Ante los vacíos legales, el Pleno validó que las o los firmantes acudan a las personas juzgadoras para que estos contratos sean verificados y si cumplen las garantías y se respetan los derechos humanos de las madres biológicas, se ordene al Registro Civil expedir las actas de nacimiento de las hijas o hijos; informa Once Noticias.
“Es indispensable para asegurar, que la persona gestante otorgó un consentimiento libre, previo, informado, prestado sin coacción, engaño o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”, aseguró Loreta Ortiz Ahlf.
Análisis del caso: Pareja homoparental en la CDMX
Ministras y ministros analizaron el caso de una pareja de la Ciudad de México conformada por dos hombres que suscribió un contrato con una mujer, a quien se le implantaron los embriones mediante fertilización in vitro.
La pareja solicitó que un juez tuviera conocimiento del hecho y luego del alumbramiento ordenará al Registro Civil expedir el acta de nacimiento del hijo o de la hija de ambos. Sin embargo, el juzgador rechazó la petición con base en el Código Civil Federal, el cual establece que la filiación no puede ser materia de convenio ni de transacción, el tema fue motivo de discusión en el Pleno.
Debate en el Pleno y autonomía de los estados
“No se trata de convalidar o de darle el carácter de contrato que la norma se lo niega, sino, desde mi perspectiva, la función del juez es de garantizar que todas las partes tengan garantizados o se respeten sus derechos”, aseveró Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN.
“Si las entidades federativas han determinado regular o no la gestación subrogada o sustituta, esa es determinación de cada Congreso”, señaló Irving Espinoza Betanzo, ministro de la SCJN. Por último, Irving finalizó asegurando que: “Eso no quiere decir que por sí mismo a nosotros como Poder Judicial nos permita regular algo que ni siquiera está regulado”.
La maternidad sustituta o subrogada únicamente está legislada en Tabasco y Sinaloa. La resolución de la Corte brinda certeza a estos contratos y establece jurisprudencia, obligatoria, para todos los órganos jurisdiccionales del país.
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