Que el INE apueste porque la reforma electoral regule la intervención de los partidos políticos en las elecciones y la sobrerrepresentación, volviendo a aplicarla por partido y por coalición, son de las principales propuestas que algunas consejerías buscan que se incluyan en el documento final y que hasta ahora no se han podido debatir; publica MILENIO.
MILENIO tiene una copia de la presentación que la Secretaría Ejecutiva puso a consideración de las consejerías en la reunión privada del martes en la que pretendían comenzar el debate sobre las ideas que lograrían consenso, pero que no tuvo avances porque varias propuestas relacionadas con estos dos temas fueron excluidas, y que son los más polémicos que se han visto en cada intento de reforma electoral de los últimos años.
Al menos tres consejerías enlistaron en sus propuestas que el INE impulse la revisión del límite constitucional que el Consejo General aplica para distribuir los espacios de legisladores plurinominales. Coinciden en que, con la experiencia de las recientes elecciones, lo ideal es regresar al modelo previo a la reforma de 2014 que lo medía tanto por partido como coalición.
En el apartado de sistema de partidos, el consejero Martín Faz plantea acabar con “las simulaciones partidistas” y garantizar la transparencia en la representación proporcional; revisar el límite constitucional de sobrerrepresentación y reducir el margen permitido que hasta ahora es del ocho por ciento o que se respete tanto por partido como por coalición “para fortalecer la correlación voto-escaño”.
Es decir, que en la integración del Congreso de la Unión se vea reflejada la votación real en las urnas con los espacios que cada partido y coalición tengan, sin que se distorsione la representación efectiva con el voto que recibieron.
En las propuestas para evitar la simulación, agrega que debería incorporar en la ley Mecanismos de Afiliación Efectiva para la asignación de curules, para evitar el intercambio de candidaturas que afecta la representatividad democrática. Esto, basándose en la experiencia de la más reciente elección donde políticos de otros partidos lograron plurinominales por partidos a los que no pertenecían, pero que eran parte de una coalición.
Aunque en la presentación de la Secretaría Ejecutiva se excluyeron las propuestas del consejero Jaime Rivera, en el documento que envió de observaciones también plantea regresar al modelo donde la fórmula se aplica por partido y por coalición, lo que beneficia a las minorías y equilibra el pluralismo.
En este mismo sentido, el consejero Arturo Castillo expone que se debe revisar la fórmula de asignación de espacios plurinominales en lugar de apostar por eliminarlos, como se ha propuesto en los foros e iniciativas previas.
“Eliminar o sustituir la representación proporcional incrementaría la sobrerrepresentación”, plantea el consejero Castillo, quien señala que, por el contrario, señala que debe haber una “propuesta evolutiva para avanzar hacia la proporcionalidad pura con listas abiertas y desbloqueadas” pues “reducir el pluralismo no genera ahorros significativos”.
Plantear legislación al intocado Artículo 134
El artículo 134 de la Constitución que es mencionado en cada elección por ser el que limita la propaganda gubernamental en las elecciones y la intervención de funcionarios públicos que en los últimos procesos electorales se ha vuelto el ilícito electoral más recurrente, también es una de las apuestas que algunas consejerías esperan que el INE ponga sobre la mesa de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.
Concretamente, el consejero Arturo Castillo plantea la necesidad de “emitir legislación reglamentaria del artículo 134 constitucional” para garantizar la equidad en las contiendas y “atacar la inequidad desde el origen financiero, no desde la expresión”, es decir, que se pueda rastrear el financiamiento indebido y no solo lo que alguien pueda decir sobre un proceso en curso.
Esta propuesta es contraria a la apuesta de Pablo Gómez, que busca que las y los servidores públicos tengan más libertades, y que quien cometa algún ilícito reciba una multa económica sin importar su nivel jerárquico.
En este mismo sentido, la consejera Dania Ravel incluso propone que se incluya a los influencers en la legislación, ante las estrategias de campaña que rebasan la norma, como los casos del Partido Verde Ecologista de México que pese a ser sancionado en reiterados procesos, continúa con estrategias como estas a las que cada vez se acercan más otros partidos.
Por lo que considera que una propuesta de reforma debe ser establecer “sanciones más efectivas a influencers” y plantea como alternativas “la desmonetización de contenidos o el bloqueo temporal” de sus cuentas.
El consejero Martín Faz incluso va más allá y pide que “prohibir o regular expresamente los procesos inéditos de selección de candidaturas”, ante las dinámicas de los últimos años, principalmente con las llamadas corcholatas que llevó a que funcionarios públicos comenzaran a competir internamente en Morena por una candidatura, lo que después replicaron otros partidos, violentado los tiempos que establecen las leyes electorales.
Esto implicó decenas de denuncias de uso indebido de recursos públicos por tratarse de funcionarios en campañas anticipadas, aunque después renunciaron a sus cargos, mientras los de otros partidos como senadores del PAN se mantuvieron hasta el último momento en el puesto.
Por lo que Faz considera que la propuesta del INE debe incluir “reconocer expresamente la facultad del INE para invalidar actos partidistas”, contrarios a los tiempos establecidos de precampañas y campañas.
Las consejerías fueron tajantes en las críticas por las deficiencias de los documentos que recibieron de la Secretaría Ejecutiva como la propuesta del INE, pues en la presentación se refieren a esos documentos de esta manera, pese a que la consejera presidenta Guadalupe Taddei intentó negarlo.
Incluso, Norma Irene de la Cruz, una de las consejeras más cercanas a Taddei expone en el documento, que detectó que “las justificaciones no acompañan de forma consistente las propuestas de reforma”, “falta de coherencia normativa y estructura sistemática”, que se “mezclan temas sin un hilo conductor”, y que es “insuficiente desarrollo normativo”.
Mientras la consejera Carla Humphrey exhibe que “la propuesta presentada presenta deficiencias de forma y fondo que afectan su claridad y coherencia”, que “carece de una estructura lógica y sistemática”, que “no cuenta con un hilo conductor que articule y justifique las reformas planteadas” y que “algunas propuestas trasladas a la ley secundaria materias que son de reserva constitucional”.
Hasta este miércoles, las consejerías siguen sin claridad de si lograrán esta semana tener una nueva reunión para poder comenzar el debate de todas estas propuestas en las que la mayoría coincide y de otras que están en minoría, o que ciertas consejerías prevén rechazar.
Imagen portada: MILENIO
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