Por Efrén Vázquez Esquivel
El alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, recibió el pasado 28 de agosto el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México, por el impacto social del Centro Gerontológico municipal, que pese al reconocimiento nacional enfrenta graves carencias y deficiencias en su servicio cotidiano.
Se afirma que desde su apertura en la actual administración, no solo ofrece atención médica especializada, sino que también combate el maltrato y promueve el respeto, autonomía e independencia de la población de 60 años o más, impartiendo cursos de redacción, pintura, música, canto, yoga, folclor, ritmos latinos…
A pesar de ello, el Ayuntamiento nicolaíta no paga a los instructores; son los propios adultos mayores quienes cubren el costo de las clases. Además, algunos han incurrido en maltratos y, bajo la presión de su director, el joven Daniel Consuelos, han intentado que los alumnos que reclaman sus derechos se retiren.
Estas prácticas, en las que ha incurrido la instructora Guadalupe Ruiz, incluyen actos de discriminación y violencia psicológica y económica. Por ejemplo: después de hacer que una adulta mayor gastara cinco mil pesos en vestuario y viáticos, mediante intrigas y difamaciones le negó la participación en la coreografía; y a otra, hace poco más de un año, la instructora de teatro, indignada por los errores de su discípula, le arrebató el libreto y lo arrojó al suelo.
Entre otras que se denuncian en el Centro Gerontológico nicolaíta, están prohibidas por la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores y por todos los tratados internacionales que protegen la dignidad humana de los adultos mayores, leyes que, por desgracia, solo sirven para que las autoridades se luzcan presumiendo lo que no hacen.
En efecto, el premio otorgado al Centro Gerontológico de San Nicolás parece más un aplauso editorial que una evaluación técnica. Aunque se presenta como un reconocimiento nacional a las “mejores prácticas municipales”, no hay convocatoria pública ni criterios verificables sobre cómo se eligen los ganadores.
