Una propuesta para la sociedad civil, el sector productivo y la comunidad internacional
Por Carlos Chavarria Garza
De nueva cuenta los mexicanos nos vemos expuestos ante la comunidad internacional en un mundo -donde todo esta interconectado- como un país corrupto y vulnerable, ahora frente al crimen organizado. En tanto no queramos reconocer que desde nuestros orígenes como país independiente adoptamos el abandono de la ética en lo público y de bien común, seremos presa fácil de los vaivenes de la política internacional y más de nuestros vecinos. La solución No es tan sencilla como enarbolar banderas comunes y sostener narrativas sobre las que -por desgracia- mostramos incongruencias mayúsculas y muy a la vista. La soberanía, la justicia , la presunción de inocencia, los principios y lemas de los gobiernos, etc. Siempre están bajo ataque de nosotros mismos. El problema central y su solución más realista está la arquitectura del sistema de gobernanza que tenemos desde el término de la Revolución Mexicana.
Para no perdernos, debemos mantener en la mente una realidad de los sistemas-nación y esta reside en el ruido informativo, que si bien cumple sus papel de dispersión de datos pero también y al mismo tiempo distrae de la necesidad de rediseñar pensando en el futuro, el cómo lograremos que no se repitan los mismos problemas en una espiral interminable.
La fijación sistémica en el pasado y la búsqueda incesante de culpables no son meros ejercicios de justicia o memoria, sino mecanismos de defensa que el organismo político utiliza para evadir la responsabilidad de la transformación estructural. Al priorizar el señalamiento sobre la solución, el sistema agota su energía creativa en una auditoría retrospectiva que no genera viabilidad. Esta inercia transforma la historia en un lastre para el futuro, donde cada intento de cambio es sofocado por el peso de agravios anteriores que la subcapa de opinión se encarga de mantener latentes.
Mientras el enfoque permanezca en el «quién fue», el «qué debemos hacer» queda relegado a una periferia irrelevante, permitiendo que la realidad continúe su proceso de degradación bajo una parálisis diagnóstica.
Para romper esta espiral, es necesario entender que la arquitectura de un futuro viable requiere un desplazamiento de la culpa hacia la arquitectura de la responsabilidad. La verdadera soberanía cognitivasurge cuando dejamos de alimentar el teatro de la culpabilidad —que solo beneficia a quienes medran con el descrédito— y comenzamos a concentrarnos en los cambios estructurales que impiden que los errores del pasado se repliquen en el porvenir. Solo así podremos transitar de un sistema que se limita a administrar su propia decadencia hacia uno capaz de diseñar activamente las condiciones de su propia trascendencia, eliminando los impulsos que hoy nos mantienen anclados a una realidad que ya no responde a las necesidades del tiempo presente.
Empecemos. El Problema No Es la Gente. Es la Máquina. Existe una premisa que conviene fijar antes de cualquier análisis: las personas, en su individualidad, poseen una inclinación genuina hacia el bien. La corrupción en México no es una debilidad del carácter de su gente, ni una fatalidad cultural. Es el resultado predecible de habitar dentro de una arquitectura institucional que fue diseñada, desde su origen, para hacer exactamente lo que hace.
La Teoría General de Sistemas nos ofrece aquí un principio arrollador en su sencillez: el propósito de un sistema es lo que hace (POSIWID, por sus siglas en inglés). No lo que declara. No lo que promete en sus constituciones. Lo que produce, día a día, con precisión milimétrica. Y lo que el sistema político mexicano ha producido con sorprendente eficiencia durante más de un siglo es la redistribución del patrimonio nacional entre élites políticas como mecanismo de equilibrio del poder y meter al país en crisis económicas sucesivas. Comprender esto no es un ejercicio de pesimismo. Es el primer paso hacia una solución real.
El Pecado Original: Un Sistema Construido para el Reparto. El andamiaje político que emergió de la Revolución Mexicana no fue el producto de una deliberación ciudadana. Fue una respuesta pragmática —y muy eficaz— para detener las guerras entre caudillos que se sentían con derecho a un botín de guerra al término de la gesta bélica. Plutarco Elías Calles y sus sucesores construyeron no una república, sino una maquinaria de gestión de concesiones: tierras, contratos, cargos, licencias. La corrupción no fue una falla del diseño. Fue su componente estructural más importante.
El escritor Mario Vargas Llosa en los 1980’s lo llamó «la dictadura perfecta»: un sistema que mantenía la apariencia democrática mientras concentraba toda la capacidad de decisión en un presidencialismo absoluto que funcionaba como el nodo de control supremo de toda la red. Así las cosas y mientras hubo petróleo y recursos naturales abundantes para alimentar esa red, el sistema se sostuvo. Cuando la abundancia se contrajo y la estructura extractiva permaneció intacta, el sistema entró en descomposición.
El vacío fue ocupado por un actor de extraordinaria capacidad operativa: el crimen organizado. Lo que comenzó como «infiltración» ha devenido en un acoplamiento estructural profundo, donde los flujos financieros del Estado y de la delincuencia se han mimetizado hasta volverse, en muchos puntos, indistinguibles. El resultado no es solo una crisis de gobernanza local. Es una amenaza a la estabilidad regional con consecuencias directas para la seguridad global.
La Invasión por Variedad: El Colapso de la Ley de Ashby. Desde la óptica de Stafford Beer, la penetración del crimen organizado se explica a través de la Ley de Requisito de Variedad. Esta ley establece que un controlador solo puede regular un sistema si posee al menos tanta «variedad» (capacidad de acción y respuesta) como el sistema que intenta controlar. El aparato gubernamental mexicano, atrapado en una arquitectura rígida, burocrática y diseñada para el reparto lento del botín, posee una variedad extremadamente baja. En contraste, las organizaciones criminales operan como sistemas de alta variedad: son redes ágiles, distribuidas, con retroalimentación inmediata y recursos financieros que fluyen sin las fricciones de la legalidad. Al ser superado en variedad, el Estado pierde su capacidad de regulación y el sistema busca un nuevo equilibrio; la infiltración es, en realidad, el proceso mediante el cual el sistema de gobierno «terceriza» su estabilidad a quien sí tiene la capacidad de ejercer el control territorial efectivo.
Bajo el Modelo de Sistema Viable, cuando el Sistema 3 (el encargado del control operativo y la seguridad) está desarticulado y carece de principios éticos, se genera un vacío que la entropía social tiende a llenar. El crimen organizado penetra el sistema de seguridad ( ya con un espíritu de cuerpo debilitado) no solo mediante la violencia, sino ofreciendo una «meta-gobernanza» que el Estado ya no provee. Se produce entonces un acoplamiento patológico: los funcionarios, al verse incapaces de cumplir con la misión de seguridad para la que el sistema fue —teóricamente— diseñado, terminan integrando los flujos delictivos en la operación cotidiana para mantener una falsa homeostasis. La seguridad deja de ser un servicio público para convertirse en una mercancía negociable, donde el «parásito» del crimen organizado termina proporcionando la estructura y el orden que la arquitectura original del Estado, agotada y obsoleta, ya no es capaz de sostener.
Por Qué el Cambio de Personas No Basta?. Aquí reside el error más costoso del debate público mexicano: la creencia de que basta con reemplazar a los funcionarios corruptos por personas honestas o con nuevas banderas y propósitos. La cibernética de Stafford Beer nos enseña algo incómodo: un sistema con suficiente fuerza de gravedad asimila y transforma a quienes ingresan en él, independientemente de sus intenciones iniciales. El problema no es quién opera la máquina. Es la máquina misma.
Cuando los mecanismos de retroalimentación de un Estado están cooptados, el sistema recibe señales falsas de normalidad mientras sus estructuras internas se colapsan silenciosamente. La intervención de agencias extranjeras —la DEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tribunales europeos— en casos que deberían resolverse en suelo mexicano no son una anécdota diplomática. Es el síntoma clínico de un Estado que ha perdido su soberanía regulatoria: un sistema que ha fallado en sus circuitos de autocorrección y que depende de controladores externos para funciones básicas de justicia. Reformar este sistema desde dentro, sin alterar su arquitectura, equivale a cambiar el color de las paredes de un edificio con cimientos podridos.
La Salida: Una Arquitectura Diseñada para la Transparencia. La buena noticia —y conviene enfatizarla— es que la salida existe. No es simple, ni rápida. Pero es posible, y hay precedentes internacionales que lo demuestran. Las siguientes propuestas no están dirigidas al gobierno. Están dirigidas a los actores que pueden mover las primeras piezas desde fuera del sistema: la sociedad civil organizada, el sector privado y los organismos internacionales, que son tambien parte del sistema y en algunos casos actores importantes.
1. La Sociedad Civil como Sistema Nervioso del Estado
El primer rediseño necesario es distribuir el poder de monitoreo. Un Estado centralizado es fácilmente capturable; una red ciudadana descentralizada, no. Organizaciones como México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o el IMCO han demostrado que es posible producir inteligencia cívica de alta calidad. El reto es escalar ese modelo.
La propuesta concreta es la creación de Observatorios Ciudadanos de Gasto Público en los 32 estados, conectados entre sí mediante plataformas digitales de datos abiertos, con capacidad para cruzar información de contratos públicos, declaraciones patrimoniales y registros fiscales en tiempo real. No se trata de vigilancia ideológica, sino de auditoría técnica continua: el equivalente cívico del monitoreo que los mercados financieros aplican a las empresas cotizadas.
Este modelo tiene antecedentes exitosos. En Georgia —el país caucásico, no el estado americano— la reforma radical de la policía entre 2004 y 2008 fue posible gracias a una combinación de transparencia radical, participación ciudadana activa y rendición de cuentas en tiempo real. Un país que en 2003 era percibido como uno de los más corruptos del mundo postsoviético redujo su índice de corrupción policial a niveles comparables con los de Europa occidental en menos de una década.
2. El Sector Privado como Agente de Integridad, No Solo de Utilidad
El empresariado mexicano ha tolerado durante demasiado tiempo una relación ambivalente con la corrupción: la padece cuando es víctima de extorsión, y la reproduce cuando la usa como atajo competitivo. Ese ciclo tiene un costo económico medible: el Banco Mundial estima que la corrupción equivale a un impuesto informal de entre el 5% y el 10% sobre los ingresos de las empresas en economías con altos niveles de opacidad.
La propuesta concreta es que las grandes empresas mexicanas y los organismos empresariales —el CCE, Coparmex, el Consejo Mexicano de Negocios— adopten y exijan en toda su cadena de valor los estándares del Pacto Global de la ONU en materia de anticorrupción, transparencia fiscal y debida diligencia. No como responsabilidad social decorativa o de diploma colgado, sino como condición contractual. Una empresa que exige facturación electrónica, contratos transparentes y cumplimiento normativo a todos sus proveedores está rediseñando, desde abajo, los incentivos del mercado.
El sector privado tiene además una palanca que la sociedad civil no posee: la capacidad de hacer costosa la opacidad. Cuando una empresa elige no contratar con proveedores opacos, o cuando un consorcio empresarial se niega a participar en licitaciones sin garantías de transparencia, está ejerciendo una presión sistémica que ningún discurso político puede replicar.
3. Los Organismos Internacionales como Arquitectos de Estándares, No Solo Observadores
La OCDE, de la cual México es miembro desde 1994, ha desarrollado marcos de gobernanza pública —en particular su Toolkit on Integrity y sus recomendaciones sobre contratación pública— que permanecen en gran medida sin implementación efectiva en el país. La ONU, a través de la Convención contra la Corrupción (UNCAC), ofrece mecanismos de revisión entre pares que México ha utilizado de forma superficial.
La propuesta concreta es presionar para que México active el mecanismo de revisión del Capítulo III de la UNCAC —relativo a penalización y aplicación de la ley— con participación activa de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de evaluación, tal como lo permite el protocolo de la convención. Esto no es una intervención extranjera: es el uso soberano de un instrumento internacional que México mismo firmó y ratificó.
Paralelamente, la cooperación con la Unión Europea en materia de rastreo de activos y lavado de dinero —mediante acuerdos de intercambio de información financiera— puede convertirse en un mecanismo de presión sobre los flujos de capital ilícito que hoy circulan con relativa impunidad entre el sistema financiero mexicano y los mercados europeos.
La Ética Como Restricción de Diseño, No Como Aspiración Moral
El argumento final es quizás el más importante. La ética no puede ser un llamado a la conciencia individual en un sistema que premia la deshonestidad. Debe ser una restricción física del proceso: si el trámite es opaco por diseño, la corrupción es su resultado lógico; si el trámite es transparente por diseño, la corrupción se vuelve operativamente costosa.
Esto significa reemplazar la lógica del «favor» y la discrecionalidad por la lógica del algoritmo auditable: licitaciones automáticas, contratos estandarizados, pagos electrónicos trazables, declaraciones patrimoniales de acceso público. No porque los funcionarios sean malvados, sino porque ningún sistema puede depender de la virtud individual para funcionar. Los mejores sistemas del mundo —los escandinavos, los neozelandeses, los suizos— no son honestos porque tienen mejores personas. Son honestos porque hacen que la deshonestidad sea estructuralmente difícil y costosa. Es un tema de costos de oportunidad.
La «maldición» de la corrupción no se rompe esperando que el poder se reforme a sí mismo. Se rompe cuando la sociedad civil, el sector productivo y la comunidad internacional dejan de ser espectadores del deterioro y se convierten en arquitectos activos de un sistema diferente.
El rediseño no comienza en Palenque, Los Pinos como antes, o donde les guste que resida el poder real, ni en el Congreso por cierto. Comienza en el observatorio ciudadano que publica datos incómodos, en la empresa que se niega a pagar el soborno aunque eso le cueste el contrato y hacer negocios con agentes de dudosa honestidad, en el organismo internacional que convierte sus recomendaciones en condiciones verificables.
México tiene la inteligencia, los recursos humanos y la tradición jurídica para construir instituciones de primer nivel. Lo que ha faltado no es capacidad. Ha faltado arquitectura. Y la arquitectura, a diferencia del carácter, se puede diseñar.
Optar por el «no hacer nada» —o continuar con reformas cosméticas que no tocan la raíz del sistema— no es una opción de estabilidad, sino una condena al colapso sistémico. En cibernética, un sistema que pierde su capacidad de autocorrección ética y operativa termina por ser absorbido por su entorno más agresivo.
Para México, el desenlace de esta inercia es la disolución de la línea que separa al Estado del crimen organizado, hasta que la soberanía no sea más que un lema vacío en un territorio gestionado por feudos extractivos. Al perder la viabilidad, el país dejaría de ser una entidad soberana para convertirse en una zona de contención de riesgos internacionales, donde la justicia y el orden serán impuestos desde fuera por pura necesidad de supervivencia global.
La entropía no espera; cada día que mantenemos la arquitectura del reparto es un día más que cedemos de nuestro futuro, acercándonos al punto de quiebre donde el sistema ya no podrá ser rediseñado, sino solamente reemplazado tras un fracaso total.
Basado en la Teoría de Sistemas Viables de Stafford Beer, el principio POSIWID y los marcos de gobernanza anticorrupción de la OCDE y la UNCAC.
