Por Valeria Riaño // IAQuemada
Las encuestas se han convertido en una de las principales herramientas de Morena para seleccionar candidaturas. El método promete sustituir las negociaciones opacas por una medición de preferencias ciudadanas. Sin embargo, entre la cifra y la decisión persiste una pregunta central: ¿quién controla el procedimiento y bajo qué reglas?
La encuesta puede aportar información relevante, pero no es, por sí misma, garantía de democracia interna. Su legitimidad depende de cómo se diseña, quién la aplica, qué preguntas formula, cómo se procesan los resultados y, sobre todo, si sus conclusiones se respetan. Sin transparencia verificable, la metodología corre el riesgo de convertirse en una forma tecnocrática de justificar decisiones tomadas en otra parte.
La sucesión presidencial de 2023 mostró esa tensión. Las llamadas “corcholatas” recorrieron el país bajo un mecanismo que pretendía definir, mediante encuestas, quién encabezaría la candidatura de Morena. Claudia Sheinbaum resultó vencedora y Marcelo Ebrard cuestionó el proceso, denunciando irregularidades. Más allá de las posiciones de cada aspirante, el episodio dejó una interrogante institucional: ¿basta con anunciar un resultado para acreditar la imparcialidad del procedimiento, o también deben hacerse públicas sus reglas, controles y mecanismos de revisión?
El caso de la Ciudad de México fue todavía más explícito. Omar García Harfuch obtuvo el mayor respaldo en la encuesta interna, pero Morena terminó designando a Clara Brugada, en aplicación de la regla de paridad de género. La decisión no demuestra, por sí misma, que la encuesta estuviera manipulada: la paridad es una obligación legítima que puede incidir en la distribución de candidaturas. Sí evidencia, en cambio, que el resultado de una medición no opera en el vacío. Está sujeto a reglas políticas y jurídicas que deben explicarse con claridad desde el inicio.
La transparencia, por tanto, no consiste en divulgar únicamente quién ganó. Exige informar qué se preguntó, cómo se ponderaron las respuestas, qué criterios adicionales podían modificar la asignación y de qué manera se aplicaron. Si esas condiciones se conocen después de levantada la encuesta, la incertidumbre se convierte en sospecha; si se establecen antes y se cumplen, pueden dar legitimidad a una decisión compleja.
El antecedente de Sinaloa en 2021, asociado a declaraciones atribuidas a Rubén Rocha Moya sobre la intervención de Andrés Manuel López Obrador en su selección, también plantea dudas sobre la autonomía del método. Una declaración debe leerse en su contexto y no equivale, por sí sola, a una comprobación independiente. Pero la pregunta de fondo permanece: ¿qué margen conserva la encuesta cuando el liderazgo político participa en la definición?
Morena ha obtenido triunfos electorales que confirman su capacidad de movilización y su arraigo entre amplios sectores. Sin embargo, ganar en las urnas no resuelve la discusión sobre la calidad democrática de sus mecanismos internos. El éxito electoral y la integridad de los procesos de selección son asuntos relacionados, no equivalentes.
El desafío no es abandonar las encuestas, sino impedir que se conviertan en una caja negra revestida de rigor técnico. Publicar metodología, criterios, resultados y reglas de aplicación fortalecería la confianza; reservarlos al ámbito de la dirigencia alimenta la sospecha de que la consulta mide, pero el poder decide.
La encuesta puede medir preferencias. La democracia comienza cuando el poder acepta que no puede disponer de ellas a conveniencia.
