Pese a las acciones del gobierno mexicano contra las principales organizaciones criminales, que han derivado en la captura o neutralización de importantes cabecillas, la presencia de grupos criminales mexicanos en operaciones vinculadas con el narcotráfico y la producción de drogas sintéticas en Centroamérica, Sudamérica y Europa fue documentada en el Informe 2025 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado en febrero; comunica MILENIO.
El organismo de Naciones Unidas, encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, documenta una tendencia clara: las redes criminales del país son cada vez más activas en esquemas internacionales de producción, distribución y tráfico de drogas.
Presencia en Centroamérica
En Centroamérica, la JIFE identifica de forma explícita a las dos organizaciones criminales más poderosas de México y señala que:
«Los retos que plantea el comercio de drogas se han seguido viendo exacerbados en Honduras debido a la implicación de organizaciones delictivas transnacionales, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya base de operaciones está en México; el Tren de Aragua, con base de operaciones en la República Bolivariana de Venezuela; y el Clan del Golfo, con base de operaciones en Colombia. Esos grupos han colaborado con bandas locales, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18″.
Por ejemplo, reportes periodísticos dieron a conocer el 23 de mayo que la muerte de cinco agentes de la División Antipandillas de Honduras durante un operativo en el norte de ese país abrió una nueva alerta sobre la influencia que organizaciones criminales mexicanas mantienen en Centroamérica.
Las autoridades hondureñas atribuyeron el ataque a una estructura de narcotráfico encabezada por el hondureño Heber Argueta, señalado por la policía por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Operaciones en Sudamérica
En Sudamérica, autoridades chilenas desmantelaron una organización criminal establecida desde México que buscaba desarrollar capacidades de producción en ese país.
Según la JIFE, «en noviembre de 2024, la Fiscalía Nacional de Chile publicó un informe sobre la delincuencia organizada en el país. En el informe, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, se indicaba que la presencia de ketamina, metanfetamina y MDMA había aumentado en los últimos diez años».
Chile notificó una incautación récord de 844 kilogramos de metanfetamina, junto con varios precursores, en enero de 2025. La incautación se realizó en el marco de una operación de desmantelamiento de una organización delictiva radicada en México que operaba en Chile, entre cuyos objetivos figuraba la instalación de un laboratorio de conversión a gran escala para producir metanfetamina cristalina en la región de O’Higgins.
Vínculos con redes europeas
Europa tampoco queda fuera del mapa, pues el documento describe investigaciones que revelaron vínculos entre grupos mexicanos y estructuras criminales europeas dedicadas a la producción de drogas sintéticas.
En este caso, el informe detalla que la fabricación de metanfetamina en Europa se ha seguido concentrando en Chequia y los Países Bajos, aunque ha habido indicios de proliferación geográfica. En junio de 2024, el primer laboratorio de fabricación de metanfetamina a gran escala descubierto en la región fue desmantelado en Francia.
«Las investigaciones pusieron de manifiesto la existencia de conexiones entre la red delictiva que fabricaba esa sustancia y el cártel de Sinaloa en México, así como grupos delictivos de Bélgica, España y Países Bajos».
En abril de 2025, se desmanteló en Bélgica otro laboratorio clandestino que, según las estimaciones, tenía capacidad para fabricar cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina al mes, y que llevaba en funcionamiento más de un año.
Producción de drogas sintéticas
Respecto al fentanilo, la JIFE recoge información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y establece una relación directa entre la producción de esta sustancia y las organizaciones criminales mexicanas.
El informe señala que, según la DEA, «el fentanilo disponible en los Estados Unidos es fabricado por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México. No obstante, el descubrimiento de una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá, en octubre de 2024, podría ser indicativo de que también se está desarrollando la capacidad para la fabricación de fentanilo en ese país».
Sin embargo, agrega que el volumen estimado de los flujos de fentanilo procedentes de Canadá es muy inferior al de los procedentes de México, pues «según los datos notificados hasta abril de 2025, en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos se habían incautado 22.7 kilogramos de fentanilo procedente de Canadá en 2024, frente a los 9 mil 354 kilogramos incautados en la frontera entre los Estados Unidos y México».
Y añade que, no obstante, «existe la posibilidad de que las operaciones de fabricación se amplíen para llenar los vacíos en la demanda que pudieran provocar las interrupciones en la fabricación y el tráfico de fentanilo procedente de México».
El informe también identifica otro componente clave del negocio: los precursores químicos. La JIFE advierte que la fabricación de fentanilo depende cada vez más del acceso a sustancias químicas especializadas capaces de ser transportadas mediante cadenas logísticas internacionales difíciles de rastrear.
Entre los casos documentados figura la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, precursor utilizado para producir fentanilo.
Según la Junta, «la incautación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona podría haber permitido fabricar entre 1.4 y 3.3 toneladas de fentanilo». La cantidad habría sido suficiente para generar cientos de millones de dosis potencialmente letales.
Acciones del gobierno mexicano
Frente a este escenario, México endureció su legislación, ya que el informe reporta que el país aprobó reformas dirigidas a fortalecer el sistema nacional de control de drogas y ampliar el alcance de las medidas penales relacionadas con sustancias sintéticas.
El organismo destaca la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución mexicana, en materia de prisión preventiva, mediante la cual se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para incluir la extorsión y los delitos previstos en las leyes aplicablescometidos para la ilegal introducción y desviación, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados, según lo dispuesto en el derecho penal y tributario.
Sin embargo, también observa que, «con anterioridad a la aprobación de esa reforma, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había expresado preocupación por la imposición automática de la prisión preventiva, afirmando que contravenía los principios de derechos humanos».
Asimismo, señala que en enero de 2025 se promulgó en México un decreto por el que se modificó la Constitución «con el fin de fortalecer la protección de la salud e imponer sanciones más rigurosas contra la fabricación, la distribución y la venta no autorizada de sustancias tóxicas y precursores, así como contra el uso del fentanilo y otras drogas sintéticas».
El consumo también aumenta
Más allá de la producción y el tráfico, la JIFE incorpora uno de los pocos indicadores de consumo específicos para México. El documento señala que «el gobierno de México notificó que el número de urgencias asociadas al consumo de cannabis había mostrado una tendencia al alza en los últimos diez años, de 935 personas en 2014 a mil 403 personas en 2024«, por lo que la cifra representa un incremento cercano a 50 por ciento durante la última década.
El propio gobierno mexicano ofreció una posible explicación para este comportamiento. Según el informe, «esa tendencia podría relacionarse con el aumento de la disponibilidad en el mercado de productos más potentes y con mayor concentración de THC». La observación introduce una dimensión sanitaria en una discusión que con frecuencia se concentra exclusivamente en seguridad y narcotráfico.
Un fenómeno cada vez más global
En conclusión, el informe establece que las organizaciones criminales asociadas con México ya no aparecen únicamente como estructuras dedicadas al tráfico transfronterizo de drogas. Naciones Unidas las ubica en redes internacionales que operan en varios continentes, participan en la producción de sustancias sintéticas, establecen alianzas con grupos extranjeros y aprovechan mercados cada vez más globalizados.
La JIFE describe un escenario en el que los grupos criminales mexicanos forman parte de una estructura transnacional que conecta laboratorios clandestinos, precursores químicos, rutas de tráfico y mercados de consumo distribuidos en distintas regiones del mundo. El informe concluye que la cooperación internacional seguirá siendo uno de los elementos centrales para enfrentar una amenaza que ya no reconoce fronteras.
Foto portada: MILENIO
