Por José Jaime Ruiz
La comparecencia del Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, marcó un punto de inflexión. No fue una sesión más. No fue un intercambio político ni un alegato defensivo. Fue —quizá por primera vez en años— una explicación técnica, documentada y orientada a soluciones sobre el estado real del sistema hídrico metropolitano. En un entorno acostumbrado al diagnóstico repetido, Ortegón introdujo algo que había faltado: datos, ingeniería, cronogramas y un modelo de trabajo regional.
Ortegón centró su exposición en un dato revelador: la red metropolitana tiene tramos con tuberías de más de 40 años, operando con presiones y demandas para las que no fueron diseñadas. No se trata solo de rezago sino de infraestructura administrada durante décadas sin mantenimiento estructural. El director no eludió el origen del problema: la crisis hídrica no comenzó en 2022 ni con la sequía. Es el resultado acumulado de:
- desinversión prolongada,
- falta de recambio de tuberías,
- ausencia de modernización en medición,
- crecimiento urbano sin equipamiento equivalente.
La decisión de regresar a la técnica —no a discursos, no a especulación política— marcó el tono de la comparecencia.
La operación del organismo también mostró un giro hacia la profundidad técnica. Las cifras presentadas no son declarativas, son operativas: 46 mil fugas y drenajes atendidos desde la llegada de la actual administración. 17 mil metros de tubería rehabilitados, con 48 mil metros más en proceso. Estas cifras describen un patrón: AyD pasó del manejo reactivo al mantenimiento estructural, algo que durante décadas se postergó. El rubro más complejo del sistema —el Agua No Contabilizada (ANC)— por fin se aborda con un plan integral. AyD presentó un esquema que combina: modulación de presiones para evitar rupturas, detección de fugas no visibles, sustitución de 765 mil medidores, reingeniería de redes de distribución. Es la primera vez que el organismo trabaja la ANC como sistema, no como suma de parches. La medición masiva y el control de presiones indican un cambio metodológico profundo.
En un entorno cargado de tensiones, Ortegón envió la señal más significativa de la jornada: AyD se abre a la cooperación con Congreso y municipios. Este gesto no es menor. Históricamente, el organismo fue un espacio de disputa política o de decisiones unilaterales. La apuesta por la coordinación —en vez del enfrentamiento— reequilibra la gobernanza del agua y permite planeación metropolitana, no municipalizada. La comparecencia cerró con algo que tampoco era frecuente: control técnico de la información, claridad en la ruta de modernización, una visión más allá del cortoplacismo. AyD no solo presentó resultados, presentó un método. Y en política pública, un método vale más que un discurso.
Prioridades inmediatas de AyD
1. Más agua para García. Durante años García fue el punto débil del sistema. No por política, sino por hidráulica: estar al final de la línea siempre significó presiones insuficientes y cortes recurrentes. Por primera vez la solución tiene fecha y tubería: Monterrey V, ya en construcción, aportará 900 litros por segundo adicionales. El mensaje fue claro: la obra existe, avanza y ya está en el terreno. No es promesa, es infraestructura.
2. Reparación masiva de drenaje y tubería. Miles de metros serán intervenidos para reducir fugas y colapsos.
3. Reducción del Agua No Contabilizada. Con una estrategia que combina tecnología, medición y control de presiones.
La comparecencia de Eduardo Ortegón no resolvió la crisis hídrica —eso requiere tiempo e inversión— pero sí modificó el eje de la discusión: del señalamiento político a la ingeniería de soluciones. Por primera vez en años, AyD presentó una lectura técnica del problema, acciones medibles, infraestructura en marcha, cooperación institucional y una ruta de modernización que rompe la lógica del corto plazo. Es un inicio. Pero es, también, un cambio de etapa para el sistema hídrico de Nuevo León.
Datos contra cartelera
La narrativa presentada por la bancada PRIAN omite elementos esenciales y coloca el foco donde hay ruido, no donde hay información. Es legítimo cuestionar. Lo que no es legítimo es construir conclusiones sin integrar la evidencia técnica puesta sobre la mesa. El señalamiento de “mal manejo financiero” se sostiene únicamente en la existencia de deuda no ejercida al 100% en el año. Pero Ortegón explicó algo que los diputados conocen perfectamente:
- Los procesos de licitación, contratación y ejecución de obra siguen un calendario técnico, no uno político.
- Las reglas de operación federales y estatales impiden ejercer recursos de manera anticipada o sin cumplir etapas administrativas.
- El rezago de semanas no implica subejercicio, sino etapas normales del ciclo de obra pública.
Confundir plazos administrativos con “mal manejo” es ignorar cómo funcionan los organismos de infraestructura.
La deuda propuesta para 2026 está asociada a:
- modernización de plantas,
- reducción de pérdidas,
- eficiencia energética,
- mejora de procesos ambientales,
- inversiones que reducen costos estructurales del organismo.
La premisa central es simple: si no se invierte, el costo operativo sube; si se invierte, el organismo recupera eficiencia. La deuda no es “nuevo hoyo”, es corrección de un rezago acumulado por más de 30 años, periodo donde los mismos partidos que hoy cuestionan frenaron inversiones clave.
El señalamiento de que AyD paga “ilegalmente 2 mil 500 millones en impuestos verdes” es incorrecto. Durante la comparecencia:
- Ortegón explicó que el pago es obligatorio,
- está establecido en la normatividad estatal,
- y su cálculo deriva de parámetros técnicos auditables.
Los impuestos ambientales no los determina el director, ni son discrecionales. Son parte de un marco regulatorio que existe desde antes de su gestión. Afirmar ilegalidad sin presentar una sola resolución jurídica que la avale no es fiscalización, es retórica.
Ortegón reconoció un retraso en el ejercicio de la deuda 2024, pero también explicó algo fundamental que el PRIAN omite: el retraso provino de procesos administrativos necesarios, no implica cancelación ni pérdida del recurso y todas las obras se encuentran listas para avanzar en un plazo de dos semanas. La crítica es válida; la conclusión, no: retraso administrativo no equivale a ineficiencia técnica. A diferencia de gestiones anteriores, la respuesta no es “subir tarifas” o “pedir más subsidios”. Se detalló un plan compuesto por venta de inmuebles no esenciales, recuperación de cartera vencida, mayor venta de agua tratada, eficiencia energética y reducción de pérdidas. Todas son medidas estructurales, no improvisadas.
La oposición quiso convertir la Glosa de Agua y Drenaje en un foro de frases ingeniosas y acusaciones pintorescas. Eduardo Ortegón hizo exactamente lo contrario: presentó datos, obras y procesos. Y esa es, quizá, la razón del enojo: los números no se doblan ante los eslóganes. La comparación mafiosa del diputado priista Javier Caballero merece una réplica, no por gravedad, sino por falta de imaginación. Decir que “antes había Corleones y ahora hay Al Capones” es confundir El Padrino con Los Intocables y, además, sustituir falta de pruebas con cine, con cartelera. Cuando falta evidencia, sobran metáforas mafiosas.
