Por Efrén Vázquez Esquivel
Se suele creer que en las últimas décadas, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León (PJENL) ha sido objeto de control político. Sin embargo, en un contexto de creciente atención pública, esa supuesta novedad es engañosa.
El PJENL no ha sido capturado recientemente por la política: ha sido, desde siempre, una de sus expresiones. Su funcionamiento ha estado históricamente imbricado en lógicas de poder, sin que ello haya suscitado, sino hasta ahora, una inquietud significativa.
El problema no es la intervención externa de actores políticos en el Poder Judicial, sino la existencia de un campo jurídico-político cerrado, en el que un conjunto reducido de perfiles circula entre posiciones estratégicas, concentrando experiencias ateóricas, relaciones e influencia.
El primero en el periodo reciente es Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Como presidente del TSJE (2011–2017); posteriormente aparece como fiscal General y finalmente como notario. Su trayectoria se inscribe en el entramado institucional del sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, lo que cuestiona la autonomía judicial y evidencia la influencia de redes político-jurídicas.
Ese mismo año aparece Adrián de la Garza como procurador; el centro de poder se mantiene. En 2015 gana la gubernatura el independiente Jaime Rodríguez Calderón, con quien surge la alianza PRI-PAN. Desde entonces, el PJENL se vuelve más opaco y rígido y, frente a la sociedad civil que recurre al amparo, se impone como presidente del TSJE a Arturo Salinas Garza.
Hoy, desde agosto de 2025, la presidenta del TSJEN es Laura Perla Córdova Rodríguez; su perfil es, por decir lo menos, notable: más de 30 años en el sistema de justicia, con un carácter técnico –no precisamente científico– y, desde luego, nada limitado a lo judicial.
Como parte del entorno de Adrián de la Garza, ha sido magistrada penal, coordinadora del MP para adolescentes, participante del sistema acusatorio, directora en la Procuraduría y regidora en el Ayuntamiento de Monterrey… entre otros cargos. Dice preocuparse por que la ciudadanía conozca a los candidatos; por eso prefiere que la elección sea hasta 2028.
