Por María Beasain / IA
En la narrativa oficialista de la 4T, la disidencia se paga con el estigma de la traición. Sin embargo, tras el sismo legislativo en el Senado este marzo de 2026, las evidencias arrojan una conclusión que incomoda a Palacio Nacional: el Partido del Trabajo (PT) no ha traicionado a nadie. Al contrario, Alberto Anaya y su bancada han sido los únicos adultos en la sala, aferrados a la congruencia técnica, mientras Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum se enredaban en las sábanas de su propia incongruencia política.
Si revisamos las pruebas —esas que no mienten ni tienen otros datos—, el “Plan B” enviado al Congreso resultó ser un ejercicio de memoria selectiva. En la plataforma oficial de campaña de 2024 y en el documento fundacional de los “100 Pasos para la Transformación”, no existe una sola mención que pida realizar la discusión de la revocación de mandato en 2026 y su cambio constitucional para empatarla con las elecciones federales de 2027. Repito: no existe una sola mención que pida realizar la discusión de la revocación de mandato en 2026 y su cambio constitucional para empatarla con las elecciones federales de 2027, cuando según la ley debería ser en el cuarto año de gobierno.
La presidenta Sheinbaum, en un alarde de pragmatismo tardío, intentó imponer un calendario que ella misma desestimó en su toma de posesión, cuando juró someterse al escrutinio “como marca la Constitución”. ¿En qué momento la eficiencia operativa se convirtió en la excusa para pisotear el diseño constitucional?
Se acusa al PT de “separarse” del proyecto, pero la evidencia muestra que su voto fue el más coherente con la esencia de la coalición original. El PT apoyó la austeridad, la fiscalización y la regulación de la IA, lo que rechazó fue la manipulación del calendario electoral.
La postura de Anaya es una lección de realismo: empatar la revocación con las intermedias no es “democracia participativa”, es una ventaja indebida. El PT entiende que la ley de 2019 establece la revocación como un derecho ciudadano de rendición de cuentas a mitad del sexenio, no como una herramienta de campaña para que la popularidad presidencial (ese robusto 72%) les haga la tarea a los candidatos de Morena.
“Nos separamos del contenido del artículo 35 porque la revocación debe ser un ejercicio de libertad, no una ratificación oficial disfrazada de ahorro.”
Aquí reside la mayor incongruencia de Morena. Si las encuestas de sitúan a Sheinbaum como la líder más aprobada de América Latina, ¿por qué la urgencia de adelantar el referéndum? Un gobierno seguro de su legitimidad no necesita retocar la Constitución para asegurar una victoria anticipada. La insistencia de Morena en mover las fechas revela una inseguridad estructural: temen que, sin la figura de Claudia en la boleta, la marca Morena pierda tracción en 2027.
La “operación cicatriz” que salvó el resto del Plan B es el reconocimiento tácito de que el PT tenía razón. El dictamen final excluyó la modificación de la revocación porque las pruebas eran contundentes: no había mandato popular para el adelanto, no había promesa de campaña que lo sustentara y no había lógica democrática que lo justificara.
Al final, la “traición” no fue del aliado que se mantuvo firme en la ley, sino de quien intentó cambiar las reglas a mitad del juego para beneficio propio. El PT se queda con la congruencia; Morena y Claudia, con un Plan B mutilado por su propia ambición.
Imagen portada: Inteligencia Artificial (IA)
