Aunque los indocumentados en EU pagan cuotas anuales de 34 mil millones de dólares, éstos no reciben beneficios. Organizaciones proponen ajustar las reglas del T-MEC.
Afuera nieva. Marco Antonio Huerta vería ese espectáculo si pudiera enderezarse unos centímetros de la cama y mirar detrás de los bambús colocados en el alféizar que colocó Martina Díaz, la madre que lo cuida día y noche después del accidente en que una mujer estadunidense golpeó la llanta trasera de su motocicleta y el muchacho salió disparado. Quedó cuadripléjico a los 31 años, contó a MILENIO.
Es la hora de la masoterapia y la señora Martina dobla la mano de su hijo hacia adelante y hacia atrás, codos y piernas en movimientos circulares. Marco sonríe. Se sabe querido y especial porque esta tarde tiene visitas y comió manzana troceada en cuadritos, cacahuates salados y pistaches que la madre colocó en la boca.
Masticar y reír son los únicos movimientos que logra por sí mismo. Sin seguro médico, no se ha rehabilitado en lo mínimo. La familia hace lo que puede, se basa en tutoriales. Una terapia privada de ese nivel le costaría unos 3 mil dólares al día, mucho más de lo que cuesta la renta mensual a la hermana y al cuñado, que cubren ese gasto.
MILENIO entrevistó a Marco Antonio, un indocumentado al que Estados Unidos le niega los servicios médicos, aunque durante años –no puede explicar cuántos porque no puede hablar ni escribir– le descontó el 7.5 por ciento de su salario como chef, panadero y mecánico para seguridad social y cobertura médica que ahora le niega.
Pero no solo a Mario Antonio Huerta, este país también se lo niega a otros 5.4 millones de indocumentados en circunstancias semejantes.
A través de este esquema, el gobierno estadunidense se ha hecho de miles de millones de dólares. Cálculos del Instituto de Tributación y Política Económica, señalan que aún sin papales, los migrantes pagaron en 2022, 33.9 mil millones de dólares: 25.7 mil millones para Seguro Social, 6.4 mi millones para Medicare y 1.8 mil millones para desempleo. Nada de ello pueden reclamar.
Buscan condiciones más equitativas para trabajadores
Aarón Díaz, organizador de políticas y acción comunitarias que ha participado en los foros de consulta de la Secretaría de Economía rumbo a la renegociación del T-MEC que se dará en junio próximo, asegura a MILENIO que tanto él como otros activistas sugirieron al gobierno mexicano que pelee porque se reconozcan aquí y allá las aportaciones a seguridad social y salud; señala MILENIO.
“Una opción sería que el dinero se mantuviera en Estados Unidos pero otorgando derechos y prestaciones allá, o que se transfiera a México para que las personas pudieran, por ejemplo, mantener una cuenta Afore y eventualmente, acceder a un retiro bajo la modalidad que correspondiera”.
Para ello, advierte, tendría que reconocerse en ambos países tanto el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) como del Seguro Social, demostrando los beneficios que esos pagos generan para ambas naciones.
Consultada por este medio, la Comunicación Social de la Secretaría de Economía señaló: “Vamos a pedir simplemente condiciones muy equitativas en el terreno laboral”.
Con la ley bajo el brazo, Estados Unidos quita impuestos sin mirar el estatus migratorio, pero impide los servicios de salud con el argumento de que las personas no tienen papeles, una doble moral que Georgina Parra, contadora especializada en este perfil, la vuelve números:
“Cuando un trabajador es parte de una nómina, se le descuenta obligatoriamente una cuota del 15 por ciento de su salario y la compañía pone otro tanto. Las empresas no están obligadas a revisar el estatus regular de sus empleados cuando tienen menos de 25 trabajadores; cuando son más, los incorpora como subcontratistas a través del ITIN”.
Un indocumentado puede solicitar un ITIN para presentar sus impuestos como trabajador autoempleado o como empresario y no le preguntan su estatus regular. En enero de 2021, se estimaba que había 5.4 millones con este perfil para contribuir al fisco estadunidense.
—¿Te imaginas esas cantidades multiplicadas por décadas?—
dice a MILENIO Jesús Vargas, fundador de la Organización de Justicia para Inmigrantes Mexicanos (Mijos), quien es un invitado en casa de la familia de Martina.
Jesús y Marco Antonio son tan amigos como lo permiten las circunstancias, la inmovilidad, sus respectivos papeles de activista y víctima. Se iluminan sus ojos solo de hablar de muchachas, «¿cuántas novias tienes?», dice uno, y el otro suelta estruendosa carcajada, sabedor de sus encantos de rubicundo de ojos grandes, aún engurruñado de pies y manos.
¿Accidentado? A rascarse con sus propias uñas
Jesús Vargas ha documentado 365 casos de mexicanos que han quedado incapacitados de por vida en diversos accidentes laborales o callejeros a los que se les negó atención médica integral. A ellos los considera un estandarte contra la negación de los servicios de salud, una de las actitudes más perversas de los últimos tiempos, desde su perspectiva.
De modo que tiene una lucha casada con el tema. Para ayudar, ha hecho de todo: desde dar masajes a las víctimas a contactarlos con abogados; protestar en las calles, encarar a un político de pocas pulgas –como Gerardo Fernández Noroña, durante un foro público de Chicago– hasta apersonarse en Palacio Nacional.
“Fui a pedir formalmente al gobierno de Claudia Sheinbaum que dejara de llamarnos ‘héroes’, ya que cuando caemos en desgracia, nos ignoran”, lamenta frente a Marco Antonio y Martina.
“En Estados Unidos no existimos para servicios de salud, pero sí para pagar impuestos. Para México sólo somos fuente de remesas”.
En esta indignación, no están solos. Líderes y migrantes exigen a México que este 2026 tome las riendas en lugar de ir por ahí con “actitud taimada”, “nadando de muertito” frente al abuso del gobierno gringo que se queda ventajosamente con el dinero de salud de trabajadores vulnerables.
Consideran que el Estado mexicano está en el momento para un justo reclamo por dos razones: la primera es porque este año será la renegociación del Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que desde sus orígenes en 1994 excluyó del acuerdo la carta más fuerte de México: el capital humano.
La segunda porque, a partir del 1 de octubre, la Ley de Asignación de Beneficios de Medicaid del presidente Donald Trump restringirá la elegibilidad para servicios de salud a otros espectros de migrantes como asilados, refugiados, sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas.
Que lo recaudado sirva a los que pagan
“Las condiciones laborales de los indocumentados son corresponsabilidad de los dos gobiernos”, señala a MILENIO Efrain Jiménez, coordinador del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (Colefom), que actúa en Estados Unidos y Canadá, una de las más fuertes en Norteamérica.
A su juicio, el gobierno mexicano puede empezar a buscar diálogos para que, con voluntad política, Estados Unidos devuelva al menos una parte de esos cobros que les aplican sin proporcionar a cambio los servicios de salud.
“Si no quieren a los migrantes allá, esto ayudaría a los deportados, por ejemplo, a reintegrarse más fácil en México con un capital semilla para crear una microempresa o proyecto productivo y no se vean obligados a volver”.
Desde Casa Michoacán DuPage, en Chicago, su director José Luis Gutiérrez subraya que “aunque legalmente no esté previsto”, sí hay fundamentos éticos, políticos y diplomáticos para que México plantee una solicitud así.
De lo contrario, afirma, “Estados Unidos seguirá fortaleciendo la teoría conspiracionista (suspicaz) de que quiere mantener el sistema que le permite recibir miles de millones de dólares de trabajadores que jamás podrán reclamar lo aportado”.
Graciela Rodríguez da cuenta de este juego. La limpiadora de casas ha vivido con el Jesús en la boca desde finales del 2025, por miedo a ser capturada por agentes migratorios cuando va a ver a sus clientes, que son americanos y requieren su trabajo.
Así, mientras el gobierno federal la persigue, el local avisa a la comunidad que la defenderá frente a ICE y emite alertas de la presencia de ICE.
“Nos necesitan, pero no nos quieren”, concluye.
La crisis llegó justo en la pandemia
A Martina le avisaron del accidente de su hijo una tarde que regresaba de su trabajo en la maquiladora de Tijuana con el que completaba la remesa de mil pesos semanales que Marcos le enviaba.
Fue el 12 de mayo de 2021, en plena pandemia Covid-19. Un amigo le llamó y dijo que Marco estaba en coma.
“Pues me voy para allá”, respondió sin dudar.
Se hizo la prueba del Covid-19 y pidió una visa humanitaria para ayudar a pacientes enfermos que perdió cuando Trump eliminó esa posibilidad, pero en aquel tiempo la ayudó para entrar a ver a su muchacho.
Marcos fue atendido en el hospital solamente porque la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia, que data de 1986, obliga a los centros de salud a atender a los indocumentados en caso de parto inminente o en riesgo de lesión permanente o muerte pero solo para estabilizar a los pacientes.
El seguro de la mujer que lo atropelló –una anciana de 77 años que no alcanzó a ver la motocicleta– dio a la familia de la víctima 100 mil dólares que alcanzó para las cirugías, algunos medicamentos y el abogado. Aún guarda 20 mil que administra la familia con mucho cuidado para pañales, comida y más medicamento. Ya para el dolor, ya para la presión, ora para somníferos, luego para el apetito.
Martina se dedica en cuerpo y alma a Marco Antonio. Nadie más va a cuidarlo, apenas ella. Su hija y yerno tienen dos niños pequeños y trabajan para pagar las cuentas de la renta, luz, comida.
Impotente, quiere regresar a México, al menos allá podría salir a pasear sin la nieve que se ve bonita desde la ventana, pero que en la calle hace que duelan los huesos.
Jesús Vargas habla con ella. A veces puede ser peor esa decisión, según se lo recuerdan los rostros que guarda en fotografías colgadas en las paredes de las oficinas de Mijos, justo para no olvidarlos. Ahí está el caso del indígena Quelino Ojeda, quien quedó cuadripléjico en 2010, luego de caer desde el techo de una casa que reparaba; reporta MILENIO.
No tenía familia en Estados Unidos pero sí muchos amigos que lo visitaban en el hospital, hasta que un día lo encontraron en el pasillo montado en una silla de ruedas, conectado a aparatos. Preguntaron a dónde lo llevaban, si lo iban a cambiar de cuarto, qué estaba pasando, pero no les dieron información y les echaron a los guardias de seguridad.
Fue cuando llamaron a Mijos. La organización hizo una protesta frente al hospital y así fue como se enteraron de que habían mandado a Quelino clandestinamente a Oaxaca, a bordo de una avioneta. Sin atención adecuada, murió un año después de la deportación.
“Lo fueron a tirar a Oaxaca como si fuera una bolsa de basura”, destaca Jesús Vargas, quien ha alertado a Martina sobre este caso que causó revuelo en la prensa nacional, aunque no tanto como para cambiar el hecho de que a los indocumentados les quitan dinero para un seguro médico que no recibirán.
La lista de ejemplos que dimensionan la gravedad de estas políticas es larga, y hay muchos detalles en Mijos. Por ejemplo, el de Héctor Alcocer, quien quedó en coma tras un accidente y el hospital aconsejó llevarlo a un asilo por falta de servicios médicos. Ahí lo acostaron en una cama y no lo movieron durante un mes. Se le agusanó la cabeza.
Santiago Zenón, por su parte, llegó al hospital Monte Sinaí por una bala perdida en el restaurante donde era cocinero. El personal lo desconectó en una especie de eutanasia sigilosa cuando no encontró a ningún familiar en Chicago.
“Nosotros metimos una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por negligencia del consulado, que debió estar atento a este paciente, pero no pasó nada”, reniega Jesús Vargas.
En la mayoría de los casos, los indocumentados no logran cobrar sus aportaciones ni siquiera en los casos de salud más graves; menos aún, en las enfermedades menores porque la ley así lo marca pero “una ley injusta se tiene que cambiar”, destacan los activistas que no quieren más de esos Marco Antonios, más Quirinos, Héctores, Gracielas, Santiagos…
Imagen portada: MILENIO
