El Departamento del Tesoro ha emitido sanciones contra altos funcionarios, policías, militares y hasta organismos del gobierno venezolano. Delcy Rodríguez y un hijo de Maduro están en la lista.
Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, el gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra a 120 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, acusándolos de actos antidemocráticos, corrupción y violaciones a derechos humanos; publica MILENIO.
Una investigación de MILENIO con base en los archivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, órgano del Departamento del Tesoro) encontró que durante los últimos 12 años, que corresponden a la gestión del presidente Maduro, generales del ejército, secretarios de Estado, burócratas, policías y militares fueron incluidos en el programa de sanciones estadunidense.
Las sanciones implican la prohibición a cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos de realizar transacciones con tales personas, lo cual sirve como una herramienta de presión financiera y diplomática para el poder en Venezuela. En algunos casos Washington ha condicionado el levantamiento de estas medidas a que los sancionados se distancien públicamente de Nicolás Maduro.
La mayor parte de las sanciones han ocurrido durante las administraciones de Donald Trump: la primera, que abarcó de 2017 a 2021, y la segunda, que inició en enero de 2025. Durante estos periodos fueron señalados 98 funcionarios ligados al gobierno venezolano, es decir el 82 por ciento del total.
Mientras que algunos casos documentan acusaciones específicas de represión a ciudadanos por parte de órganos estatales, en otros las justificaciones son más vagas. El mismo presidente Maduro fue incluido en la lista de sancionados el 31 de julio de 2017, un día después de que su gobierno celebrara las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta Asamblea es, según la Constitución venezolana de 1999, un cuerpo especial y temporal convocado para revisar o reescribir la Carta Magna, con autoridad para reestructurar el Estado y sus instituciones. Pero fue precisamente la convocatoria de 2017 la que acabó convirtiéndose en el principal punto de quiebre entre Venezuela y Estados Unidos.
Washington calificó el proceso de ilegítimo y acusó al gobierno de Maduro de buscar “usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario”.
El gobierno venezolano, por su parte, argumentó que el órgano constituyente era un mecanismo legal contemplado en la Constitución y necesario para enfrentar la crisis política del país.
El dedo acusador contra 120 maduristas
Actualmente hay 52 funcionarios y ex funcionarios señalados por actos que Estados Unidos considera antidemocráticos, 46 acusados de diversos actos de corrupción y 22 vinculados a acusaciones de violaciones a derechos humanos. En total, sobre 120 personas pesan los señalamientos.
El gobierno venezolano ha denunciado sistemáticamente estas medidas como injerencia en sus asuntos internos y parte de una estrategia para forzar un cambio en el poder. Añade que las sanciones constituyen un “bloqueo económico” ilegal que ha agravado la crisis humanitaria en el país.
Lo cierto es que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tiene raíces que van más allá de las acusaciones de violaciones a derechos humanos. Incluye disputas sobre la nacionalización del petróleo desde el gobierno de Hugo Chávez, el control de las enormes reservas petroleras del país y tensiones geopolíticas relacionadas con las alianzas de Venezuela con Rusia, China e Irán.
Las primeras figuras de alto nivel del gobierno venezolano en ser sancionadas fueron funcionarios cercanos a Maduro. En septiembre de 2018, el Tesoro estadunidense dijo estar señalando al “círculo interno” del presidente por corrupción.
Entre los sancionados destacan Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y actual presidenta encargada de Venezuela, acusada por Washington de liderar esfuerzos para socavar la democracia; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, señalado como parte de una red de corrupción, así como Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, acusado de respaldar la represión estatal.
El hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, también fue señalado en junio de 2019 como miembro de la Constituyente y operador en estrategias de propaganda. Nicolasito como le llaman, recibió además acusaciones de narcotráfico por parte de la Fiscalía estadounidense en la Corte del Distrito Sur de Nueva York junto a su padre, Nicolás Maduro Moros, la esposa de este, Cilia Adela Flores de Maduro (ambos ya en territorio estadunidense), Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín.
Otro caso destacado es el de Freddy Bernal, ex ministro de Agricultura Urbana; primero fue acusado de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y posteriormente fue señalado de formar parte de un esquema de corrupción en el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano (CLAP).
En la mira órganos policiacos, militares y gobernadores
En 2019, la estrategia del Tesoro estadunidense escaló de apuntar a figuras políticas individuales a señalar directamente instituciones completas. La acción más visible fue la sanción a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como institución, debido a lo que Washington la designó generadora de graves abusos de derechos humanos.
Los informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC, citan actos de tortura y señalan específicamente la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, un militar que fue detenido el 21 de junio de 2019 por agentes de la mencionada DGCIM, bajo la acusación de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro.
Los principales funcionarios sancionados fueron Iván Rafael Hernández Dala, entonces director general de la Dirección, y Alexander Enrique Granko Arteaga, quien era director de Asuntos Especiales de la misma institución. El Departamento del Tesoro identificó a Hernández Dala como el líder directamente responsable de las acusaciones de tortura, y a Granko Arteaga como el operador.
Las sanciones también se extendieron a líderes regionales, muchos de ellos figuras militares. Las primeras designaciones en 2018 incluyeron a Rodolfo Marco Torres, ex gobernador de Aragua y general en jefe del Ejército, y a Francisco Rangel Gómez, ex gobernador de Bolívar y general retirado. Ambos fueron señalados por presuntas prácticas corruptas.
En febrero de 2019, el Tesoro sancionó a cuatro gobernadores más: Omar Prieto, del estado Zulia; Ramón Carrizalez, de Apure; Jorge Luis García Carneiro, de Vargas (ahora La Guaira), y Rafael Lacava, de Carabobo.
Todos ellos merecen sanciones, según la OFAC, debido a su presunto papel en el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria al país, y su alineación con Maduro en medio de la crisis política.
En febrero y marzo de 2019, las sanciones se dirigieron contra altos mandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, acusándolos de participar en actos de represión.
El 15 de febrero, el Tesoro sancionó a Rafael Enrique Bastardo Mendoza, identificado como comandante de las FAES, y a Manuel Ricardo Cristopher Figuera, entonces director general del SEBIN.
El 1 de marzo, la Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro amplió las sanciones relacionadas con el episodio de los convoyes de ayuda humanitaria en la frontera, sancionando a José Miguel Domínguez Ramírez y Cristhiam Abelardo Morales Zambrano, ambos vinculados a las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
Según Estados Unidos, estos cuerpos venezolanos habían incendiado los camiones de ayuda, aunque una investigación del The New York Times cuestionó posteriormente esta versión, señalando que el fuego posiblemente se originó del lado de la oposición.
En el caso de Cristopher Figuera, el Tesoro lo retiró de la lista de sancionados en mayo de 2019, después de que rompiera con Maduro y huyera del país. Es decir, fue premiado por Washington.
Tampoco fueron por el Poder Judicial y asambleístas
Asimismo, las sanciones también encontraron su destino en líderes de la Asamblea Constituyente. El 9 de agosto de 2017, Estados Unidos sancionó a ocho personas por “organizar o apoyar” la creación de este órgano.
Entre los sancionados destacan Tarek William Saab, quien fue designado Fiscal General de la República por la Constituyente, tras la destitución y posterior huida del país hacia España de Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno en las protestas masivas de 2017. Saab, por cierto, continúa en el cargo.
También pesa sanción desde 2020 sobre otro congresista, Luis Parra, por su participación en un intento de juramentarse como presidente de la Asamblea Nacional en un proceso que no contó con la aprobación del Parlamento. Parra falleció ese mismo año.
El 18 de mayo de 2017, la OFAC sancionó a Maikel Moreno, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), junto a siete magistrados de la Sala Constitucional.
El Tesoro justificó esta medida citando sentencias que, según su evaluación, anularon la autoridad de la Asamblea Nacional, incluyendo decisiones que retiraron la inmunidad parlamentaria y permitieron que el Ejecutivo gobernara por decreto de emergencia.
La situación de Moreno se complicó en enero de 2023, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado en Miami lo acusó formalmente de presunto lavado de sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales, por montos superiores a los 10 millones de dólares.
En diciembre de 2020, el Tesoro extendió las sanciones contra figuras como Lorena Carolina Cornielles Ruiz, jueza de ese país, y Ramón Antonio Torres Espinoza, fiscal, por su vinculación con el caso conocido como Citgo 6, cuando seis ejecutivos petroleros de la filial estadounidense Citgo fueron detenidos en Venezuela.
Los ejecutivos fueron arrestados en Caracas en 2017 acusados de malversación de fondos públicos. Washington denunció el caso como una detención con fines políticos y un juicio sin garantías adecuadas. Los seis de Citgo fueron finalmente liberados en octubre de 2022 como parte de una negociación diplomática de alto nivel.
Los impactos de las sanciones
El efecto de las sanciones sobre la población venezolana ha generado un intenso debate internacional. La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, concluyó en 2021 tras una visita a Venezuela que las sanciones han tenido un “efecto devastador” sobre los derechos humanos de la población, especialmente en sectores vulnerables.
Según el informe de Douhan, las sanciones han agravado la crisis económica y humanitaria preexistente al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para mantener infraestructura y programas sociales.
Otros relatores especiales de la ONU manifestaron preocupaciones similares. Idriss Jazairy, por ejemplo, advirtió en 2019 que le preocupaba especialmente “escuchar los informes de que estas sanciones están dirigidas a cambiar el gobierno de Venezuela”.
Y todo indica a que, en efecto, tales sanciones representaron la antesala de la enorme sacudida que cimbró a Venezuela: hace unos días el presidente Nicolas Maduro fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos y una de las primeras exigencias del gobierno estadunidense fue el envío de millones de barriles de petróleo venezolano a su país.
Imagen portada: MILENIO
