Por Martha Herrera
Todos los días, miles de regiomontanos hacemos el mismo cálculo antes de salir de casa: cuánto tráfico habrá y cuánto tardaré en llegar. Esa cuenta es el síntoma de una ciudad que ha crecido tan rápido que perdió la oportunidad de hacerlo con orden.
Que una ciudad crezca no es, en sí mismo, un problema. El problema viene cuando el crecimiento se lleva a cabo sin la planeación y dirección adecuadas. Monterrey ha sabido atraer talento, industria e inversión, y eso es una fortaleza a la que no debemos renunciar. El panorama se complica cuando ese crecimiento va más rápido que la capacidad de la ciudad para dotarlo de infraestructura, servicios y transporte.
Entre 1990 y 2020, la población metropolitana pasó de 2.7 a 5.34 millones de habitantes: casi se duplicó. A la vez, la mancha urbana creció de 363 a 1,029 kilómetros cuadrados, 2.8 veces más. La ciudad se expandió mucho más rápido de lo que creció su población, y la densidad cayó de 7,377 a 5,028 habitantes por kilómetro cuadrado.
Cada colonia nueva y distante conlleva calles, agua, drenaje y transporte que alguien debe pagar. Ese costo también se paga con tiempo. Según el Censo 2020, en Monterrey el traslado promedio al trabajo es de 33.7 minutos, y casi 1 de cada 10 personas tarda más de una hora. Además, vivir y trabajar en municipios distintos dispara todavía más esos trayectos. Ese tiempo perdido es tiempo que no pasamos con la familia, ni dedicamos a descansar, estudiar, hacer deporte o convivir.
La densidad no es el enemigo; el problema es dónde y cómo densificamos. Monterrey ya tiene zonas consolidadas, con infraestructura suficiente, que podrían aprovecharse mejor, mientras sigue expandiéndose hacia zonas sin capacidad para albergar más población. La densidad urbana de Monterrey ya está por debajo de la de Ciudad de México, Guadalajara y León. Por eso, la cuestión no es si limitamos la densidad, sino sobre dónde conviene incrementarla y qué infraestructura debe anticiparse.
Y aquí está el corazón del asunto: las factibilidades. La normatividad ya exige factibilidades de agua, drenaje y energía eléctrica para autorizar un desarrollo. Pero durante años se han autorizado proyectos sabiendo que la capacidad certificada en el papel no corresponde con la capacidad real de las redes. Los regiomontanos ya sabemos cómo termina esa historia: la vivimos en 2022, cuando abrimos la llave y no salió agua. Aquella crisis tuvo causas climáticas, sí, pero también fue el resultado de décadas de autorizar crecimiento sin preguntarnos si la infraestructura lo aguantaba. Una ciudad responsable no puede aprobar un proyecto, reconocer que la infraestructura es insuficiente y dejar que alguien más resuelva el problema después.
Por eso el principio que propongo es simple: primero infraestructura, después desarrollo urbano. Que cada factibilidad sea una realidad verificable y no un trámite de papel. Que antes de autorizar, la autoridad compruebe, con la información que los gobiernos ya tienen, qué puede soportar cada zona.
De ese principio se desprende lo demás: densificar donde ya existen transporte y servicios, vincular la vivienda con el empleo, y coordinar de manera efectiva a los municipios como condición para una gobernanza metropolitana real.
Monterrey tiene derecho a seguir creciendo. Pero quienes vivimos aquí también tenemos derecho a una ciudad que funcione: agua con presión, drenaje que aguante las lluvias, electricidad confiable, así como transporte y vialidades que permitan reducir las horas perdidas en el tránsito diario.
El debate sobre nuestro desarrollo urbano no debería reducirse a más o menos trámites, sino a permisos mejor diseñados, decisiones mejor informadas y una ciudad que haga cumplir sus propias reglas. Monterrey no tiene que dejar de crecer. Tiene que aprender, por fin, a crecer con orden y con responsabilidad.
