Por José Jaime Ruiz
El control de daños no significa victoria. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrenta un proceso por la presencia y muerte de agentes de Estados Unidos en su entidad. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por presunta violación a la soberanía nacional, tras la participación de elementos estadunidenses en el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara. Ante estos hechos, las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados solicitaron un juicio político para destituirla.
La secuencia en Chihuahua —ignorar la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum, ausentarse del Senado y, en paralelo, reunirse con Omar García Harfuch— adquiere mayor densidad frente al antecedente inmediato de Sinaloa. No son episodios aislados, sino variaciones de una misma tensión: la respuesta de un Gobierno estatal cuando la problemática rebasa el ámbito local para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
En Sinaloa, el entonces mandatario Rubén Rocha Moya no fragmentó la interlocución, optó por retirarse del cargo mediante una licencia indefinida. La lógica fue distinta: contener el deterioro institucional mediante la suspensión del poder. Donde Chihuahua dosifica, Sinaloa cedió. Mientras Campos administra tiempos, Rocha desactivó la presión de inmediato. La diferencia no es sólo de estilo, sino de efectos. En el caso sinaloense, la crisis —detonada por acusaciones penales desde EU— se encapsuló en un arreglo político que permitió a la Federación preservar su narrativa. En Chihuahua, el conflicto se expande ante la falta de una concesión equivalente, la resistencia prolonga la disputa.
El Senado aparece en este contraste como pieza clave. La incomparecencia de la gobernadora no sólo se interpreta como desacato, se lee a la luz del precedente. Si un gobernante, bajo presión internacional, decidió separarse del cargo, ¿por qué otra opta por sostenerse evadiendo los mecanismos de rendición de cuentas? El silencio ante el llamado de Sheinbaum refuerza esa percepción. En la práctica política mexicana, la comunicación directa entre el Ejecutivo federal y los estados es el canal primario de resolución. Interrumpirlo —aunque sea de forma táctica— desplaza la pugna al terreno público y legislativo.
Bajo la presión de la administración de Donald Trump, la Federación ha endurecido su lectura de la soberanía: cualquier intervención externa se convierte en una línea roja. En este contexto, Chihuahua deja de ser un caso estatal para volverse un mensaje interno y externo. Sinaloa, en cambio, funcionó como mecanismo de contención: un sacrificio controlado para evitar una ruptura mayor en la relación bilateral.
La pregunta ya no es si existe un conflicto, sino cuál será la forma de resolverlo. El modelo sinaloense ofrece la retirada; Chihuahua ensaya la resistencia administrada. En un sistema donde el equilibrio federal se activa bajo presión externa, la viabilidad de este segundo esquema dependerá de su capacidad para no cruzar el umbral en el que la política deja de ser selectiva para volverse una definición inevitable.
Maru Campos cruzó la línea y no puede quedar impune. Con la soberanía no se juega, menos cuando las presiones de Trump escalan como antesala de la revisión del T-MEC. La presidenta Sheinbaum no pasará por alto la actuación de la mandataria. En el nado sincronizado contra México aparece también la presidenta de la Comunidad de Madrid; pero ni Isabel Díaz Ayuso ni la extrema derecha nativa salvarán a la gobernadora chihuahuense.
