Por Efrén Vázquez Esquivel
La regulación de las condiciones de la comunicación y de la libertad de expresión no es necesariamente censura; pero si la regulación permite al poder político determinar qué contenidos son verdaderos y cuáles no, puede convertirse en un mecanismo de censura. Este es el punto en el que se tiene que poner atención.
El derecho de las audiencias –entendido como el conjunto de normas que protegen a oyentes, televidentes y usuarios de los medios de comunicación, a fin de garantizar que reciban contenidos veraces, plurales y de calidad– no debe cancelarse. Pero no corresponde al poder político determinar quién tiene la verdad.
La otra opción es la doctrina de la anarquía, que postula la ausencia de la autoridad para que, en materia de libertad de expresión y el derecho de las audiencias, los individuos de las diferentes clases sociales establezcan el orden y el desarrollo democrático de la sociedad basado en la cooperación voluntaria.
Bien mirado, desde 1917 la historia de la libertad de expresión y del derecho a la información muestra una creciente protección de estos derechos, sobre todo en 2013 y 2014; pero, en los hechos, sobre todo durante los años de la hegemonía priista, ha sido la anarquía, mediante diversas formas, la que ha abierto camino a la censura. Veámoslo brevemente.
Censura previa. Es una forma directa de censura que aparece cuando el Estado o una autoridad revisa una expresión antes de que pueda hacerse pública. Bajo esta práctica se establece que ni el presidente, ni el Ejército, ni la religión pueden ser objeto de críticas y quien cruce esa línea enfrentará las consecuencias.
La censura directa, que existió en el siglo XIX con la Ley Lares, es la intervención explícita de una autoridad para censurar las formas de expresión y limitar el derecho a la información. Se manifiesta cuando el Estado impide, restringe o sanciona determinadas ideas, opiniones o contenidos antes o después de que sean difundidos.
En cambio, la censura indirecta busca producir el mismo efecto que la directa mediante presiones, amenazas, sanciones económicas, intimidaciones, premios y castigos.
