Por Martha Herrera
Monterrey, la ciudad que concentra el empleo, está expulsando a quienes lo sostienen.
No es una especulación: es el dato más duro de nuestra última década. Nuevo León creció 24 % en población entre 2010 y 2020, al pasar de 4.65 a 5.78 millones de habitantes, uno de los mayores crecimientos del país, mientras el municipio de Monterrey quedó prácticamente congelado: de 1.13 a 1.14 millones. El crecimiento se fue a García, Escobedo, Apodaca, Juárez y Pesquería. La gente no eligió irse lejos de su trabajo, de la escuela de sus hijos, del hospital: fue el precio del suelo el que eligió por ella.
Y aquí está la paradoja que da título a esta columna. Según el último censo, Nuevo León tiene 2.03 millones de viviendas particulares, sin embargo, cerca de 286 mil están deshabitadas. Mientras tanto, el precio de la vivienda en la zona metropolitana subió 9.3 % tan solo en 2025, entre los incrementos más altos de las grandes metrópolis del país. Tenemos casas sin gente y gente sin casa.
Detrás de las cifras hay personas. En las mesas de escucha sobre vivienda que hemos sostenido con vecinas, vecinos y especialistas, lo he oído de viva voz, como es el caso de Laura, una joven madre de familia que me dijo: «Martha, mi crédito solo alcanzó en Zuazua. Tengo casa propia, sí, pero vivo en el camión. Salgo a las cinco de la mañana a mi trabajo en Monterrey, regreso cuando mis hijos ya cenaron, sin tomar en cuenta los casi cien pesos diarios que gasto en los pasajes”.
He escuchado también el malestar de jóvenes con empleo formal que no alcanzan un crédito hipotecario. Profesionistas para quienes compartir departamento con “roomies “ ya no es una etapa, sino la única opción. Familias que trabajan únicamente para pagar la renta, sin posibilidad real de construir patrimonio. A todos ellos se les dijo que estudiar, trabajar y ahorrar era el camino para hacerse de una casa. Hoy esa meta parece un privilegio.
Porque el problema ya no se mide solo en metros cuadrados: se mide en tiempo y en oportunidades. Durante años se construyó vivienda sin preguntarse dónde —lejos del empleo, de las escuelas, del transporte— y el resultado ha sido traslados de horas, fraccionamientos abandonados y una calidad de vida deteriorada. La vivienda es mucho más que un patrimonio: es el punto de partida desde el cual una familia tiene acceso a empleo, educación, salud y tiempo de calidad. Cuando la vivienda falla, falla la ciudad entera.
Por eso sostengo una premisa básica: la vivienda es un derecho, no solamente un negocio. ONU-Hábitat lo dice con claridad: una vivienda adecuada no es solo un techo, sino seguridad jurídica, servicios, precio asequible y —sobre todo— buena ubicación. Esa debe ser la vara de cualquier política pública.
Y el municipio no es espectador de esta crisis: tiene las llaves. Desde el gobierno de la ciudad se decide el uso de suelo. Se puede densificar sobre los corredores donde ya existe transporte y empleo, en lugar de seguir empujando a la gente a la periferia. También se puede usar el predial como incentivo para que una casa deshabitada vuelva al mercado, en lugar de esperar plusvalía, se pueden regenerar barrios enteros del centro y del poniente que hoy se vacían, y se puede exigir que la vivienda social se construya donde hay ciudad, no donde sobra terreno. El reto ya no es construir más viviendas: es construir ciudad.
Esta es la conversación a la que convoco a quienes habitamos Monterrey, porque el éxito de una ciudad no se mide por la altura de sus edificios ni por el precio de su metro cuadrado, sino por la calidad de vida que pueden construir en ella sus habitantes.
Ni casa sin gente, ni gente sin casa.
