Se tenía previsto la primera lectura el martes y el debate en el pleno el miércoles, pero Morena aún no cuenta con los votos necesarios para la aprobación, en medio de reservas del PT y el Partido Verde.
El plan B electoral se tambalea en el Senado. Estaba previsto que este lunes iniciara la discusión en comisiones de la reforma constitucional que busca reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato; sin embargo, el texto se sigue revisando; reporta MILENIO.
Se esperaba la primera lectura el martes durante la sesión y el miércoles la discusión en el pleno; no obstante, Morena aún no cuenta con los votos para aprobarla.
En días pasados, el Partido del Trabajo (PT) advirtió que su voto dependerá de ajustar ambigüedades en la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente en el tema de revocación de mandato.
Los liderazgos del Partido del Trabajo han tenido encerronas con el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, para llegar a acuerdos, los cuales aún no se han alcanzado.
Si los seis senadores del PT y uno del Verde no respaldan el plan B, Morena sólo contaría con 80 votos, por lo que no alcanzaría los 86 que se necesitan para la mayoría calificada.
Sin embargo, morenistas confían en que el PT cumpla con su palabra que hicieron pública el domingo y respalden en su totalidad el plan B.
Integrantes de la comisiones unidas de Puntos Constitucionales informaron a MILENIO que se está analizando la posibilidad de realizar cambios a la propuesta para que sea respaldada por los aliados, e incluso “se va a pedir la opinión de la autora”, es decir de la Presidenta; sin embargo, legisladores consideran que no pasarán las propuestas de los petistas.
Revocación de mandato, punto de desacuerdo
En días pasados, el senador del PT, Alejandro González Yáñez, dijo que existen problemas de redacción, los cuales deben resolverse antes de fijar una postura definitiva, y fue tajante al solicitar que la Presidenta envíe estas precisiones para definir que la revocación de mandato se realice en un solo año y no dejar abierto a ser en el tercero o cuarto año del mandato, además de que los partidos puedan hacer promoción del voto, pues ven una desventaja para los partidos aliados.
En las propuestas del plan B se propone que la persona sujeta a la revocación de mandato pueda difundir el proceso y “promover el voto a su favor”, pues actualmente sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) puede promocionar dicho ejercicio.
El senador del Verde, Luis Armando Melgar, ha manifestado a su coordinador, Manuel Velasco, que aún no define su voto, el cual se inclina más en contra, por lo que estudiarán con detenimiento la propuesta presidencial.
Se tenía previsto que este lunes, previo a la reunión de los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se recibirá a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a solicitud expresa de ella.
Esto, con el fin de tratar los temas que considera la reforma sobre el órgano electoral, como la posibilidad de que la revocación de mandato pueda empatarse con la elección federal del 2027.
Paridad de género en procesos electorales
También se prevén cambios relacionados con el tema de la paridad de género, pues en la iniciativa se omitió el tema en el artículo 115, y de acuerdo con la titular del Ejecutivo, la senadora Martha Lucía Mícher ya trabaja en crear una propuesta para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales.
La legisladora morenista aún está trabajando en la propuesta y en redes sociales señaló que:
“Avanzaremos en la paridad de género, pero vamos a avanzar en muchos temas relacionados con la igualdad sustantiva, vamos a ejercer nuestra función como cámara de senadoras y senadores y garantizaremos el avance de la agenda feminista, es la oportunidad para que vean que este humanismo, este gobierno de la cuarta transformación, transforma la vida de las mujeres y las niñas”.
La iniciativa
La semana pasada, el Senado recibió la iniciativa en donde se manifiesta el compromiso en el cuidado de los recursos —destinando los ahorros a quienes más lo necesitan—y el fortalecimiento la democracia directa, a través de la revocación de mandato.
El objetivo es que el pueblo cuente con un instrumento constitucional para remover, de manera constitucional y pacífica, a un gobernante que no procure el bienestar de la población o atente contra el interés popular nacional.
De acuerdo con el documento, se busca acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, porque el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto.
En ese contexto, en la iniciativa se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites establecidos en el artículo 127 de la propia Constitución.
Asimismo, se determinan los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tales como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de la ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.
Esto implica que, en los presupuestos públicos, federales y locales, se ajustarán sus montos conforme a lo siguiente:
En el caso del Senado se establecen obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de un 15 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2026, conforme a las disposiciones y valores constitucionales.
Lo anterior, para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda el postulado de los cargos públicos el cual es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país.
Además, esta reducción contribuye a hacer eficiente el gasto público y a acabar con los privilegios en la utilización de recursos públicos, pilares fundamentales de este gobierno. La medida responde a las demandas ciudadanas frente al dispendio de sus contribuciones y a la falta de certeza sobre quienes les representan a través de este mecanismo de elección.
En el caso de las legislaturas de las entidades federativas, su presupuesto anual debe guardar coherencia entre la proporción del presupuesto público de los órganos legislativos respecto del presupuesto público estatal.
Cambios en ayuntamientos
Igualmente, se propone una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica y a un máximo de 15 personas regidoras por municipio, evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad o renta política, o por beneficios personales, y responda, en cambio, a un genuino criterio de representación democrática.
De igual forma, se prevé que los recursos públicos liberados como consecuencia de la reducción o ajuste en la integración de los ayuntamientos permanezcan dentro del ámbito presupuestal del propio municipio o demarcación territorial correspondiente, con el propósito de fortalecer su hacienda pública y permitir que dichos recursos se destinen a servicios públicos municipales, obra pública local y acciones incidentes directamente en el bienestar de la población.
Imagen portada: MILENIO
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