Un nuevo modelo de búsqueda apuesta por las tecnologías y cruce de datos para dar con el paradero de las personas.
La guerra contra el narco que inició el ex presidente Felipe Calderón, en 2006, detonó las desapariciones de personas, principalmente aquellas ligadas al crimen organizado, cuyo pico más alto se ha registrado en 2011, cuando se reportaron 11 mil 141 personas desaparecidas; informa MILENIO.
Solo en ese periodo, las desapariciones aumentaron en mil 738 por ciento, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al pasar de 641 a 11 mil 141, entre 2006 y 2011.
El acumulado en ese periodo es de 30 mil 594 casos, que superan por mucho los reportados en la llamada larga data entre 1952 y 2005, donde se incluyen casos de la Guerra Sucia, los cuales sumaron 2 mil 356 archivos.
En el informe dado a conocer este 27 de marzo, se establece que de 2006 a 2026 la cifra suma a 394 mil 645 personas desaparecidas, de las cuales 262 mil 111 han sido localizadas, mientras que 130 mil 178 siguen sin hallarse.
De ellas, el 36 por ciento no cuentan con los datos suficientes para su búsqueda. En otro 31 por ciento, se encontraron actividades administrativas después de la desaparición.
Desapariciones aumentaron exponencialmente desde 2006: estas son las dos etapas
No obstante, el gobierno federal destacó que actualmente, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas; mientras que del total de personas encontradas, 92 de cada 100 son localizadas con vida, y 96 de cada 100 no está asociada a la comisión de un delito.
“La desaparición de personas en México es un delito que se puede separar en dos momentos históricos. La llamada Guerra Sucia (…) y la segunda etapa se refiere al periodo contemplado a partir de la irresponsable ‘guerra contra el narco’ declarada en diciembre de 2006, cuando inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Medina Padilla.
“Y vemos un fenómeno relacionado con organizaciones criminales a partir, sobre todo, de 2006, que es la desaparición cometida por particulares”, remató Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para el actual gobierno federal, el fenómeno de la desaparición y no localización de personas es un tema que exige transparencia, la cual inicia con poner orden a las deficiencias que se arrastran desde las bases de datos hasta los protocolos de autoridades.
“Es con total transparencia. Quien desee acercarse a este registro, lo puede ver y puede verificar que, en efecto, esta es la situación que encontramos.
“A partir de la ley que fue publicada en julio de 2025, el registro garantiza que venga toda la información para poder ser registrada. Y, además, estamos obligando a las Fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley”, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaun.
Anteriormente, en la conferencia del 10 de febrero, la mandataria federal recordó además que, desde la Guerra Sucia, las desapariciones no solo estaban relacionadas al crimen organizado sino también a temas políticos.
Para dar mayor claridad a este tema, en marzo de 2025, la entonces consejera jurídica del Ejecutivo federal y actual fiscal general, Ernestina Godoy, reveló la creación de la base de datos de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas para evitar los viejos vicios de registros anteriores y, de paso, resarcir las fallas posibles.
“Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ‘72 horas’. Toda la información para la búsqueda de personas asociada a una carpeta deberá registrarse y permitir su consulta en la Base Nacional de Investigación por desaparición o no localización de personas”, dijo Godoy la mañana del 24 de marzo.
Así funciona la nueva estrategia
La estrategia federal de búsqueda de personas desaparecidas presentada el viernes, opera como un sistema interconectado que cruza bases de datos públicas y privadas, activa alertas nacionales e internacionales y despliega verificaciones físicas para confirmar la localización de personas.
El modelo parte del Registro Nacional y de la detección de indicios posteriores a la desaparición, los cuales pueden ser trámites, registros o movimientos que son analizados mediante herramientas tecnológicas.
Cuando se identifica una actividad posterior, las autoridades activan un protocolo escalonado, el cual puede ser la verificación de estatus, la actualización de datos de contacto y, en casos necesarios, visitas domiciliarias para obtener evidencias de vida.
El mecanismo se alimenta además de instituciones como el INE, compañías telefónicas y registros administrativos, lo que permite reconstruir la actividad de una persona desaparecida, incluso años después.
En ese proceso, el gobierno ya ha identificado cientos de casos con actividad posterior, los cuales han derivado en localizaciones confirmadas.
El eje tecnológico es la Plataforma Única de Identidad que utiliza la CURP para rastrear coincidencias en bases de datos de salud, educación, telecomunicaciones, transportes o servicios financieros, lo que genera alertas automáticas para las autoridades y activa las investigaciones.
La alerta se distribuye además a aeropuertos, centrales de autobuses, hoteles, empresas telefónicas y medios de comunicación, e incluso puede escalar a nivel internacional mediante fichas de Interpol.
Dicha estrategia funciona como un cruce de datos en el que participan equipos especializados en criminalística, comunicaciones y antropología.
¿Cómo fue la transformación en el registro de los desaparecidos?
Frente al alza de desapariciones y personas no localizadas, tras la estrategia de seguridad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado en el periodo de 2006 a 2012, organizaciones civiles y ciudadanía demandaron su búsqueda.
En ese sentido, un año previo al cierre de sexenio, la Secretaría de Gobernación (Segob) creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNEPD), una base de datos alimentada con averiguaciones previas existentes en las procuradurías estatales y por tanto, sólo si había denuncia había persona desaparecida.
Pero el RNPED arrastraba otro tipo de deficiencias, como fue el registro de información no validada e incompleta que derivó en datos equívocos y poco útiles para dar seguimiento a una investigación.
Mientras tanto, miles de familiares de víctimas clamaban porque las autoridades no sólo no hallaban a sus desaparecidos sino que año con año las cifras aumentaban exponencialmente.
Fue de ese clamor del que, a finales de 2017, derivó la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD).
De esa Ley General surgió la Comisión Nacional de Búsqueda (y locales), dependiente de la Segob, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual es actualizado con reportes de desapariciones, personas no localizadas y localizaciones (anteriores a su creación y actuales).
A la fecha, las principales fuentes que lo alimentan son las fiscalías y/o procuradurías estatales en 64 por ciento; las Comisiones de Búsqueda (nacional y locales) con 31; otras autoridades con el 1.12 y cualquier persona que no sea autoridad, con 3.78 por ciento, de acuerdo con el RNPDNO.
Imagen portada: MILENIO
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