Por José Jaime Ruiz
La política en Nuevo León y sus metástasis en Aguascalientes y Mexicali se explican desde la termodinámica del fraude: nada se crea, nada se pierde, todo se triangula. Lo que hoy estalla con la detención de Eugenio Maiz Domene no es un incidente fortuito, es el colapso de una arquitectura del engaño diseñada para succionar el erario durante décadas. Para que el fraude de Next Energy (y antes Intelliswitch con ahorros de energía fraudulentos o MD Iluminación Nacional) fuera posible, se requería de un “garante” financiero y ahí aparece Banca Afirme, propiedad de Julio Villarreal. El banco no solo fue el depositario de los fondos, fue el ejecutor de los fideicomisos blindados. En Baja California, la resistencia de Afirme a devolver 172 millones de pesos retenidos ilegalmente tras la cancelación de la planta solar de Jaime Bonilla reveló el rostro del banco como socio estratégico del esquema. Villarreal y su institución construyeron una ingeniería financiera tan bien blindada que el dinero siguió fluyendo hacia las cuentas de Maiz Domene, aunque no se generara ni un watt.
El modelo de “renta perpetua” a 30 años, un asalto que hipoteca a dos generaciones tuvo, como antecedente de compra de luminarias a Intelliswitch, en Cristina Díaz primero, luego con Francisco Paco Cienfuegos, también en Guadalupe, a sus principales habilitadores; a Fernando Larrazabal y Margarita Arellanes en Monterrey; recientemente a Jesús Nava en Santa Catarina. Todos ellos pavimentaron el camino para que los contratos de luminarias y energía se convirtieran en cheques en blanco. La red se tejió con hilos de seda en el Congreso local y se operó con puño de yerro en los municipios.
Si Maiz Domene es el músculo empresarial, el sistema requería de una neurona jurídica y un catalizador político. Jovita Morín encarna la erosión de la ética pública: de apoderada de Eugenio Maiz, y estratega en la sombra, a contralora municipal de Monterrey con Adrián de la Garza. El conflicto de interés es obsceno: la encargada de auditar al cártel es su antigua arquitecta legal. Detrás, la sombra de Paco Cienfuegos, quien “coincidió” en su diputación local con Jovita, el facilitador como compinche de Adrián de la Garza.
El verdadero éxito del Cártel de la Energía Fantasma no es solo el contrato, sino la temporalidad. Al proyectar los beneficios a 30 años, Maiz Domene, Julio Villarreal y sus socios políticos aseguraron una extracción de riqueza que trasciende trienios y lustros: en Aguascalientes, 20 mil millones de pesos; en Mexicali, 37 mil millones; en Monterrey, 7 mil millones de pesos. No buscaban eficiencia energética, encontraron la creación de una deuda eterna. Es el “fraude perfecto”: una planta que nunca arrancó, permisos que se prometieron y jamás aparecieron, y un banco que siguió cobrando como si los paneles iluminaran el desierto, mes tras mes.
El papel de Luis Donaldo Colosio Riojas debe definirse como el de un detonante reactivo, no preventivo: su administración heredó el contrato de la gestión de Adrián de la Garza, pero mantuvo los pagos. Su pecado administrativo fue la dilación, pues solo actuó cuando el costo político de sostener a Eugenio Maiz superó los beneficios de la inercia contractual. Bajo la lupa, y Maiz Domene tras las rejas, el cártel enfrenta su noche más larga, pero el blindaje persiste. Mientras Julio Villarreal mantenga la impunidad financiera de Afirme y Jovita Morín cuide los archivos en la Contraloría de Monterrey, el sistema seguirá vivo. En este Nuevo León de paneles solares que son escenografía, la única energía real es la indignación. La pregunta para Adrián de la Garza es simple: ¿La Contraloría está para vigilar el dinero de los ciudadanos o para cuidar el beneficio bancario de sus socios?
