Por Efrén Vázquez Esquivel
La primera lección que la nueva Corte de Justicia recibió de la opinión pública, después de casi cinco meses de haber iniciado funciones, se expresó con claridad en el caso de la compra de camionetas blindadas de lujo destinadas a los ministros. El reclamo social fue inmediato y contundente: “Que no vengan con el cuento de la austeridad republicana”.
No se trató de una reacción menor ni de un desliz comunicativo, sino de una crítica directa a la falta de congruencia entre el discurso público del nuevo régimen y las prácticas materiales de la Corte, que evidenció una profunda desconexión con las exigencias éticas y simbólicas de nuestro tiempo.
La vieja Corte incurrió en prácticas similares en numerosas ocasiones y, desde el punto de vista jurídico, al interpretar la ley conforme a la política jurídica –entendida como los criterios de valor incorporados por el legislador en la norma–, sus decisiones podían ser legalmente válidas, pero no legítimas.
Los ministros olvidaron que su autoridad no se agota en la validez formal de sus actos fundados en normas, sino que, dependiendo de la situación, también exige una adecuada comprensión de los fenómenos que interpreta, algo que en este caso la Corte no logró.
No lograr la comprensión no llevó a que la Corte perdiera autoridad por la compra de las camionetas; la perdió, eso sí, en el momento en que, olvidando la teoría de la comprensión dejó de preguntarse qué significa ser Corte en este tiempo histórico.
La legalidad se refiere a la conformidad de un acto o decisión con el orden jurídico vigente. Un acto es legal cuando se emite por una autoridad competente, sigue el procedimiento establecido y se funda en normas válidas. Legitimidad, en cambio, alude al reconocimiento, aceptación o justificación del poder por parte de la sociedad a la que se dirige.
Un poder es legítimo si es percibido como justo o razonable, responde a valores compartidos y genera adhesión y confianza. En síntesis, la legitimidad de la Corte depende de su capacidad para alinear sus decisiones con las expectativas de justicia, austeridad y equidad que la sociedad tiene respecto del Estado.
