Por Valeria Riaño // IAQuemada
Las crisis de infraestructura tienen una virtud incómoda: revelan con precisión dónde se encuentra el verdadero punto de falla. En García, y cada vez con mayor frecuencia en otros municipios del área metropolitana de Monterrey, el problema no comienza con el agua. Comienza con la electricidad.
Durante los últimos veranos, miles de familias han experimentado apagones prolongados, variaciones de voltaje y fallas recurrentes en el suministro eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado bajo responsabilidad del Gobierno federal, enfrenta una red de distribución que ha dejado de responder al crecimiento urbano y al incremento de la demanda provocado por las altas temperaturas. Transformadores saturados, infraestructura insuficiente y tiempos de respuesta prolongados se han convertido en una constante.
Las consecuencias trascienden la pérdida temporal de energía eléctrica. Electrodomésticos dañados, alimentos echados a perder, actividad económica interrumpida y comunidades enteras obligadas a protestar para obtener atención inmediata forman parte de una realidad que cada temporada estival vuelve a repetirse.
El municipio de García constituye el ejemplo más claro de esta dependencia estructural. Cuando la CFE registra una falla en su red de distribución, las estaciones de bombeo que abastecen al municipio deben suspender operaciones para proteger motores de alta potencia. El Sistema de Pozos Buenos Aires y el Acueducto Monterrey V requieren un suministro eléctrico estable para funcionar. Sin electricidad, el bombeo se detiene; sin bombeo, el agua deja de llegar.
La consecuencia es inmediata para miles de habitantes de al menos 22 colonias. Incluso cuando la energía eléctrica regresa en cuestión de horas, la recuperación del sistema hidráulico requiere entre doce y cuarenta y ocho horas para restablecer la presión necesaria y llenar nuevamente tanques y tuberías. El desabasto de agua no es el origen de la crisis: es el efecto de una falla previa en la red eléctrica federal.
Frente a esta vulnerabilidad, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha optado por fortalecer la resiliencia del sistema hidráulico mediante la ampliación del Acueducto Monterrey V, el reforzamiento de estaciones de bombeo y la construcción de nuevos tanques de almacenamiento. Son inversiones destinadas a disminuir el impacto de fallas cuya causa principal permanece fuera de su control operativo: la inestabilidad de la red eléctrica administrada por la CFE.
El origen del conflicto social tampoco admite demasiadas interpretaciones. Los bloqueos de vialidades y las manifestaciones vecinales no surgen por una disputa política espontánea, sino por el agotamiento de comunidades que enfrentan apagones recurrentes sin respuestas oportunas de la empresa responsable del suministro eléctrico.
En este contexto aparece una contradicción política difícil de ignorar. Diversos actores de Morena expresaron solidaridad con el alcalde de García durante el conflicto, pero esa solidaridad no tuvo el mismo destinatario cuando quienes padecían las consecuencias eran miles de ciudadanos afectados por la deficiente operación de una empresa pública federal.
La pregunta no es menor. Si la CFE depende del Gobierno de la República, ¿por qué la exigencia política no se dirigió con la misma intensidad hacia la institución responsable de los apagones? ¿Por qué el respaldo público se concentró en una autoridad municipal y no en las familias que llevaban días enfrentando pérdidas materiales, falta de electricidad y, posteriormente, interrupciones en el suministro de agua?
La observación formulada por Félix Arratia resume esa incongruencia. Mientras miles de familias padecen cortes de energía todos los días, sostiene que dirigentes de Morena como Tatiana Clouthier, Andrés Mijes y Waldo Fernández deberían concentrar sus esfuerzos en exigir que la CFE y el Gobierno federal solucionen de fondo la crisis eléctrica, antes que privilegiar la confrontación política anticipada.
La discusión no es partidista; es institucional. Una empresa pública que cobra con eficiencia también debe distribuir con eficiencia. Cuando el servicio eléctrico se convierte en el eslabón más débil de la cadena de servicios públicos metropolitanos, las afectaciones dejan de ser exclusivamente energéticas y terminan comprometiendo el abastecimiento de agua, la actividad económica y la calidad de vida de cientos de miles de personas.
El verdadero debate no debería centrarse en quién capitaliza políticamente una protesta, sino en quién asume la responsabilidad de corregir una infraestructura que, verano tras verano, demuestra que el problema no está en la llave de agua, sino en el interruptor que nunca debió apagarse.
