¿De verdad el problema del aire en la zona metropolitana empezó ayer… o empezó hace décadas cuando nadie quiso ver lo que salía de las chimeneas?
¿Las tolvaneras son culpa del viento… o del polvo industrial que aprendimos a normalizar?
¿Las partículas suspendidas son un fenómeno natural… o la consecuencia de una omisión sistemática que permitió contaminar sin sanción?
¿Quién decidió que la atmósfera podía convertirse en basurero invisible mientras el PIB subía y las multas no llegaban?
Si durante años la permisividad fue la regla, ¿por qué ahora escandaliza que la autoridad finalmente sancione?
Cuando una empresa tiene daños ambientales probados, adeudos fiscales e irregularidades ante el SAT, ¿el problema es el método de clausura… o el expediente?
¿Nos preocupa más el sello de suspensión que los pulmones de millones de personas?
¿El debate público gira en torno a la técnica jurídica… porque incomoda mirar el fondo sanitario?
Si se levantan sellos con rapidez quirúrgica, ¿quién levanta las alertas ambientales que siguen marcando rojo?
¿Desde cuándo exigir el pago del impuesto ambiental es radicalismo y no simple cumplimiento de la ley?
¿Regular es autoritarismo… o apenas el mínimo civilizatorio que debió aplicarse hace 20 años?
¿La incomodidad empresarial es argumento suficiente para postergar la vigilancia estricta?
¿Queremos aire limpio o queremos evitar el conflicto?
¿Preferimos estabilidad política con smog o tensión institucional con monitoreo real?
¿El ruido mediático es defensa del empleo… o defensa del statu quo?
¿Nos asusta más la transición hacia una fiscalización efectiva que el historial de denuncias acumuladas?
Si el problema ambiental dejó de maquillarse, ¿estamos listos para enfrentar el costo político de limpiarlo?
Y, sobre todo:
¿Quién está dispuesto a decir abiertamente que prefiere la comodidad del silencio antes que el derecho a respirar?
