Por María Beasain / IAQuemada
Hay que reconocerle algo a la doctora Claudia Sheinbaum: posee una imaginación institucional que haría palidecer de envidia a cualquier burócrata soviético con aspiraciones poéticas. Mientras Francisco I. Madero pasó a la historia por soportar que medio país lo llamara loco, espiritista, enano e incapaz sin mandar a un regulador a revisar editoriales, la Cuarta Transformación ha descubierto una innovación democrática de proporciones cuánticas: proteger la libertad de expresión regulando cada vez más el ecosistema donde esa libertad se ejerce.
Es un prodigio dialéctico. Una especie de Schrödinger constitucional donde la prensa es completamente libre… siempre y cuando exista un órgano administrativo suficientemente ilustrado para explicar cuándo una noticia fue demasiado noticia, una opinión demasiado opinión o una cobertura insuficientemente contextualizada. ¡Qué maravilla!
Durante años escuchamos la cantaleta liberal de que “la prensa se regula con la prensa”. Era una frase que Andrés Manuel López Obrador repetía con la devoción de quien recita un salmo republicano atribuido a Sebastián Lerdo de Tejada. Luego vino la actualización teológica: ya no se regula con la prensa, sino con el pueblo. Y ahora descubrimos el tercer evangelio comunicacional: también con lineamientos, defensorías, comisiones regulatorias y procedimientos administrativos.
La evolución es fascinante. Primero era el mercado de las ideas. Después fue el tribunal de la opinión pública. Ahora aparece el catecismo burocrático de las audiencias. Todo sea por la libertad, naturalmente. Porque si algo ha demostrado la historia universal es que cuando un gobierno asegura que solamente quiere proteger los derechos de todos, conviene empezar a contar los formularios.
Lo verdaderamente extraordinario es la ironía histórica. Francisco I. Madero gobernó un país incendiado por conspiraciones, levantamientos militares, periódicos que pedían prácticamente su cabeza y caricaturas que lo convertían diariamente en el hazmerreír nacional. Lo llamaban demente, incapaz y farsante con una creatividad que haría sonrojar a cualquier usuario contemporáneo de redes sociales. ¿Su respuesta? No construyó un aparato administrativo para decidir si aquellas caricaturas cumplían estándares suficientes de pluralidad narrativa. No convocó consultas públicas para determinar el contexto adecuado de la sátira. No creó una Comisión Nacional de la Susceptibilidad Presidencial. Simplemente soportó la crítica. Demasiada, dirían algunos. Fatalmente, dirían otros. Pero la soportó.
Más de un siglo después, la izquierda gobernante —que gusta de presentarse como heredera de las mejores tradiciones democráticas del país— parece mucho más incómoda con la incertidumbre de la libertad que aquel empresario espiritista al que tantas veces caricaturizaron como ingenuo. Y aquí aparece el verdadero problema. No porque las audiencias carezcan de derechos. Los tienen y deben conservarlos. No porque sea ilegítimo exigir transparencia, distinguir publicidad de información o establecer códigos de ética. Todo eso forma parte de cualquier democracia razonable.
El problema comienza cuando el Estado desarrolla una irresistible vocación pedagógica para enseñarles a periodistas, concesionarios y ciudadanos cómo debe funcionar la conversación pública. La burocracia mexicana tiene una rara enfermedad genética: jamás conoce una facultad que no quiera ampliar. Hoy supervisa procedimientos. Mañana interpreta contextos. Pasado mañana explica pluralismos. Y cuando uno menos lo espera aparece un funcionario descubriendo que una opinión necesitaba dos adjetivos menos, tres fuentes más y una dosis adicional de sensibilidad republicana.
Resulta inevitable pensar en Madero. No porque fuera perfecto.
No porque su gobierno no cometiera errores monumentales. Sino porque comprendía algo elemental que los ingenieros sociales suelen olvidar: el gobernante jamás debería ser el arquitecto del espacio donde se discute su propio poder. Ese es precisamente el límite que separa a la democracia de la tentación paternalista.
La doctora Sheinbaum insiste en que no existe censura. Probablemente tenga razón en el sentido jurídico más estricto: nadie está prohibiendo previamente la publicación de periódicos ni clausurando redacciones. Pero la discusión seria nunca ha sido esa. La pregunta es otra. ¿Cuánto poder debe concentrar el Estado para decidir cómo se protege el debate público? Porque toda regulación comienza prometiendo equilibrio. Y casi todas terminan descubriendo nuevas razones para regular un poco más. Madero soportó que lo llamaran loco, farsante e incapaz sin fabricar una burocracia para “proteger” a las audiencias de los periódicos. En 2026, la libertad de expresión parece necesitar más reglamentos que libertad. El autoritarismo moderno ya no entra con bayonetas: llega con lineamientos. Madero entendió que una democracia fuerte soporta una prensa crítica. Claudia Sheinbaum parece convencida de que una democracia fuerte necesita una prensa cada vez más domesticada.
Foto portada: Inteligencia artificial (IA)
