Por José Jaime Ruiz
Si lo propone Alfonso, lo quiere Claudia. La arquitectura de la transformación también pasa por Ramírez Cuéllar y algún futuro lo vislumbra como secretario de Gobernación. En el aquí y en el ahora su función transformadora reside en el Legislativo donde los inerciales Ricardo Monreal y Adán Augusto López lo acotan, por tanto, a Sheinbaum, por tanto, al Segundo Piso de la Cuarta Transformación. El primer gran tropiezo del ciclo reformista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ocurrió con la reforma contra el nepotismo. La propuesta presidencial buscaba impedir, desde 2027, herencias de poder en cargos ejecutivos y legislativos. El Congreso aprobó la reforma, pero difirió su vigencia hasta 2030, decisión que la propia jefa de Estado reconoció como resultado de “acuerdos políticos” para destrabar una enmienda constitucional que exigía mayorías reforzadas. No puede suceder lo mismo con el cambio de fecha de la revocación de mandato.
La transformación estructural del Estado mexicano pasa por cerrar la “industria de la evasión”: un entramado de factureras, contrabando técnico, subvaluación aduanera y privilegios fiscales que, según estimaciones citadas por Alfonso Ramírez Cuéllar, ha causado pérdidas de magnitud billonaria. Desmantelar esa industria no sólo financia derechos sin subir impuestos; también reordena el poder al golpear redes empresariales-políticas que se beneficiaron de la captura del aparato público. En esta batalla, Ramírez Cuéllar opera como arquitecto técnico-legislativo: empuja cierres de agujeros normativos, sanciones y mejor coordinación con aduanas y estados. Sin ingresos limpios y estables, cualquier reforma institucional queda expuesta a trueques y aplazamientos.
Ramírez Cuéllar impulsa mover la revocación presidencial a 2027 y hacerla coincidir con las intermedias federales y locales. Dos razones dominan. 1) Ahorro y eficiencia: un solo despliegue institucional, menores costos, y una logística unificada. 2) Participación y gobernabilidad: más afluencia en un “día grande” (hablar de Día D no es exacto, como lo reitera la presidenta, por sus implicaciones militares) y menos tentación de armar un plebiscito a media gestión que desestabilice el ciclo de reformas.
La oposición y los medios corporativos leen el timing como ventaja electoral de arrastre (coattails). La respuesta de Ramírez Cuéllar es contable-institucional: alinear calendarios para que el Estado no pague dos veces por la misma movilización y para que la presidencia no se plebiscite en solitario un año después. Un punto es innegable: 2027 es el pivote que puede prolongar la estabilidad del sexenio. La oposición debiera introducir un factor a su réplica: ¿tendrá Sheinbaum el mismo nivel de aceptación como el que tiene hoy? Hay variables externas e internas que pueden desestabilizar: Trump y la violencia política en el país provocada por el narco.
Ramírez Cuéllar es clave en la arquitectura del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, como la reforma al Poder Judicial, la reforma fiscal progresiva, las reformas al financiamiento a partidos y campañas, la reforma al nepotismo, la reforma aduanera y el cambio de fecha para la revocación de mandato. Nada menor, se trata de la construcción de un nuevo régimen post-neoliberal y post-PRIAN. No es vocero, operador mediático ni figura de representación pública; su función es ordenar las condiciones estructurales para que las reformas de Sheinbaum funcionen: albañilería y arquitectura. Ramírez Cuéllar, el operador confiable.
