Por José Jaime Ruiz
Hay Presupuestos que se debaten y otros que se confiesan. El de Nuevo León pertenece a estos últimos. No intenta persuadir a nadie, se delata solo. Años tacaños, el PRIAN incluye una retórica que ya no engaña ni a sus propios cuadros: disciplina financiera, responsabilidad, cuidado del ciudadano. Palabras que se pronuncian con solemnidad mientras se redactan con cinismo. Basta seguir el rastro del dinero para comprobar que la austeridad es selectiva y, la responsabilidad, condicional. El Presupuesto dejó de ser una herramienta de planeación pública y se convirtió en una coartada política.
Mientras al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda se le exige apretarse el cinturón, recortar, posponer, ajustar, el dictamen aprobado por los diputados del PRIAN hace exactamente lo contrario allí donde ellos mandan. En esas zonas no hay tijeras, sí evidente anchura. El Poder Judicial recibe un aumento cercano al 20 por ciento, pasando de 3 mil 605 a 4 mil 207 millones de pesos. El Congreso local, siempre tan estricto con el gasto ajeno, se autorregala un incremento del 8 por ciento. La Auditoría Superior del Estado, institución llamada a vigilar excesos, decide empezar por exceder el propio con un 12 por ciento más. Y la Fiscalía General crece 15 por ciento, superando los 5 mil 700 millones. Ahí nomás.
Nada de esto se acompaña de diagnósticos públicos rigurosos ni de metas verificables. No hay indicadores claros, solo argumentos circulares. El dinero no sigue a los problemas, sigue al control. Presupuestar, aquí, no es fortalecer instituciones, sino asegurar complicidades. El descaro alcanza su punto más alto en el terreno electoral. El Instituto Estatal Electoral pasa de 644 a 932 millones de pesos en un año que ni siquiera es electoral. El Tribunal Electoral también recibe su trato preferencial, de 80 a 118 millones. No se trata de eficiencia ni de previsión administrativa, se trata de política pura y dura. Tratar bien al árbitro antes del juego nunca ha sido un acto inocente. El 2027 empieza a pagarse desde ahora con recursos públicos.
La escena se completa con el Instituto de Transparencia, beneficiado con 234 millones de pesos, pese a que a nivel federal el INAI ya fue eliminado, y que el propio diseño constitucional apunta a la homologación del sistema. Aquí se decide ignorar el rumbo nacional para conservar un organismo útil no por su función pública, sino por su utilidad política: plazas, estructuras, control administrativo. La transparencia, otra vez, como botín y no como derecho.
Mientras tanto, los recursos para lo verdaderamente urgente se congelan o se diluyen. Movilidad y transporte público en un estado paralizado por el tráfico. Drenaje y carreteras en una entidad que presume modernidad, pero arrastra carencias básicas. Hospitales y seguridad pública, siempre urgentes y postergados. El discurso del “cuidado a la gente” se desploma cuando el Presupuesto se usa para fortalecer burocracias doradas y estructuras electorales, pero no para resolver problemas reales. El ciudadano aparece en los discursos, el aparato aparece en las cifras.No es un error técnico ni una diferencia ideológica menor, es una decisión política clara, reiterada, sistémica. El Presupuesto vuelve a ser lo que fue durante décadas: una herramienta para mover piezas, blindar intereses y asegurar obediencias.
El atraco no ocurre en la oscuridad ni a escondidas. Ocurre en sesiones públicas, con micrófonos abiertos y discursos cómico-solemnes.
Y, quizá, lo más inquietante no sea el saqueo, sino el cinismo con el que se ejecuta. Como si ya nadie esperara otra cosa. ¿Alguien espera otra cosa del PRIAN? Y la instrucción desde Palacio Nacional es que las cosas “fluyan”, para luego intervenir.
(Escritor, poeta y periodista, es autor de los libros La cicatriz del naipe, Premio Nacional de Poesía “Ramón López Velarde”, Manual del imperfecto político, Caldo de buitre y El mensaje de los cuervos. Es director fundador de la revista cultural Posdata y de Posdata Editores. Dirige aguaquemada.mx y www.lostubos.com.)
