Por José Jaime Ruiz
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice lo esencial sin barniz: representación garantizada para minorías y reducción de lo oneroso del aparato electoral, todo “sin afectar la operación” y sin tocar la autonomía del INE. Bien. Pluralidad, ahorro razonable, árbitro intacto. El menú completo. Falta un detalle mínimo: que la aritmética no contradiga la promesa.
Porque en la propuesta que se asoma desde la comisión gubernamental aparece el bisturí con forma de tijera: reducir en 100 a los diputados y en 32 a los senadores, ambos de representación proporcional. Y aquí empieza la aritmética electoral. La representación proporcional es el mecanismo que impide que una mayoría territorial —a veces por márgenes estrechos— se convierta en mayoría absoluta de poder. Si recortas ese carril, no estás “ahorrando”: estás moviendo la meta.
Hasta ahí, el debate sería serio. Pero México no discute reformas: discute relatos. Y cuando la narración se calienta, aparecen las cúpulas a defender “la democracia”. Es conmovedor. La democracia, en ciertas bocas, funciona como paraguas: sirve para pedir pluralismo y, de paso, presupuesto. Ante la inminente reforma electoral de Sheinbaum —austeridad, menos legisladores— Claudio X. González y figuras como Lorenzo Córdova y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes de la disuelta Marea Rosa, coinciden en la misma exigencia: más recursos públicos para los partidos y defensa cerrada de los plurinominales. Qué noble, qué cívico, qué rentable.
Porque si algo le interesa a las cúpulas no es la democracia en abstracto, es la democracia como instrumento: la que garantiza que el sistema de partidos sobreviva incluso cuando pierde votos, territorio y credibilidad. El argumento es impecable por su cinismo: si el gobierno quiere recortar, entonces hay que exigir lo contrario. Si la ciudadanía quiere menos gasto, entonces hay que pedir más presupuesto. Si la gente detesta a los pluris, entonces hay que defenderlos como si fueran patrimonio histórico. Y si un partido no llega al 3 por ciento, pues no importa: que siga cobrando, que siga apareciendo, que siga existiendo, aunque sea como franquicia.
El punto de fondo es éste: la defensa corporativa de plurinominales y del financiamiento no necesariamente defiende al ciudadano; puede defender, con entusiasmo, el ecosistema de rentas del sistema partidista. Y ahí la derecha es experta: indignación moral arriba, presupuesto abajo. Les molesta el gasto cuando va a programas sociales, pero lo encuentran “democrático” cuando va a prerrogativas. Les irrita el Estado cuando regula, pero lo veneran cuando subsidia partidos.
Y luego está el truco semántico: confundir “plurinominal” con “proporcionalidad”, como si fueran lo mismo. No lo son. El pueblo no odia la proporcionalidad, odia que algunos lleguen al Congreso sin territorio, por lista de cuates, como si el curul fuera beca de fidelidad. El problema no es el principio, el asunto es el empaque: listas cerradas manejadas por dirigencias, legisladores flotantes, rendición de cuentas evaporada. El ciudadano no rechaza la pluralidad, rechaza la impunidad del reparto.
Tampoco conviene tragarse el cuento inverso. Porque recortar representación proporcional sin sustituto fuerte sí puede fabricar mayorías infladas. La frontera entre gobernar y dominar se mide con una sola regla: qué tan cerca quedan votos y escaños. Si el nuevo diseño amplía la distancia, el voto empieza a valer distinto según el lugar donde caiga. Hay votos que se vuelven curul y votos que se vuelven polvo. Eso no es eficiencia, es sesgo.
Entonces, ¿qué le conviene al pueblo y a la democracia real? Una fórmula sin sentimentalismo: proporcionalidad sin fantasmas. No cortar la pluralidad, aterrizarla. ¿Mantener 500 diputados?, discutirlo, pero elegirlos proporcionalmente en las 32 entidades, con anclaje territorial obligatorio. Que no existan legisladores flotantes paridos por dirigencias. Y si hay que corregir distorsiones, que exista compensación nacional con destino estatal: que el ajuste se haga donde el partido tuvo fuerza real, no en una lista de humo.
¿Y el dinero? Reducir costos es sensato, pero sólo con controles brutales: fiscalización que funcione, topes que se cumplan, sanciones que duelan. Porque recortar sin candados abre la puerta al financiamiento opaco y, de pronto, lo demás da igual. El dinero opaco entra por la puerta, la competencia sale por la ventana. Así de simple.
La pregunta frontal: ¿reforma para corregir la representación o reforma para redistribuir el poder entre élites? Porque una cosa es defender minorías reales, otra es subsidiar minorías artificiales. Una cosa es cuidar al INE, otra es usarlo de coartada. Y una cosa es austeridad democrática, otra es austeridad selectiva con presupuesto blindado para los de siempre. En ese filo estamos.
Al final, el espectáculo es tan circular como cínico: nos venden la defensa de la República cuando lo que en realidad custodian es la vigencia de su tarjeta de crédito. Existe una obscenidad aritmética en ver a la derecha —esa que siempre tilda de «populismo» cualquier centavo destinado al bienestar ajeno— aferrarse con uñas y dientes al subsidio de sus propias siglas moribundas. No defienden el voto, defienden el derecho a ser la minoría más cara del mundo; no protegen la pluralidad, protegen la beca de quienes, incapaces de ganar en la calle, pretenden seguir reinando en el presupuesto. En esta comedia de equívocos, la «democracia» no es el fin, es solo el blindaje para que los de siempre sigan cobrando la factura de un país que ya no les cree, pero que los sigue manteniendo.
