Por María Beasain / IAQuemada
La relación entre Santos Guzmán López y el gobernador Samuel García Sepúlveda ha experimentado un viraje radical, condicionado por la pugna presupuestal y territorial del estado. García Sepúlveda, quien ostenta un doctorado en derecho constitucional por la propia UANL —obtenido mediante una tesis de 597 páginas estructurada en diez capítulos —, inició su gestión con un marcado pragmatismo hacia la universidad.
En la toma de protesta de Guzmán López en octubre de 2021, el gobernador propuso una partida presupuestal extraordinaria para financiar la cobertura universal de cáncer infantil a través del Hospital Universitario, y posteriormente elogió la expansión de la infraestructura de la UANL bajo la actual rectoría.
No obstante, esta cordialidad se fracturó a medida que se profundizó el conflicto político entre el Ejecutivo estatal, de afiliación naranja (Movimiento Ciudadano), y el bloque de alcaldes de la oposición. El Palacio de Cantera comenzó a percibir que las estructuras internas de la UANL funcionaban como un refugio logístico y de financiamiento indirecto para la oposición legislativa.
A partir de febrero de 2026, la administración de Samuel García elevó el nivel de confrontación al intentar intervenir directamente en la sucesión del rector. De acuerdo con información del entorno político del estado, el gobernador ha ejercido una intensa presión sobre Santos Guzmán para obligarlo a dejar la Rectoría mucho antes de octubre de 2027, fecha en la que concluye formalmente su segundo periodo consecutivo al frente de la Máxima Casa de Estudios.
La tirada del mandatario emecista es que Santos Guzmán deje su posición en las próximas semanas. Con este adelantamiento estratégico de los tiempos universitarios, García busca tener “cancha libre” e influir directamente en la UANL durante el desarrollo de las intensas campañas políticas de ese año, colocando a un jefe universitario a su entero modo y conveniencia antes de que concluya su propio sexenio en Nuevo León.
Para doblar la resistencia del rector, el Ejecutivo estatal ha recurrido al uso de fiscalizaciones selectivas y amenazas judiciales directas, descritas como presiones “carpeta en mano” que aluden a los contratos con factureras autorizados bajo la firma de Guzmán López en su etapa como secretario general. Frente a la embestida, el consejo de exrectores ha instruido al rector a “aguantar vara” y resistir el embate, advirtiendo que ceder implicaría la entrega definitiva del autogobierno universitario al partido del gobernador. El panorama es patético: un rector que no defiende la autonomía por convicción, sino porque sus titiriteros le ordenan soportar el doblez de brazo. Literal.
