como una especie de “prisión de máxima seguridad” para migrantes.
El tribunal federal falló este jueves 4 de septiembre en favor de la apelación presentada por el estado de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite mantener en operación el centro de detención.
La orden judicial, emitida previamente por la jueza Kathleen Williams, buscaba trasladar a los migrantes a otros centros de detención, además de retirar cercas y generadores eléctricos, y reubicar las instalaciones en un sitio que no violara leyes ambientales.
La jueza Williams había formalizado la suspensión en agosto del presente año, pero el estado de Florida anunció de inmediato que apelaría. “Las deportaciones continuarán hasta que mejore la moral”, declaró Alex Lancafroni, portavoz del gobernador Ron DeSantis,”.
Tras esta resolución el fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró en redes sociales la decisión:
“Victoria asegurada contra una jueza activista que me declaró en desacato; una victoria para la agenda del presidente Trump”.
El fallo no solo bloqueó la orden de la jueza Williams para reducir las operaciones en “Alligator Alcatraz”, sino que también le impidió continuar con el caso hasta que concluya la apelación.
Las críticas al centro provienen de diversos frentes.
Defensores de derechos humanos denunciaron el maltrato a migrantes, en su mayoría sin antecedentes penales, quienes son recluidos en condiciones consideradas inadecuadas. Además, los ambientalistas y la tribu originaria Miccosukee advierten sobre el impacto ecológico que hay en los humedales, afectando la flora y fauna de la zona.
A esto se suman cuestionamientos sobre las contradicciones de un gobierno estatal operando en territorio federal y el uso de recursos públicos para el mantenimiento y construcción del centro, generando un debate amplio sobre derechos humanos, medio ambiente y administración pública.
A pesar de ello, DeSantis, quien además anunció la creación de dos nuevas instalaciones llamadas “Deportation Depot”, en el noreste del estado, y “Panhandle Pokey”, compartió un video en redes sociales en el que calificó como “victoria” el fallo del tribunal y reiteró que “la misión continúa, liderando el camino en la aplicación de la ley migratoria”.
Imagen portada: SPR
