Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a que cualquier acusación sobre presuntos actos de extorsión y despojo en Nuevo León sea canalizada a través de las vías legales correspondientes. Lo anterior, tras ser cuestionada sobre una supuesta red de corrupción que operaría desde la alcaldía de Monterrey.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue consultada sobre diversos señalamientos que involucran al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano, Filiberto de la Garza.
Los señalamientos: Extorsión y acoso institucional
De acuerdo con la exposición realizada en la sesión de preguntas, la red operaría presuntamente a través del despacho jurídico De la Garza Vega. Se acusó el uso de:
- Clausuras arbitrarias y acoso institucional.
- Persecución judicial contra empresarios y giros comerciales.
- Presunta colusión con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por Javier Enrique Flores Saldívar.
El reporte presentado ante la presidenta sugirió que el aparato de justicia local se estaría utilizando para la fabricación de delitos, la integración de carpetas de investigación y la ejecución de cateos recurrentes como medida de represalia política, afectando incluso a directivos de medios de comunicación.
La postura del Gobierno Federal
Ante la pregunta expresa sobre si la administración federal tiene conocimiento de estos hechos o si se contempla la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR), Sheinbaum Pardo fue tajante y llamó a presentar pruebas ante la justicia.
“No tenemos conocimiento y, si alguien lo quiere denunciar en la Fiscalía General, pues que lo denuncie”, puntualizó la jefa del Ejecutivo.
Con esta declaración, la Presidenta desmarcó al Gobierno Federal de las investigaciones locales, enfatizando que la responsabilidad de actuar recae en quienes posean pruebas de dichas irregularidades para que inicien los procesos formales en las instancias judiciales.
