El gravamen ecológico que autoridades comenzaron a cobrar desde 2022 a las empresas que contaminan, tan sólo durante el primer trimestre de 2026 ha sido de 91 millones 563 mil 404 pesos.
Pese a la disputa entre pedreras y el Gobierno de Nuevo León, el Estado ha logrado recaudar una bolsa multimillonaria de recursos por concepto de impuesto ecológico; publicó MILENIO.
La administración estatal que encabeza Samuel García Sepúlveda ha captado seis mil 796 millones 793 mil pesos por el cobro de este gravamen durante los últimos cuatro años, incluyendo el último trimestre del 2026.
De acuerdo a la información que fue proporcionada por la Tesorería General del Estado -y sus respectivas cuentas públicas-, a petición de la plataforma MILENIO-Multimedios, hubo una recaudación por mil 951 millones 240 mil 475 pesos en 2025.
Mientras que el primer trimestre de 2026, los recursos captados ascendieron a 91 millones 563 mil 404 pesos.
En 2025, por contaminación en extracción de materiales pétreos, la Tesorería captó 620 millones 170 mil 321 pesos; por emisión de contaminantes a la atmósfera ascendió a 275 mil 365; por emisión de contaminantes en el agua, mil 330 millones 707 mil 922, y por la emisión de contaminantes en el subsuelo y/o suelo fue un monto por 86 mil 867 pesos.
Los impuestos verdes en Nuevo León entraron en vigor el 1 de enero de 2022, divididos en extracción de materiales pétreos, emisión de contaminantes a la atmósfera, contaminación del agua y contaminación del suelo y subsuelo.
En 2022, el Gobierno del Estado recaudó por este concepto un total de 916 millones de pesos, cifra que superó las estimaciones iniciales de la Tesorería estatal, que contemplaban un ingreso de 732 millones de pesos para ese primer ejercicio fiscal.
En 2023 se recibieron dos mil 034 millones, mientras que al cierre del 2024, Nuevo León recaudó mil 803 millones 988 mil 237 mil pesos por concepto del impuesto.
Desde hace cuatro años, las pedreras declararon la guerra al Gobierno del Estado, que encabeza García Sepúlveda, por la trama del llamado impuesto verde.
La batalla legal se detonó hace cuatro años con una lluvia de amparos por parte de nueve pedreras, Pemex e instituciones hospitalarias de Nuevo León para combatir el impuesto verde.
A partir del 2022, la inconformidad estalló por parte de las empresas de extracción de piedra caliza en Nuevo León que se prolongó hasta este año.
El pasado 6 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el gravamen que el Gobierno del Estado cobra por extracción, explotación y aprovechamiento de materiales pétreos.
El razonamiento de la Corte fue que dichas actividades están ligadas de manera directa a la explotación de recursos del subsuelo y la minería, cuya regulación corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
El responsable fue el amparo592/2025, promovido por una empresa dedicada a la producción, fabricación y comercialización de productos de yeso, según dio a conocer la SCJN.
Foto portada: Leonel Rocha / MILENIO
