Por unanimidad, el Congreso de Nuevo León acordó facultar a la Fiscalía General de Justicia para que realice convenios con las empresas de telefonía móvil, a fin de que las Alertas Amber sean difundidas a través de mensajes de texto en los celulares en tiempo real; publica MILENIO.
La reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General establece que el órgano autónomo debe coordinarse con los tres órdenes de gobierno para la implementación de la Alerta Amber en tiempo real.
“La Fiscalía podrá celebrar convenios de colaboración con las compañías de comunicación móvil para la difusión, en tiempo real, de Alertas correspondientes para agilizar la búsqueda y localización de personas con reporte de desaparición en el Estado de Nuevo León”, se lee en el dictamen.
A favor de la propuesta habló Lorena de la Garza, diputada local del PRI, quien indicó que esta reforma ayudará a combatir el delito de desaparición forzada.
“Se busca tener mayor prontitud y que las personas que están desaparecidas pues tengan más posibilidades de ser encontradas con bien y con vida. Desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional, reiteramos que estamos de acuerdo y estamos a favor de los derechos humanos de las personas”, apuntó De la Garza.
Cecilia Robledo, diputada local del PAN, mencionó que la Fiscalía deberá coordinar y celebrar convenios con las empresas de telefonía a la brevedad.
“Estamos facultando a la Fiscalía para coordinar su implementación y celebrar convenios con empresas de telefonía móvil que permitan su difusión inmediata y en tiempo real. La tecnología debe ponerse al servicio de la protección de la niñez; aprovechar herramientas de comunicación masiva puede ampliar el alcance de las alertas y facilitar una reacción más rápida de la ciudadanía y de las autoridades”, agregó la funcionaria.
Cero impuestos a descentralizados
En la misma sesión fue aprobada, por mayoría, una reforma para que las instituciones descentralizadas o autónomas no paguen impuestos en Nuevo León.
Javier Caballero, diputado local del PRI, argumentó que detectaron que Agua y Drenaje de Monterrey pagó más de 4 mil millones de pesos de impuestos al Gobierno del Estado.
“No se trata de regalar nada, ni de abrir puertas a privilegios, sino de corregir una contradicción normativa que afecta la operación de organismos que ya están exentos por ley.
“Quien se oponga a este dictamen tendría que explicar por qué quiere mantener cargas fiscales que generan un uso circular e ineficiente de las finanzas públicas y que incluso pueden menoscabar la capacidad de gestión de organismos descentralizados y autónomos”, defendió Javier.
Prohíben QR y acordeones al votar
También fue aprobada por mayoría la nueva Ley en Materia de Delitos Electorales, que busca prohibir el uso de códigos QR y acordeones durante las elecciones para influir en alguna candidatura.
Bertha Garza, diputada local del PRI, dijo que se incorporan disposiciones para combatir el uso indebido de programas sociales.
“Se busca tipificar de manera clara y precisa los delitos electorales en el ámbito local, cerrando los vacíos legales que han permitido la impunidad y fortaleciendo la capacidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para investigar y sancionar estas conductas”, indicó la priista.
Las sanciones contempladas rondan desde los seis meses hasta los 15 años de prisión, así como multas desde 50 UMAS (equivalente a 5 mil 428 pesos) y hasta las 5 mil UMAS (una sanción de 542 mil 850 pesos), dependiendo de la gravedad del delito y si las acciones involucran, favorecen o perjudican a los aspirantes.
FEDE avala la nueva ley
El Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Gustavo Javier Solís, dijo hoy en un comunicado que este hecho representa un avance histórico para la entidad.
“Nuevo León se posiciona a la vanguardia nacional y se convierte en pionero en la materia al contar con una ley penal electoral propia, moderna y acorde a los retos que enfrentan hoy los procesos democráticos.
“Entre las conductas que contempla sancionar destacan: el uso de instrumentos para verificar el sentido del voto y facilitar su compra, como los acordeones o los códigos QR; la simulación de pertenencia a comunidades indígenas, personas con discapacidad o de la diversidad sexual para despojar de candidaturas a quienes legítimamente pertenecen a esos grupos; y el uso de dinero ilícito, facturas falsas y empresas fantasma para financiar campañas electorales, entre muchas otras conductas”, finalizó Solís.
Imagen portada: Kevin Recio / MILENIO
