Por José Jaime Ruiz
En política social la puntualidad no es un lujo administrativo, es parte del derecho. Para una mujer cuidadora, para una jefa de familia o para una persona con discapacidad, el apoyo económico no es una transferencia, es oxígeno. Por eso, cuando los pagos se retrasan, el efecto no es técnico. Se siente en la alacena y en el ánimo, en la tarjeta vacía y en la espera que se prolonga sin explicación.
En Nuevo León ocurrió lo que ocurre cuando la maquinaria presupuestal pierde ritmo: los programas Hambre Cero, Jefas de Familia, Personas con Discapacidad y Cuidadoras registraron retrasos que no se originaron en la operación del programa, sino en un punto más profundo de la cadena: la ejecución financiera.
El Congreso etiquetó los recursos, se tenían montos aprobados para 2024 y 2025. Nada falló en la fase legislativa. Los programas contaban con un asiento legal y un techo financiero claro. En el papel, el presupuesto existía. En la práctica, no llegó a tiempo.
La estructura es simple:
- La Secretaría de Igualdad e Inclusión opera los padrones, registra beneficiarios, valida documentación y programa pagos.
- La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado es la responsable de liberar los recursos para que esos pagos se ejecuten.
Ahí, en ese puente, se acumuló el retraso. Cuando Igualdad e Inclusión comunicó que los pagos se reanudaban tras superar “problemas administrativos en la Tesorería del Estado”, dio la pista clave: el flujo de recursos no se liberó conforme al calendario original. El retraso no provino del padrón, ni de la operación, ni de fallas técnicas del programa. Provino de la fase financiera. En la administración pública, un día de retraso puede ser gestión; dos meses, estructura; cuatro meses, síntoma.
La Secretaría de Igualdad e Inclusión es la ventanilla visible. La oficina donde se entregan los documentos, el número que se consulta, el nombre que recuerda la ciudadanía. Por diseño institucional, es la responsable operativa del programa. Pero en este caso, no fue responsable del retraso, sino la que enfrentó su impacto. Es un defecto frecuente del diseño administrativo porque la carga pública cae donde no cayó la falta presupuestal.
En las colonias no se distinguen los engranes. La ciudadanía ve al Gobierno del Estado como un solo cuerpo. Y cuando el apoyo no llega, el reclamo es directo, legítimo, casi instintivo. Ahí es donde la Secretaría operativa queda en medio: con padrones validados, con estructuras listas, pero sin los recursos depositados. No es una falla moral, es una falla del tiempo. Pero en política social, el tiempo también es responsabilidad.
Una cadena es tan fuerte como su eslabón más lento. En esta historia institucional, cada área cumplió su parte en distinta medida:
- Congreso: aprobó y etiquetó.
- Igualdad e Inclusión: operó, registró, acompañó.
- Finanzas/Tesorería: liberó los recursos con retraso —y ahí se acumuló el problema.
Cuando el dinero se retrasa, la vida cotidiana también. Una tarjeta sin depósito es más que un dato: es una promesa suspendida. Y no hay programa que resista demasiadas promesas suspendidas. El resultado fue una demora sistémica, invisible en los números y evidente en la vida diaria de quienes más dependen de estos apoyos. Hay una línea fina que divide la administración del ánimo público. Cuando el dinero llega a destiempo, la política social pierde su música. Los programas cambian de ritmo, se desafinan. Y quienes deberían recibir certezas reciben, por días o semanas, silencio. Restablecer el compás —que no es otra cosa que cumplir a cabalidad— es lo que devuelve confianza, orden y dignidad al ciclo del apoyo público.
