En política los gestos se cobran, no de inmediato, no con discursos, sino con reacomodos silenciosos de poder. La entrevista de Samuel Alejandro García Sepúlveda con Bloomberg en Nueva York no fue una postal internacional más, fue un destape en clave financiera. Cuando habló de futuro, de horizonte y de “lo más alto”, dejó de ser gobernador en funciones y empezó a comportarse como aspirante presidencial rumbo a 2030. Eso, en Palacio Nacional, no pasó inadvertido.
Mientras Samuel Alejandro vendía proyección global, en México se movía el tablero: el traslado del conflicto de Nuevo León desde la mediación institucional hacia la arena partidista. Gobernación dejó de ser el canal. Morena tomó el control. Antes, figuras como César Yáñez aparecían como operadores técnicos en momentos de tensión. Hoy ese puente se evaporó. El nuevo eje se volvió político, directo, condicionado y, claro, electoral. La dirigencia nacional de Morena entró de lleno al Presupuesto 2026 y fijó términos públicos. Luisa María Alcalde fue clara: el respaldo vendría solo si se frenaba el endeudamiento impulsado por el Ejecutivo estatal. El dinero público dejó de ser administración y se convirtió en palanca. No casualidad, control.
En una mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la aprobación presupuestal corresponde al Congreso local y que, sin acuerdos, se mantiene vigente el presupuesto anterior. Y en su gira por Nuevo León confirmó el mensaje con hechos: evitó cualquier comentario sobre el gobernador o el conflicto fiscal, desatado por el PRIAN y acusaciones de chantaje, limitándose a sonreír, agradecer y seguir camino. Ahí se completa la hipótesis que hoy circula en voz baja en los pasillos del poder: la entrevista de Nueva York aceleró “el cerco”. No como castigo explícito, sino como reordenamiento estratégico.
Samuel Alejandro dejó de ser aliado cómodo y empezó a ser actor autónomo con ambición nacional. Y en la política mexicana, eso se factura. La factura llegó en forma de convergencia. Morena comenzó a operar junto al PRI y PAN en el Congreso local. No por amor ideológico, sino por utilidad mutua. El viejo régimen, ese que la 4T juró enterrar, reapareció reciclado como socio táctico cuando resultó funcional para contener a Movimiento Ciudadano. Dentro de ese bloque, el PRI tiene rostro conocido, Adrián de la Garza, hoy convertido en referencia central del reagrupamiento opositor rumbo a 2027. No es un actor marginal: es la bisagra que permite al PRIAN volver a jugar con aval implícito del nuevo poder, por eso el arribo de Alejandro Alito Moreno y su espaldarazo con acento de botín.
Así opera el nuevo mapa: Morena presiona con presupuesto, el PRIAN converge con votos, Palacio Nacional “se repliega y deja hacer”. Y Samuel Alejandro “queda cercado”. Concomitancia mediante, el ambiente político se cargó con disputas privadas transformadas en escándalos públicos, acusaciones cruzadas y procesos en revisión (Garage y Talleres, director del periódico Vanguardia, Sergio Gil y sus casinos), donde ni Sheinbaum ni Alcalde hicieron comentarios condenatorios.
La narrativa de la 4T habla de erradicar al viejo régimen, en Nuevo León decidió algo más práctico: usarlo cuando conviene. La ofensiva alrededor de la llamada “Ley Mariana” completa la pinza. Presentada como debate jurídico, operada como muro político para frenar a MC antes de que arranque formalmente la contienda. El 2027 empezó con el destape de 2030. Ahí está la clave del enojo silencioso: Samuel García se proyectó fuera del tablero local sin pedir permiso al centro y el Presupuesto se volvió arma: el PRIAN se vuelve útil. Y al destape no lo frenan de frente, le acomodan el camino para que tropiece
