Por Efrén Vázquez Esquivel
La libertad de expresión, entendida como la manifestación pública de ideas sin sujeción a inquisición judicial o administrativa, fue incorporada al orden constitucional mexicano en 1824. Previamente, Estados Unidos y Francia habían hecho lo propio en sus Constituciones de 1787 y 1791, respectivamente.
En México, esta libertad fue reconocida inicialmente en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, de 31 de enero de 1824, cuyo texto establece: “La libertad de imprenta queda garantizada”; sin embargo, fue hasta la Constitución de 1857 cuando se consagró de manera expresa y sistemática en los artículos 6 y 7.
Durante el siglo XIX, y de manera particular en las tres primeras décadas del siglo XX, se cometieron numerosos excesos contra la libertad de expresión en México. Los hermanos Flores Magón –Jesús, Ricardo y Enrique– fueron perseguidos sistemáticamente por el régimen de Porfirio Díaz; no obstante, el atentado más ignominioso y brutal contra la libertad de expresión fue el asesinato del senador, médico y periodista Belisario Domínguez.
Las reformas al Artículo 6 reiteran que la libertad de expresión está sujeta a responsabilidades cuando afecta la moral pública, la vida privada o los derechos de terceros; no obstante, pese a las quejas sobre su supuesta anulación en los gobiernos de la 4T, hoy el problema visible –acentuado por la inteligencia artificial– es la proliferación de fake news.
Vivimos en un ambiente de desinformación estructural y el legislador ha hecho muy poco –por no decir nada– para contener la proliferación de fake news. Las noticias falsas o la información engañosa presentada como noticia verdadera pueden generar daños irreparables a muchas personas, sin que, al parecer, existan mecanismos eficaces de responsabilidad y reparación acordes con la magnitud del problema.
Creo necesario revisar los textos de los artículos 6 y 7, el legislador ha hecho un galimatías. Tómese en cuenta que sin libertad de expresión no hay posibilidad de desarrollo del pensamiento, ni posibilidad de verdad y que, además, el abuso de la libertad de expresión genera desorden e incertidumbre…
El autor es director científico de la Academia Mexicana de Metodología Jurídica y Enseñanza del Derecho, AC.
