El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para su informe sobre México “extrapoló” a 2025 las cifras del análisis que hizo de 2009 a 2017 sobre cuatro estados del país y no tomó en cuenta los cambios de leyes y el trabajo con colectivos, por lo que lo rechazamos, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum; publica MILENIO.
En respuesta, Juan Pablo Albán, titular del organismo internacional, aseguró que examinaron el fenómeno de desapariciones y su evolución en el país desde 2012 hasta la fecha.
El pasado 2 de abril, el comité de la ONU presentó un reporte según el cual las desapariciones se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos dirigidos contra la población civil.
Con 132 mil casos registrados, el organismo instó al secretario general de la ONU, António Guterres, a remitir urgentemente esta situación a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el informe al calificarlos de “sesgado y parcial”.
Al referirse ayer al reporte de la ONU, la presidenta Sheinbaum explicó que no lo aceptaron porque el comité extrapoló a 2025 la cifra de un análisis que hizo del periodo de 2009 a 2017 de los casos en Veracruz, Jalisco, Nayarit y Coahuila.
“Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta 2025, con cuatro estados de la República; fue un análisis de 2009 a 2017 y hay una extrapolación hasta 2025”, argumentó.
Aseguró que “hace algunos meses, (las secretarías de) Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora cómo se está conformando más… en fin, varios temas.
“No fueron considerados por este comité y por eso se rechazó el documento. Para mayores detalles ya las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando”.
La Presidenta criticó también que la investigación del comité queda fuera de la caracterización que tiene la propia ONU sobre desaparición forzada.
“En los estatutos de Naciones Unidas, la caracterización que hacen de la desaparición forzada es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier país del mundo para desaparecer personas por motivos principalmente políticos”, expuso.
Adelantó que su gobierno establecerá comunicación con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que conozca lo que se ha hecho en México contra las desapariciones.
Horas después, Juan Pablo Albán, titular del comité de la ONU, emitió un comunicado para fijar su postura respecto a la reacción del gobierno mexicano y señalar que aunque son comprensibles las diferencias jurídicas y políticas, el asunto no debe politizarse.
Sobre los resultados del reporte, explicó: “La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo.
Por ejemplo, se señala expresamente: (párr. 97) “[…] el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132 mil 400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, destacó.
En este sentido, aseguró que el desacuerdo es legítimo pero la descalificación es cuestionable. Por tanto dijo que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión y sus integrantes.
Subsecretario: opinión de 10
Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, aseguró que los informes del comité representan la opinión de sus 10 integrantes y no los de la ONU ni de sus órganos principales.
En una publicación en redes sociales, dijo que estos expertos son electos por los 78 Estados que forman parte de la convención de desapariciones forzadas, es decir, menos de la mitad de la membresía de Naciones Unidas.
Anteriormente, Juan Pablo Albán, puntualizó que el grupo que encabeza es un mecanismo creados por tratados internacionales, adoptado en el seno de la ONU por los Estados miembros. “Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”, subrayó.
Ochoa remarcó que el mandato de este grupo es “monitorear la aplicación de la convención, no el de reinterpretarla”. Y en el Artículo 2 de la convención se define como desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona”, señaló.
Imagen portada: Araceli López / MILENIO
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