Por José Jaime Ruiz
La historia no se repite o se repite mal –Marx en el 18 Brumario–, pero sí tiene un sentido del humor macabro: rima con una crueldad metódica que solo los cínicos —o los historiadores con estómago— alcanzan a disfrutar. Enero de 2026 y Minneapolis vuelve a ser el epicentro de nuestra distopía favorita, un espejo roto donde el “sueño americano” se desangra, otra vez, sobre el pavimento. La muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente de ICE, no es una tragedia griega ni un error de procedimiento: es, a secas, un insumo. En la Casa Blanca de Donald Trump la sangre no se limpia, se procesa como materia prima para una narrativa de seguridad que exige obediencia y ofrece, a cambio, la ilusión —sedante y cara— del orden.
El moralismo déjenlo para los domingos. Aquí hay que entrar, con la frialdad que exige el análisis, en el terreno de los incentivos. El poder —y este poder securitario de rostro naranja en particular— no se mide por escrúpulos sino por la capacidad de abaratar sus propios costos políticos. En el mercado de la política contemporánea, el miedo es la única mercancía que nunca pierde valor. A la administración no le hace falta “tener razón” en el tiroteo de Minneapolis; le alcanza con que la indignación salga barata. Chomsky lo dijo hace décadas, cuando todavía importaba escucharlo: el consentimiento no se fabrica a golpes, se fabrica por saturación. En estas crisis, el aparato federal no busca acuerdo, busca ruido, una estática lo bastante espesa como para que la empatía no logre coordinarse y la ira no termine convertida en factura electoral.
Visto desde la economía política, la “seguridad” opera hoy como un bien de lujo: cuando el miedo sube, la elasticidad emocional del ciudadano promedio se estira hasta lo impensable. El votante paga —con los derechos del vecino o con los propios, si hace falta— por la sensación de que alguien controla el caos. Esa es la moneda que de verdad circula en la Oficina Oval: oro electoral acuñado con pánico de clase media.
Para Trump, invocar a “el pueblo” es un acto de propiedad privada, no una categoría jurídica. Su “pueblo” es el Volkskörper del siglo XXI, sin wagnerianismo ni uniformes, pero con la misma lógica de depuración. Está el “pueblo verdadero” —la base leal de gorras rojas— y está lo demás: estorbo, traidores, “parásitos” o, como en el caso de Renee, simple daño colateral. Aquí la rima con los años treinta deja de ser elegante para volverse estridente. Cuando el líder redefine la ciudadanía como identidad moral cerrada, la democracia muere por asfixia semántica. Los excluidos ya no son adversarios: son infecciones que el cuerpo nacional debe “sanar”.
La criminalización de la víctima no es cinismo: es cálculo. Nombrar a una muerta como “peligro” es el truco más viejo del manual autoritario. Si conviertes a Renee Good —ciudadana, madre, vecina— en una amenaza potencial o en un “terrorista doméstico”, derrumbas la empatía por diseño. Naomi Klein lo explicó en su Doctrina del Shock: el poder aprovecha la desorientación de la catástrofe para empujar lo que en tiempos normales sería inaceptable. Si el muerto es el culpable, el Estado se absuelve. Y cuando el Estado se absuelve, el exceso empieza a parecer virtud.
¿Para qué gastar en camisas pardas (Gestapo) cuando se tiene una agencia federal con presupuesto casi infinito y tecnología de punta? El ICE de Trump opera como una guardia pretoriana con plan de retiro. Fascismo juridificado. No rompen vitrinas si pueden emitir órdenes; no marchan, despliegan; no improvisan, legalizan. La violencia estatal de 2026 no es caótica: es tecnocrática, pulcra, blindada por procedimientos y por una retórica que la santifica bajo el nombre de “seguridad nacional”. Cuando una fuerza federal puede abatir a una ciudadana y la respuesta oficial es la apología del ejecutor, la moral del líder ya se comió a la Constitución.
Piketty recordó que la desigualdad no es solo de ingresos, sino de poder político, y esa brecha es el caldo donde la seguridad sustituye a la democracia. En sociedades corroídas por la ansiedad económica, el miedo es el producto más fácil de privatizar: el Estado lo empaqueta, lo vende como identidad y lo convierte en votos antes de que el cuerpo de la víctima toque el suelo.
Minneapolis no es el final de nada, es el examen. Si la mayoría acaba creyendo que las protestas por justicia son más peligrosas que el agente del ICE que dispara sin rendir cuentas, la expansión del poder federal habrá salido barata. El horror es hoy la gramática de gobierno y el dilema no es jurídico, es narrativo: ¿quién captura el miedo? Porque quien capture el miedo de la clase media captura el destino del país. La democracia deja de ser un derecho y se vuelve una concesión revocable. Esa —y no otra— es la verdadera gramática del horror.
