Por María Beasain
En el ecosistema político de Nuevo León surgió una especie botánica fascinante: el Activista Corporativo. Su hábitat natural no son los bosques, sino los convenios de asignación directa; su alimento no es el agua, sino las compensaciones ambientales que empresas y particulares pagan para obtener permisos. En el centro de este microclima se encuentra Cosijoopii Montero, director de Reforestación Extrema, quien ha descubierto que el mejor fertilizante para una asociación civil es, precisamente, la ausencia de luz… sobre sus finanzas.
La ironía de Montero es digna de una antología del cinismo. Durante años su retórica fue un látigo contra la ineficiencia gubernamental; hoy, su organización es un espejo de las peores prácticas que solía denunciar. Ante los cuestionamientos de la organización civil Vertebra, y el evidente malestar ciudadano, la respuesta de Montero ha sido un monumento a la evasión: sostiene que los millones que maneja no son “dinero público”, aunque provengan de convenios con el Gobierno del Estado y de cuotas que, para cualquier mortal con sentido común, funcionan como un impuesto al desarrollo.
El Triángulo de las Bermudas financiero
Resulta alarmante el hallazgo de la empresa Conneccion Plus. Según los reportes, Reforestación Extrema entregó cerca de 9 millones de pesos a una entidad “todóloga” con domicilio fiscal en una modesta vivienda de la Ciudad de México —donde nadie los conoce— y sucursales en calles sin pavimentar de Ensenada.
El blindaje de Montero para justificar esta adjudicación es, por decir lo menos, de una fragilidad insultante: alega que su única obligación es pedir una cédula fiscal. Bajo esa lógica, cualquier “fachada” con RFC es apta para recibir recursos destinados al pulmón de la ciudad. Montero dice que “no es su obligación saber” quién es su proveedor. Para un hombre que ha hecho de la vigilancia ambiental su modo de vida, esa repentina ceguera administrativa resulta, cuando menos, sospechosa.
Las dos cachuchas y el bosque pelón
El crecimiento de Reforestación Extrema contrasta con la realidad de sus proyectos. Mientras la nómina crece, la Alameda Mariano Escobedo luce, en palabras de los propios ciudadanos, “bien pelona”. Es la paradoja del nuevo ambientalismo regio: asociaciones gordas, parques flacos.
El esquema de Montero es una jugada maestra de elusión: al actuar como intermediario del Gobierno del Estado, pero operando fuera de la Tesorería, pretende saltarse la Ley de Adquisiciones. Sin embargo, éticamente, el “ultra blindaje” que el interés público exige no se satisface con excusas de derecho privado. Si el recurso llega a sus manos por virtud de un permiso estatal, la rendición de cuentas no es opcional, es una deuda de sangre con la transparencia.
Hoy, Cosijoopii Montero ya no parece el defensor de los árboles, sino el guardián de una caja negra. Su negativa a transparentar el catálogo de conceptos del Parque Libertad y su insistencia en que “así se ha hecho siempre” lo sitúan en el mismo fango burocrático que prometió erradicar.
Al final del día, los árboles mueren, pero las facturas permanecen. Reforestación Extrema ha logrado lo imposible: que un proyecto de vida vegetal huela, irremediablemente, a descomposición administrativa. Montero debería saber que cuando un activista se “abraza” a la opacidad, lo que realmente está haciendo es cavar su propio foso de credibilidad.
