Por José Jaime Ruiz
La desaparición del profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico vinculado a la Universidad Iberoamericana, dejó a algunas autoridades ante una escena impúdica: se pueden desplegar operativos, emitir comunicados y colgarse la medalla del “localizado con vida”; lo que no puede –sin costo político– es narrar el episodio con huecos y pedir que nadie los note.
Un arranque consuetudinario: “falta administrativa”. Escobar fue visto por última vez en el Aeropuerto de Monterrey el 31 de diciembre y, desde entonces, la historia se sostiene sobre esa fórmula elástica: sirve para justificar una detención, pero rara vez para explicar el hecho con detalle. La falta derivó en 36 horas de custodia.
El municipio de Apodaca salió a fijar postura con un comunicado pulcro, de manual. Asegura que el profesor no ingresó ni salió con golpes, salvo “enrojecimiento leve en ambas muñecas”; que se practicó revisión médica; que recibió alimento e hidratación; y que fue liberado el 2 de enero a las 7:26, “por su propio pie”, “sin signos de confusión o desorientación”. En resumen, procedimiento impecable, expediente cerrado, a otra cosa.
Solo que el caso no coopera con la prosa institucional. Porque la otra versión –la de Escobar– no cabe en una lista de verificación. Tras días sin aparecer, fue localizado en un centro de rehabilitación en Juárez, donde lo resguardaron y luego lo identificaron. En testimonios retomados por la prensa nacional, sostuvo que sufrió agresiones y que presentaba lesiones, incluyendo fracturas de costillas, y dijo contar con respaldo médico.
Aquí conviene ser exactos: lo que está reportado es la afirmación del afectado sobre corroboración médica. Sin embargo, no está publicado de forma abierta, en esas mismas fuentes, el dictamen íntegro con folios, institución, firma, fecha y peritaje completo. Dicho de otra manera: hay relato, hay denuncia pública; el documento verificable completo no se ha puesto sobre la mesa, pero incluso si uno aparta el debate clínico, queda lo que no se puede barrer, el quiebre de la secuencia. Porque si el profesor salió “sin desorientación” y “por su propio pie”, alguien tiene que explicar cómo termina, días después, vulnerable al grado de acabar resguardado por un anexo. Eso no es un detalle menor, es el eje.
La cadena pública, resumida, es esta: Aeropuerto → falta administrativa (sin claridad) → Guardia Nacional → Policía de Apodaca → liberación → desaparición → días sin rastro → resguardo en un centro de rehabilitación → localización oficial.
Apodaca agrega un argumento técnico para marcar distancia: que no pudo subir la detención al Registro Nacional de Detenciones porque “no fue primer respondiente”. El comunicado sostiene además que la Guardia Nacional lo entregó por “alterar el orden en el aeropuerto”. La frase suena fuerte, pero no es precisa. Nombra la categoría, no el hecho. Y cuando de esa etiqueta se desprenden 36 horas de arresto, la diferencia entre “generalidad” y “detalle” deja de ser un capricho periodístico, es una exigencia ciudadana. ¿Qué orden alteró el profe Leo? Misterio.
Hay otro dato que complica el cuadro: el propio comunicado refiere que, según indagatorias de la Fiscalía, Escobar habría regresado al aeropuerto el 2 de enero, antes del reporte formal de desaparición. Ese movimiento admite interpretaciones –búsqueda de orientación, intento de volver, confusión funcional–, pero no borra lo esencial: entre la liberación y el hallazgo hay un tramo que sigue sin explicación completa. Y el caso, además, no se va a evaporar con facilidad. No sólo por lo que le ocurrió a una persona, sino por la presión que significa el entorno institucional: la Ibero y el Sistema Universitario Jesuita no suelen conformarse con el “ya apareció, gracias”.
¿Cómo un arresto administrativo terminó en dos semanas de incertidumbre y en un académico localizado fuera de circuito, en un centro de rehabilitación? La autoridad tiene su versión, con protocolo y horario. El afectado tiene su denuncia pública y su relato de lesiones. Lo que falta es lo que decide esta increíble y triste historia: cámaras, bitácoras, registros, dictámenes, nombres y responsabilidades.
