Por Carlos Chavarria Garza
En la madrugada del 31 de agosto de 1939, soldados alemanes vestidos con uniformes polacos atacaron una estación de radio en Gleiwitz. Los muertos que dejaron tirados eran prisioneros comunes, polacos, a quienes Hitler había hecho disfrazar para la ocasión. Al día siguiente, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado con una mentira fabricada en tres horas. No hace falta ser historiador para entender la lección: cuando un gobierno necesita justificar lo injustificable, primero construye al culpable.
Eso no es historia antigua. Es el manual de operación del poder en el siglo XXI.
Décadas después, Saddam Hussein —armado, financiado y tolerado por Occidente durante años— se convirtió de la noche a la mañana en la razón suficiente para una guerra que reconfiguró el Medio Oriente y dejó cientos de miles de muertos. El culpable cambió. El truco era el mismo. Lo que varía entre un caso y otro es solo la calidad de la actuación.
En México lo vivimos con nombre y apellido. Felipe Calderón heredó un Estado con instituciones corroídas, policías cooptadas, y un crimen organizado que llevaba décadas creciendo en los huecos que el sistema le fue abriendo. En lugar de reconocer la podredumbre del sistema-nación, y enfrentar esa realidad con honestidad desde su raíz, declaró una guerra. Y la guerra se ha convertido hoy en la explicación universal: si el crimen avanzó, fue por la guerra. Si las instituciones fallaron, fue por la guerra. Si la violencia se normalizó hasta volverse paisaje, también fue por la guerra. El culpable estaba listo, tenía cara de narco, y eso bastó para que una parte importante del país no preguntara más.
Pero hay algo que no se puede perder en el argumento político: los muertos son reales. No son una metáfora ni una estadística de campaña. Son cientos de miles de personas — consumidores, vecinos, policías, periodistas, gente que simplemente vivía cerca — que pagaron con su vida el costo de una crisis que nadie ha querido nombrar con honestidad. El tráfico de drogas no es un problema de imagen ni de narrativa. Es una enfermedad social con víctimas concretas, familias destruidas, y comunidades enteras que aprendieron a convivir con el horror porque nadie les ofreció otra opción.
Y esa enfermedad tiene tres condiciones para prosperar, las tres igual de indispensables: un mercado de consumidores que la demanda, un sistema financiero que lava las ganancias, y una red de protección que garantiza la impunidad. Quita cualquiera de las tres y el negocio se cae. Las tres juntas, en cambio, producen lo que tenemos: un narco que no es una anomalía del sistema sino una parte funcional de él.
Ahí es donde la soberanía se vuelve obscena. México lleva años esgrimiendo su autonomía nacional como escudo para no coordinarse seriamente con otros países en el desmantelamiento de esas tres condiciones. No para combatir al consumidor estadounidense, no para perseguir al sistema financiero que blanquea dólares en ambos lados de la frontera, no para romper las redes de protección que operan con pasaporte y corbata. La soberanía, en este contexto, no protege al ciudadano mexicano. Lo expone. Y esa es una decisión, no una fatalidad.
La impotencia que genera esto no es menor. Es la impotencia de ver el truco y no poder hacer que los demás lo vean. Porque el mecanismo no funciona por ser sofisticado — funciona por ser simple. Un solo culpable, una sola causa, una sola narrativa. El cerebro humano prefiere eso a la incomodidad de la complejidad. Y los políticos lo saben mejor que nadie.
René Girard lo documentó con precisión: toda sociedad bajo tensión busca una víctima sobre la cual descargar su frustración colectiva. No porque sea culpable, sino porque es necesaria. El chivo expiatorio no se elige por su culpabilidad real sino por su utilidad política. Y una vez que la narrativa prende, cuestionar al culpable se vuelve casi una traición al grupo.
Lo perverso no es solo que funcione. Lo perverso es lo que oculta mientras funciona. Detrás de cada culpable remoto hay una agenda doméstica que nadie examina: las decisiones fiscales que concentran la riqueza, los sistemas educativos que producen dependencia en lugar de capacidad, la corrupción que se normaliza porque señalar hacia afuera es más seguro que mirar adentro. Culpar a la globalización por la desigualdad es como culpar a la lluvia por la inundación cuando llevas años viviendo sin techo. El problema no es el agua. Es que nunca construiste nada que te protegiera.
Y aquí es donde la cosa se complica de verdad, porque el ciudadano de hoy no está siendo engañado por falta de información. Está siendo anestesiado por una falsa modernidad que le ofrece la ilusión de estar informado sin el costo de pensar. Las redes sociales, la inmediatez, el ruido constante — todo eso produce una apatía que se disfraza de sofisticación. La gente da like a la denuncia, comparte el meme indignado, y siente que ya participó. Mientras tanto, el político de turno sigue gobernando con el culpable remoto bien acomodado en el discurso, y nadie le pregunta qué hizo con el presupuesto.
Tres actores sostienen esa apatía: el gobierno que construye la ficción, la ciudadanía que la consume porque es más cómoda que la verdad, y los que simplemente encogen los hombros y dicen que así está el mundo. Los tres son responsables. Los tres pagan el costo, aunque no todos al mismo precio. El que paga más caro casi nunca es el que tomó la decisión.
Karl Popper advertía que una sociedad abierta no se destruye de golpe — se erosiona cuando sus ciudadanos dejan de exigir que las afirmaciones sean falsables. Cuando aceptamos que «el neoliberalismo», «el imperialismo» o «la herencia del pasado» explican todo, estamos renunciando a la pregunta más básica del ejercicio ciudadano: ¿y tú qué hiciste con lo que te dimos?
El antídoto no es romántico ni fácil. Es tedioso y exige disciplina: preguntar siempre quién gana y quién pierde con cada política concreta. Exigir que los términos vagos se traduzcan en decisiones específicas. Negarse a que la complejidad se resuelva con un villano. Y entender que invocar la soberanía para no resolver un problema que mata a tus propios ciudadanos no es dignidad nacional — es complicidad con nombre elegante.
Mientras eso no cambie, el truco seguirá funcionando. Y los muertos seguirán siendo el precio que otros pagan por la comodidad de todos.
