Un día después de que el Gobierno estatal revelara que notificará la salida de Carlos Garza de la Tesorería 90 días después del hecho, diputadas locales reclamaron el proceder del Poder Ejecutivo.
La bancada del PRI en el Congreso local adelantó que alistan una controversia constitucional en contra del Gobierno estatal ahora por la falta de nombramiento del Tesorero general, misma que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señala MILENIO.
En entrevista con la plataforma MILENIO-Multimedios, Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que la falta de oficio del gobernador Samuel García Sepúlveda en muchas de las ocasiones los ha orillado a recurrir a instancias legales para tratar de resolver las diferentes problemáticas.
“A nosotros como Congreso nos obliga eso a ciertas acciones, entre ellas, una nueva controversia constitucional, la notificación a muchas autoridades, para que sepan que en este momento no hay una persona designada por el Congreso, como lo marca nuestra Constitución, para llevar los trabajos de la Tesorería del Estado.
“Lastimosamente así es, la falta de oficio del gobernador en muchos temas nos ha obligado a tener que ver en máximas instancias diferencias que se deberían estar resolviendo en lo local y desgraciadamente también diferencias que él no ha entendido que tiene que dirimir con propias autoridades de aquí. Él ha tenido controversias con institutos, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Congreso, en lugar de hacer política que es una de las obligaciones que él tiene desde que asumió como gobernador”, dijo.
De la Garza detalló que es la presidenta del Congreso local, Itzel Castillo, la facultada para llevar a cabo dicha controversia, al ser la representante jurídica de este poder.
En ese sentido, indicó que son varios los diputados locales que han hecho la solicitud a la presidenta del Congreso para que acuda a la Corte a interponer dicho recurso.
“Eso lo tendría que hacer la presidenta del Congreso que es quien ostenta la representación jurídica del Congreso. Nosotros como legisladores apoyaríamos esta medida, especialmente tu servidora como presidenta de la Comisión de Presupuesto al ser el área que ve temas con quien funja con la representación de la Tesorería, y por supuesto que estaríamos aprobando que se interponga este recurso”, añadió.
Concluyó que en estos días estarán alistando la controversia y será en el transcurso de las siguientes semanas cuando se lleve el recurso al máximo órgano de justicia del país.
Por último, la legisladora priista calificó como una “chicanada” la actitud del gobernador Samuel García Sepúlveda al presentar apenas hasta este jueves la renuncia del ex tesorero, Carlos Garza, con lo cual finalizó, no hay espacio para la interpretación que le está dando al asunto el mandatario estatal, al señalar que la Constitución es muy clara.
“La Constitución es clara”: presidenta del Congreso de NL
La presidenta del Congreso del Estado, Itzel Castillo, advirtió que de nueva cuenta el gobernador Samuel García intenta omitir una obligación constitucional al negarse a enviar su propuesta para elegir al nuevo tesorero General.
De acuerdo con la legisladora local, la Constitución de Nuevo León es clara y entendible al fijar los plazos que se determinan para dicho cargo que está acéfalo desde enero del presente año.
“La Constitución Política del Estado de Nuevo León es muy clara: hay un plazo establecido para enviar la propuesta para el nuevo titular del cargo que está acéfalo desde la renuncia de Carlos Garza Ibarra”, señaló.
Precisó que desde el 1 de abril se venció el plazo sin que fuese entregado en la Oficialía de Partes la propuesta del Ejecutivo estatal.
“He leído algunas declaraciones del mandatario, nada oficial, por lo tanto no tiene sentido reaccionar a ello; lo que sí es un hecho legal es la omisión del gobernador, sin que haya una justificación al respecto”, indicó la titular del Poder Legislativo.
Concluyó que estas actitudes por parte del gobernador son una falta de respeto al Estado de Derecho, por lo cual consideró que ningún servidor público debe dejar precedente de cómo no obedecer la ley.
“Es de nueva cuenta, una falta de respeto al Estado de Derecho en el que todos anhelamos vivir; los servidores públicos y más al nivel del gobernador, no podemos sentar precedentes de no obedecer la ley, porque ello es muy peligroso para el orden social”, concluyó.
Imagen portada: Roberto Alanís
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