Por Carlos Chavarria Garza
Hay una regla no escrita que gobierna todas las decisiones importantes en el mundo: si un problema no está en la agenda política, no existe. No importa que sea medible, documentado y creciente. No importa que haya datos, proyecciones y expertos que lleven décadas advirtiendo. Si los que deciden eligieron no verlo, el problema simplemente no ocupa espacio en la realidad que importa — la realidad donde se asignan recursos, se movilizan instituciones y se construyen soluciones. Lo que padecen millones de personas puede ser perfectamente real y, al mismo tiempo, políticamente inexistente. Esa es la trampa. Y no es un accidente.
Los problemas globales más urgentes — seguridad alimentaria, acceso al agua potable, cambio climático, desigualdad estructural, envejecimiento poblacional — no son hipotéticos ni distantes. Son reales, medibles y crecientes. Y sin embargo, no están en el centro de las decisiones que se toman diariamente en los centros de poder del mundo. La pregunta que casi nadie hace en voz alta es por qué. La respuesta incómoda es que alguien decidió que no son suficientemente pertinentes como para desplazar las prioridades que sí lo son.
La pertinencia no es un criterio técnico neutral. Es una decisión política. Y cuando esa decisión queda en manos de quienes tienen interés en mantener el orden existente, los problemas que amenazan ese orden tienden a volverse invisibles — no porque no existan, sino porque han sido sistemáticamente excluidos del marco de lo que merece atención, recursos y solución.
Lo que no está en la agenda no existe para el poder. Existe para quienes lo padecen — que generalmente no son los mismos que deciden la agenda. El poder actual no sufre de ceguera del futuro; sufre de indiferencia planificada. El verdadero diseño de futuros no consiste en predecir de forma pasiva qué va a pasar, sino en liberar el espacio de lo posible, hoy secuestrado por las agendas cortoplacistas del presente.
Cómo opera la pertinencia secuestrada?. La gobernanza contemporánea se basa en la administración de conflictos y en la popularidad, y muy poco en el conocimiento y el trabajo de expertos. Muchas soluciones adoptadas van en contra de la propia evidencia empírica — repitiendo aplicaciones que no han dado resultados en el pasado con la esperanza de que esta vez funcionen. No es incompetencia técnica. Es una elección estratégica: mantener a las comunidades tranquilas sin alterar las relaciones de poder que determinan quién se beneficia del estado actual de las cosas.
El mecanismo es preciso: cada país o región vincula las ideologías dominantes con el bienestar, como si entre ideología y bienestar existiera una relación causal — en contra de toda evidencia empírica. Los antagonismos ideológicos se usan para explicar problemas cuyas raíces son concretas y materiales. Y mientras el debate se consume en esos antagonismos, las causas reales permanecen intactas.
Los gobiernos instalados en la arrogancia indiferente son quienes fijan hoy los términos de pertinencia y relevancia en todos los terrenos, dejando a la ciencia como un buen muchacho al que hay que darle alguna oportunidad y reconocimiento.
Caso 1 — La energía nuclear: pertinencia truncada con consecuencias irreversibles
El ejemplo más claro y más costoso de la pertinencia secuestrada es la energía nuclear. Bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los actores que dirigían el conflicto determinaron que era pertinente avanzar en el uso de las fuerzas nucleares para acortar el período bélico. Toda la relevancia se otorgó a desarrollar la bomba atómica. Y así se hizo.
Pasada la emergencia, se mantuvo la relevancia y se agregaron aplicaciones civiles — salud, generación eléctrica — sin considerar el problema posterior de los residuos radiactivos, que hoy es un tema sin solución viable. La pregunta sobre qué hacer con los residuos nunca fue pertinente mientras la tecnología se desarrollaba. Se volvió pertinente solo cuando ya no había manera de evitarla. Este es el patrón de la pertinencia truncada: se define la relevancia en función de la urgencia inmediata, se resuelve esa urgencia, y se mantiene el mismo marco sin revisar los costos de largo plazo que ese marco excluyó deliberadamente.
Caso 2 — El envejecimiento poblacional: la asíntota que nadie quiere ver
Para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. En países como Japón, Italia, Corea del Sur y España, la proporción ya está transformando estructuralmente la economía, la política y la cohesión social. No es una proyección especulativa — es una certeza demográfica con décadas de anticipación. Y sin embargo, las decisiones de política pública en la mayoría de los países siguen operando como si la pirámide poblacional fuera la misma de 1970.
Las tres dimensiones de esta crisis son inseparables. El colapso progresivo de los sistemas de pensiones y seguridad social — diseñados cuando había cuatro o cinco trabajadores activos por cada jubilado, y que hoy operan con proporciones radicalmente distintas — es matemáticamente insostenible bajo los modelos actuales. La carga sobre los sistemas de salud y cuidados crece exponencialmente mientras los recursos públicos disponibles se contraen. Y la inversión demográfica — menos jóvenes, más adultos mayores — redistribuye el poder político hacia generaciones con horizontes temporales más cortos, lo que produce incentivos estructurales para diferir exactamente las decisiones difíciles que el problema requiere.
El envejecimiento poblacional no está en el centro de ninguna agenda electoral relevante en ningún país del mundo, a pesar de ser uno de los fenómenos más predecibles y de mayor impacto de los próximos cincuenta años. No es que los datos falten — sobran. Es que las soluciones reales implican costos políticos inmediatos para beneficios que se materializarán en plazos que superan cualquier ciclo electoral. La pertinencia secuestrada opera aquí con una eficiencia devastadora.
Caso 3 — La inteligencia artificial: el mismo patrón, mayor velocidad
La irrupción masiva de la inteligencia artificial reproduce el mismo mecanismo con una velocidad sin precedente histórico. La pertinencia está siendo definida casi exclusivamente por la rentabilidad privada a corto plazo y por la competencia geopolítica entre potencias — exactamente los mismos criterios que definieron la pertinencia nuclear en 1945.
Las preguntas que quedan fuera de ese marco son las mismas de siempre: ¿qué empleos desaparecerán y quién asumirá el costo de esa transición? ¿Quién controla los sistemas que toman decisiones sobre millones de personas? ¿Cuáles son los costos ambientales del consumo energético de los centros de datos? Ninguna de esas preguntas es técnicamente difícil de formular. Todas son políticamente inconvenientes para quienes controlan el ritmo del despliegue. El patrón es idéntico al nuclear. La escala de las consecuencias potenciales, incomparablemente mayor.
Una propuesta concreta — y lo que la encíclica reclama
México lleva décadas perfeccionando este arte. Los sistemas de pensiones llevan años en deterioro matemáticamente documentado — se parcharon, se renombraron, se prometieron más generosas — y nunca se resolvió la pregunta que nadie quería hacer: ¿con qué dinero? Los programas sociales del actual y pasado gobierno se desplegaron como banderas morales sin que nadie pusiera sobre la mesa el problema de su fondeo de largo plazo. Se celebraron como conquistas históricas mientras se ignoraba que una transferencia sin fuente de financiamiento sostenible no es política social — es deuda disfrazada de justicia.
La confianza de los inversionistas se declaró restaurada cada sexenio con el mismo ritual: discursos de apertura, giras internacionales, cifras de atracción de capital — y el país seguía sin resolver los problemas estructurales que hacen del entorno de negocios mexicano un ejercicio de fe más que de cálculo. Y luego está lo que no se puede maquillar con ningún lema: la violencia.
El crimen organizado lleva veinte años dejando muertos, desplazados y territorios enteros fuera del alcance del Estado, y la respuesta política ha oscilado entre la guerra declarada que no ganó nadie y la paz negociada que tampoco llegó. Lo que nunca estuvo en la agenda real fue la pregunta de fondo: qué condiciones estructurales — económicas, institucionales, sociales — alimentan al crimen y cómo se desmantelan. Esa pregunta es cara, lenta y políticamente ingrata. Por eso no existe. Por eso siguen los muertos.
Restituir la pertinencia como criterio basado en evidencia y no en conveniencia política requiere primero hacer explícito lo que hoy es implícito: identificar quién define la agenda, con qué criterios, en beneficio de quién y con qué costos excluidos. Esa sola pregunta, formulada con consistencia y en público, cambia radicalmente la dinámica de cualquier proceso de decisión.
En términos prácticos, significa institucionalizar la auditoría de pertinencia: antes de adoptar cualquier solución a escala, documentar explícitamente qué problemas se consideraron y cuáles se descartaron, por qué, y quién asume la responsabilidad de los costos del descarte. Lo que se hace explícito puede ser debatido. Lo que permanece implícito se convierte en deuda para las generaciones siguientes.
La encíclica Magnifica Humanitas de León XIV cierra con una exigencia: que
los gobiernos deben dejar de tratar a la ciencia como un invitado decorativo y restituirle su papel en la definición de lo que es pertinente y relevante para el bien común. No como tecnocracia — que tiene sus propios problemas — sino como condición mínima para que las decisiones que afectan a millones de personas sean tomadas con información completa, honesta y orientada al largo plazo. El bien común no es una aspiración romántica. Es el único criterio de pertinencia que no caduca.
