Ante las presuntas afectaciones a una zona alta de Cola de Caballo, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, diputadas locales solicitaron a las autoridades federales y estales realizar un peritaje ambiental para analizar lo que calificaron como ecocidio; informó MILENIO.
Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, mencionó que primero debe realizarse una investigación para descartar que el municipio de Santiago tenga un conflicto de interés en esta construcción.
«Tenemos que ver que no haya un conflicto de interés entre el municipio y los particulares, sobre todo porque está confuso porque se construyó este complejo turístico y entonces hay que investigar qué tipo de relación hay en este caso.
«Ha habido casos en el municipio de Santiago donde incluso han suspendido obras por no cumplir con las condiciones, no sobre la construcción, sino de impacto ambiental y aquí yo voy a exhortar a que se haga una investigación y un peritaje ambiental por parte de la Profepa, a fin de qué se esclarezca si está cumpliendo o no con la Ley Ambiental y no haya un impacto ecológico en el municipio de Santiago», apuntó.
En el municipio de Santiago se reportó desmonte y posible daño ecológico en un área natural protegida, y estaría vinculado a particulares que operan un complejo de cabañas para renta turística en el área. Además del desmonte, los denunciantes señalaron una presunta apropiación del paso federal del río que cruza la zona.
Claudia Caballero, diputada local del PAN, calificó como indignante la situación ecológica y mencionó que llevará el tema ante el Congreso local, a fin de analizar los alcances.
«Es una situación indignante, pero sobretodo inaceptable, hoy lo que estamos viendo es que esta invasión directa al Parque Nacional Cumbres, que es un pulmón y una fuente de agua para nuestro estado, no podemos permitir que el beneficio económico de un particular mediante la construcción de cabañas esté por encima del equilibrio ecológico y, sobre todo del patrimonio de todos los neoloneses.
«Cero tolerancia a este ecocidio, obviamente desde el Congreso vamos a estar vigilantes a que se aplique la Ley sin titubeos, por ejemplo, el artículo 451 del Código Penal es claro y es un daño natural a áreas natuales protegidas y se paga con cárcel y multas severas», refirió.
Caballero solicitó a la Profepa dejar sus oficinas y atender la situación que se reportó este jueves.
«No basta con que el municipio haga la inspección, desde mi trinchera voy a exigir que se llegue a las últimas consecuencias y que se repare el daño de inmediato, hago un llamado a que la Profepa y la Semarnat ya no estén en la oficina y que se presenten en el lugar de los hechos, que actúen por el bienestar animal y el bienestar ambiental», finalizó.
Durante un recorrido realizado por este medio se constató un visible impacto ambiental en el lugar, ubicado sobre el camino hacia la cascada Cola de Caballo, uno de los accesos reconocidos por autoridades ambientales al Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
Imagen portada: Gabriela Garza / MILENIO
